"La ONG del catalán insta a los gobiernos catalán, valenciano y balear a tomar de manera inmediata todas las medidas efectivas y necesarias para garantizar la competencia en lengua catalana de todo el alumnado y, por tanto, un refuerzo profundizado y renovador del programa de inmersión lingüística, que incluya ámbitos educativos como el patio, el comedor y las actividades extraescolares".
Así de contundente se pronunció Plataforma per la Llengua la semana pasada nada más conocerse la aprobación de la ley Celaá en el Congreso. En un comunicado, la subvencionada entidad además alardeaba de que "la nueva ley educativa estatal incorpora la enmienda propuesta por la Plataforma per la Llengua que elimina la vehicularidad del castellano".
La posición de la organización ultra apunta a dos conclusiones incuestionables: el nacionalismo es insaciable y cada vez está más envalentonado.
Y no son los únicos elementos que nos llevan a esa evaluación. EH Bildu, tras flirtear con el Gobierno, presume de que va a Madrid a “tumbar definitivamente el régimen” (esto es, destruir nuestro sistema de libertades e igualdad); la expresidenta del Parlament Carme Forcadell (ERC) --condenada por sedición-- les aplaude; el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ya no se esconde y obedece abiertamente la estrategia de JxCat para aplazar las elecciones autonómicas del 14F (las encuestas dicen que es mejor para ellos ganar tiempo); los independentistas montan un show en el Parlament por la imposible comparecencia de Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Salvador Illa (en otro ejercicio de victimismo sin límites); Laura Borràs y Josep Costa --peones de Puigdemont-- hacen un llamamiento a “ensanchar la grieta” con el resto de España; linchan a Colau en las redes sociales --en una jauría promovida por gurús independentistas-- por usar el español en un vídeo difundido en Twitter; tertulianos de TV3 recuperan impunemente el “puta España” y llaman a “quemar” Hacienda; el nuevo rector de la UAB, Javier Lafuente, minimiza los ataques y hostigamientos a universitarios constitucionalistas, ¡y hasta Jordi Pujol se atreve a reaparecer para reivindicar su legado e impartir lecciones morales!
En los momentos más intensos del procés, en otoño de 2017, eran habituales las reflexiones de influyentes analistas de todo el arco constitucionalista que se preguntaban cómo se había llegado a aquella rebelión generalizada. Y la conclusión más frecuente era que, una vez capeada la tormenta, había que afrontar sin complejos el problema del nacionalismo para evitar que un alzamiento similar contra el Estado de derecho pudiese repetirse.
Sin embargo, parece que no hemos aprendido nada de lo ocurrido.
Como un gas, el nacionalismo tiende a ocupar cualquier espacio que se deje libre. Y esa parece ser, de nuevo, la estrategia que nuestros gobernantes han retomado: recular frente a los intolerantes renunciando a plantarles cara.
En vez de poner límites a los extremistas, se les entrega más sitio en la escuela para que campen a sus anchas imponiendo sus proyectos excluyentes; en vez de dejarles claro que los golpes contra el Estado tienen consecuencias, se abarata el precio de su insurrección cocinando lentamente los indultos, preparando una reforma del delito de sedición y evitando recurrir la absolución de actores nucleares del procés como el mayor Trapero; en vez de marcar distancias con Junqueras --el copiloto del intento de secesión unilateral e ilegal, por el que cumple condena de cárcel--, se negocian los presupuestos del país con el partido que preside...
Dentro de unos años, cuando lo vuelvan a hacer, que nadie se eche las manos a la cabeza. Que nadie se sorprenda hipócritamente. Las cesiones que el constitucionalismo concede hoy a los radicales son las armas con las que el nacionalismo mañana se revolverá contra todos nosotros.
