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Politización carcelaria

María Jesús Cañizares
5 min

En un mundo ideal, que no es precisamente esa república catalana prometida, las instituciones deberían estar blindadas de cualquier injerencia política. Y sobre todo, de los partidos que dan apoyo a los gobiernos. La reflexión puede resultar ingenua, pero conviene recordarla, tras siete años de propaganda secesionista sufragada por la Generalitat. Es decir, con el dinero de todos los catalanes. El mismo que paga esos cargos institucionales que, demasiado a menudo, tienen miedo de morder la mano que les da de comer o sufren una especie de síndrome de Estocolmo ideológico. Un ejemplo de ello es el Síndic de Greuges, el otrora ecosocialista Rafael Ribó, don erre que erre en esas lides de tapar las vergüenzas de quien le paga, culpando a los pacientes que no son catalanes de las listas de espera. No vaya a ser que, como dijo el independentista Eduard Pujol, el tema sanitario nos distraiga de lo importante. El colectivo médico le ha dado un repaso a Ribó, pero ya son muchas las meteduras de pata de quien nunca acaba de retirarse debido al bloqueo político.

Pedir rigor y neutralidad a quien ejerce un puesto de confianza no es utópico. Al frente del área de comunicación de las consejerías del Gobierno catalán ha habido y hay excelentes profesionales cuya ideología, conocida en el mundillo periodístico, no les ha impedido ejercer su función de forma excelente. Desgraciadamente, algunos de ellos han sufrido represalias por ello.

Puede que airear las miserias mediáticas del Govern suene demasiado corporativo, pero no lo es si se tiene en cuenta que vetar, censurar o manipular la información pública afecta a los derechos de todos los catalanes, quienes, insistimos, son los que pagan ese servicio con sus impuestos. El penúltimo episodio de politización institucional tiene que ver con los presos independentistas y su clasificación penitenciaria. Como se sabe, las cárceles catalanas dependen de la Consejería de Justicia, en manos de ERC. Eso suscita muchos recelos, pero ahora no se trata de cuestionar a los profesionales que deben decidir si los exconsejeros y activistas independentistas condenados por el procés acceden a un régimen de semilibertad.

El problema surge cuando Junts per Catalunya (JxCat) utiliza el rechazo a la concesión del tercer grado a los reclusos para arremeter contra sus socios de Govern. A esas diatribas se ha sumado el dircom de la Consejería de Interior, Joan Maria Piqué, quien en foros convergentes critica a los republicanos por esa clasificación. Tampoco es de recibo que, a un encuentro con periodistas en la sede de ERC para explicar la estrategia de defensa de los presos, asista el jefe de la Oficina de Comunicación del departamento de Justicia, Oriol Burgada. ¿Una anécdota? Todo lo contrario. Su presencia, muy comentada entre los periodistas, era innecesaria y contribuye a hacer todavía más difusa esa línea que separa las instituciones, que representan a todos, y las actividades de un partido político.

No ser escrupuloso en esa distinción implicaría, por ejemplo, que un departamento dirigido por neoconvergentes hiciera publicidad de un mitin de campaña del partido al que pertenecen. A lo mejor ya ha ocurrido, pero con tanto ruido político y mediático, vete tú a saber. Por ello es importante liberar los edificios de la Generalitat de símbolos independentistas. Porque son de partido y no representan a todos. De ahí la polémica del lazo amarillo, por la que fue juzgado el presidente Quim Torra y que, curiosamente, ayer se sacó de la solapa el secretario general de Prisiones, Armand Calderó, en una rueda de prensa de la que solo se había informado oficialmente a unos pocos medios.

Es feo, muy feo, no disimular esas vinculaciones entre la cosa pública y la cosa partidista. Igualmente lo son las convocatorias de prensa restringidas, esto es, vetar a determinados medios de comunicación por motivos indeterminados, pero que generalmente tienen una línea editorial diferente a la consejería que organiza ese encuentro. Si nos llevamos las manos a la cabeza cuando Vox veta a periodistas que no considera afines ¿cómo no vamos a escandalizarnos cuando un Gobierno los excluye?

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¿Quién es... María Jesús Cañizares?
María Jesús Cañizares

Periodista. Es subdirectora de Política de Crónica Global. Es licenciada en Ciencias de la Información por la UAB y ha cursado estudios de Derecho. A lo largo de su carrera se ha especializado en información política y del ámbito judicial.