La segunda oleada de la pandemia de coronavirus en España ha impactado ahora de forma destacada en Madrid. Los territorios con frutales fueron los primeros en sufrir los efectos de los rebrotes en verano y sus correspondientes gobiernos autonómicos decretaron entonces, con más o menos ganas (Cataluña se resistió a tomar medidas drásticas en el Segrià), nuevos confinamientos y restricciones de movilidad. Esta es la fórmula, nada mágica, que se ha aplicado desde entonces para lidiar con los rebrotes en las zonas del país en las que las tasas de contagio se han disparado. Con mayor o menor diligencia de las respectivas administraciones.
Señalar culpables es absurdo. Desde hace meses se es consciente de que el Covid-19 se ceba con los hogares más pobres, donde convive más gente en menos metros cuadrados y tiene más necesidad de hacer vida en la calle. Además de otros problemas añadidos a la precariedad --como la economía sumergida que imposibilita dejar de ir a trabajar si se desarrollan síntomas por la extrema necesidad de obtener ingresos--.
Tampoco tiene sentido hacer aspavientos contra los comportamientos incorrectos. Soy partidaria de que si se entra en un café y el de la barra lleva la mascarilla bajada (a mí me ha pasado), se puede salir del local o sugerir a la persona que debería llevarla en todo momento y, de pasada, pedirle que se lave las manos. Si se opta por esta alternativa, en la mayoría de los casos la respuesta es positiva. Con todo, dejar el establecimiento siempre es una opción. Ejercer de policía de balcón me resulta tan inútil como cansado.
En Madrid la cosa se ha salido de madre. ¿Son los madrileños seres imprudentes en masa? ¿Hay allí mayor densidad de familias que viven en situación de precariedad? No se deben esconder ciertos efectos demográficos unidos al efecto-capital que explicarían la situación actual. Pero el problema de Madrid es político.
Político porque los servicios sanitarios no se han recuperado de los tijeretazos de la crisis. En la primera oleada de coronavirus la enorme responsabilidad y voluntariedad de todo el personal propició la respuesta que se necesitaba, pero incluso los superhéroes se hartan de ejercer si no sienten que se les respalda. Este ha sido uno de los fallos mayúsculos del Gobierno de la comunidad que gobierna Isabel Díaz Ayuso junto a Ciudadanos.
En los meses de tregua relativa de la pandemia no han sido capaces de articular una respuesta efectiva. No han sido los únicos, por supuesto, pero sí son responsables directos de una actitud pueril de negar la realidad. Minimizar el caos es la estrategia preferida de la clase política del país para asumir un marrón. Pero este, precisamente, no es de los que se pueda controlar con cuatro titulares amables y dos declaraciones de empresarios amigos. El coronavirus no es ninguna broma.
El PP erigió a Díaz Ayuso como el contrapoder al Gobierno de Pedro Sánchez. No le ha sido demasiado fructífero. Es más, ha caído de cuatro patas en la trampa aparente del líder socialista, un experto en detectar oportunidades y saber nadar a contracorriente.
Los últimos bandazos de la líder popular han propiciado que la opinión pública reclame de forma cada vez más mayoritaria que sea el ministerio de Salvador Illa el que asuma el control de la comunidad para que esta no colapse del todo. Si eso ocurre, dejará al partido conservador y a sus socios liberales en una posición más que delicada. Tras meses cargando contra los socialistas y Podemos por no saber gestionar una crisis sanitaria mayúscula, se llega al escenario de que cada vez más voces reclamen algún tipo de 155 sanitario en Madrid. O, lo que es lo mismo, una enmienda a la totalidad de su gestión.
Sánchez incluso podrá decir que tendió la mano a Ayuso y que pactó la tregua, con rueda de prensa entre muchas banderas incluida. Pero la popular y su negativa a aplicar medidas más drásticas en la comunidad (es decir, cerrarla y rebajar al mínimo la actividad) abonan la tesis de que falla en la gestión. Las cifras de infectados la respaldan de forma diaria y la renuncia este sábado de Emilio Bouza como portavoz del grupo de coordinación que pactaron los dos gobiernos tras 48 horas en el cargo da la puntilla al Ejecutivo de PP y Cs.
Esta ventana de oportunidad ha sido aprovechada por Sánchez, quien ha anunciado por lo bajini que se empiezan a tramitar las peticiones de indulto a los presos del procés que les han legado y que activa la reforma del delito de sedición.
No se producirá la amnistía que exigen los independentistas, pero algunos lo tienen todo de cara para dejar la cárcel. Y es que la ley no reclama en ningún momento que se entone el mea culpa alto y claro o una disculpa tipo emérito. Solo pide que el comportamiento y los actos del reo demuestren arrepentimiento y que no volverá a incumplir la ley. Y son varios los líderes del secesionismo que cumplirían esta premisa.
Pero, ¿a quién le importa el procés cuando se habla de salvar vidas en Madrid? La única incógnita en toda esta ecuación es saber qué habría pasado en la capital de haber actuado antes. Y no es una cuestión menor. Madrid, el espejo de la política en nuestro país.
