La pandemia del coronavirus nos ha llevado al límite. Al de la resistencia de unos servicios sanitarios públicos que aún no se habían recuperado de los recortes de la anterior crisis y que ahora se intentan reforzar a marchas forzadas. Aunque la segunda ola estaba anunciada, no se preveía una expansión tan rápida como la actual. Y se empieza a asumir que llegará una tercera y una cuarta y que no se espera en el corto plazo ni la vacuna ni el ansiado tratamiento que minimice el virus.
Más allá de la tensión hospitalaria que marca el camino a los gobiernos para aplicar nuevas restricciones, ya que lo más importante es disponer de camas, respiradores y personal para atender a los enfermos que lo requieran, la pandemia también ha llevado al límite a muchas personas anónimas. Hay muchas Irenes, Juan Carlos, Natalias o Joseps que han visto como el coronvirus se ha llevado por delante proyectos básicos tan vitales como sus negocios.
Las nuevas medidas restrictivas de la movilidad buscan frenar el incremento de contagios para evitar la situación de marzo. Eso debe ser la prioridad, discutirlo es absurdo. Pero es igual de obligatorio dar una respuesta a todas aquellas personas que la única salida que les queda es preparar un concurso de acreedores o una liquidación lo más ordenada posible.
Hasta ahora, la respuesta desde el sector público ha sido promover créditos en condiciones favorables. Un parche que funcionó en marzo, pero en el escenario actual en el que ni siquiera se puede fijar una fecha exacta de cuándo decaerá el cerrojazo, endeudarse más no es una opción. No está sobre la mesa para esos empresarios que ni siquiera pueden pagar el alquiler de sus locales después de que se les aplicara la rebaja del 50% de su renta original.
Pasar de nuevo la pelota a las entidades financieras para que pacten quitas en los tribunales es irresponsable. Tanto, como fiar únicamente la recuperación a la llegada de fondos europeos. La lluvia de millones de Bruselas llegará, pero no será un maná para pymes y micropymes. Se financiarán y fiscalizarán proyectos específicos, y, de nuevo, este perfil empresarial es el que tiene más problemas para cumplir con unos requisitos de acceso. Fijarlos es obligatorio para que no se distraigan ayudas al coronavirus en ninguno de los territorios comunitarios.
Aligerar la burocracia, promover que se definan proyectos en red con otras mercantiles con las que se pueden generar sinergias (incluso grandes corporaciones) y evitar repetir escándalos del pasado en que no se han usado los fondos comunitarios por falta de diligencia de la Administración debería estar al mismo nivel de prioridad que los fichajes de personal sanitario.
Perdernos en luchas sobre qué gobierno decide cómo se reparten los fondos o promover barreras de acceso absurdas como las lingüísticas, tal y como se ha denunciado, debería pasar factura. La mortalidad empresarial va unida a dramas familiares. Ha llegado el momento de aparcar politiqueos y demostrar hasta dónde puede llegar la concertación y el diálogo social. En la alternativa, perdemos todos.
