La ley mordaza de la Guardia Urbana

maria jesus canizares loop bw6
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Corren malos tiempos para el periodismo. De hecho, hace años que cubrir informaciones de sucesos se ha convertido en una cruzada contra profesionales que conservan las esencias de ese cuarto poder, cada vez más denostado. Escribir sobre la actividad policial, dedicarse a la crónica negra, es periodismo de calle. El verdadero. El real. El que pone en tela de juicio las versiones oficiales y va más allá de los comunicados escritos a la medida de algunos y en interés de unos pocos.

Desengáñense: el periodismo de investigación no existe. Es la información de sucesos, la que indaga en esos bajos fondos que nadie quiere ver, pero que tanto interesan, la más aproximada a ese género. La que exige bajar al barro, empatizar con las víctimas y contactar con los criminales. La mejor escuela de reporteros, en definitiva. ¿A quién le agrada moverse en esos ámbitos, a quién le gusta visitar esos patios traseros? A casi nadie. Sin embargo, la información de sucesos es y seguirá siendo la más leída.

Pero hay enemigos de ese periodismo bien hecho, el que se cocina a fuego lento. A determinadas instituciones no les interesa que los periodistas metan la nariz en una realidad que los poderosos intentan manipular. La nota interna que el jefe de la Guardia Urbana, Pedro Velázquez, ha enviado a sus agentes para amenazarles con sanciones si hablan con medios de comunicación, es el ejemplo más reciente de ese intento de controlar determinados relatos.

Aunque también, y ahí va el aspecto positivo de todo esto, es la demostración de que el periodismo todavía ejerce de cuarto poder. Pero hay que preservarlo. Aún representa una amenaza para quienes ejercen la autoridad --nunca mejor dicho-- y son capaces de cargarse con leyes (instrucciones) mordaza algo sagrado en todo Estado de derecho: la separación de poderes.

Se acercan elecciones municipales y la seguridad va a ser uno de los temas fundamentales en la campaña. Silenciar a los agentes de la Guardia Urbana de Barcelona es toda una declaración de principios. Y esta es, que todo lo que tenga que ver con la delincuencia, la inseguridad, la violencia callejera o el incivismo va a ser filtrado interesadamente por los canales oficiales de comunicación.

Lo curioso, por no decir hipócrita, es que esas instrucciones se han dado en un gobierno municipal que presume de transparencia. La llegada de Albert Batlle al ayuntamiento para asumir ese negociado como teniente de alcalde de seguridad supuso un punto de inflexión en la gestión de los comunes, enemigos de convertir la ciudad en "un Estado policial". Batlle fue bien recibido por un cuerpo policial, lastrado por al falta de recursos personales y materiales. A esas carencias se añade ahora la presión de sus mandos, que les prohíben hablar con periodistas.

Que a estas alturas se quiera ignorar que esta profesión también es un servicio público al que le sobran trabas y le faltan facilidades por parte de las administraciones, resulta muy, pero que muy preocupante. La orden del jefe de la Guardia Urbana plantea es, en definitiva, inquietante. ¿Qué se considera filtración? ¿Acaso los sindicatos policiales no pueden hablar con la prensa? ¿Está cuestionando Velázquez la profesionalidad de sus agentes?

Las tertulias bizarras --modus vivendi de muchos periodistas que perdieron el trabajo en la crisis económica de 2008--, las redes sociales --útiles como medio de información, pero también de desinformación-- y la proliferación de gabinetes de prensa ideologizados --que solo sirven a medios afines con filtraciones y off the record selectivos-- han empañado la imagen de una profesión tan apasionada como complicada, demasiado expuesta a los intereses políticos. Si usted, lector, cree que estos comentarios son demasiado corporativistas, sugiero que se haga esta pregunta: ¿Puede una sociedad libre y plural vivir sin medios de comunicación?

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¿Quién es... María Jesús Cañizares?
sin fondo cañi

Periodista. Es subdirectora de Política de Crónica Global. Es licenciada en Ciencias de la Información por la UAB y ha cursado estudios de Derecho. A lo largo de su carrera se ha especializado en información política y del ámbito judicial.