Hubo un tiempo en que quienes buscábamos información nos creíamos más listos que el resto. Sucedió con el sector bancario y luego pasó también con las telecomunicaciones. Nos negábamos a ser los más tontos y a dar de comer gratis a los antiguos monopolios y a las empresas nacidas de las privatizaciones cuando vimos que algunas otras eran más competitivas y agresivas con sus ofertas.

Cambiamos nuestro teléfono doméstico del antiguo operador dominante a otro liberalizado y abrimos cuentas corrientes en la banca por internet o equivalentes.

Han pasado los años y la experiencias son manifiestamente mejorables. El lunes noche recibí en mi domicilio una llamada de una empresa de recobro de deudas que en nombre de Jazztel me reclamaba unos 30 euros porque hace unos meses decidí dejar al operador y trasladarme a otro que me daba un servicio de fibra óptica y de televisión que ellos no podía proporcionarme.

Llamé y pedí la cancelación de mi relación contractual. Me dieron la conformidad después de un largo interrogatorio y de varias llamadas que intentaron hacerme cambiar de opinión. Les insistí en que no era un capricho, era más sencillo: su empresa no tenía en mi domicilio el servicio que necesitaba en aquel momento. Me pidieron esperar 12 meses y le dije que no deseaba aguardar tanto tiempo. Una de mis últimas preguntas al operador que me tocó en suerte fue clara: “¿Está todo correcto, pues?”. Me dijo que sí y allí acabo mi relación contractual con Jazztel.

La empresa de recobro de deudas, en nombre de la firma de telefonía, me pedía que abonara los 30 euros de marras. Tras intentar explicar que no tenía constancia de tener esa deuda, el interlocutor me vino a decir que no entendía de qué iba la cosa y que acabaría pagando.

El martes a primera hora volvió a sonar el teléfono. Se trataba de otra empresa de recobro de morosos que pedía poco más de 20 euros por un contrato que un familiar tuvo con Vodafone. Durante largos meses pagamos un servicio que jamás se utilizó hasta que un día examinando la contabilidad familiar advertimos que disponíamos de un número de móvil que por razones que no vienen a cuento había dejado de usarse. Pasaron unos meses y un servidor, titular de la línea, llamó al servicio de atención al cliente de Vodafone para dar de baja el servicio. La cosa fue similar a la del caso anterior que les explico: deseo cancelar ese número de móvil y, en consecuencia, todos los servicios que tiene asociados. “¿Está todo correcto, pues?”. Por supuesto, me manifestó el interlocutor, que fue algo menos pesado que con la compañía anterior. Se pagaron los servicios que nos indicó por domiciliación bancaria y nos olvidamos del asunto.

Tras las dos llamadas recibidas uno tiene la sospecha de que hay gato encerrado. Es más, algunos listos del negocio de recobro hacen el agosto con la letra menuda de los contratos, de los que una de las partes no informa o se hacen los muertos. Es obvio que sin la colaboración necesaria de las operadoras telefónicas eso no sería posible, pero también que la legislación (a pesar de los últimos cambios) sigue resultando contraria al usuario y favorable a los gigantes empresariales.

No se trata de abonar los 50 euros de marras, sino de constatar lo fácil que resulta darse de alta de un servicio vía telefónica y lo complejo, por no decir imposible, que es desistir del mismo.

En todo caso, y a la vista de su comportamiento mísero, tanto Jazztel como Vodafone han quedado fuera del perímetro de empresas con las que jamás haga negocio. Se lo han buscado a pulso, por trileras.