Han pasado ya más de cuatro meses y nadie mueve un dedo para echar de la Meridiana al grupúsculo radical independentista que corta una de las principales vías de Barcelona cada noche desde que el Tribunal Supremo dictó sentencia contra los líderes del procés. Matizo: en este tiempo, los agentes de los Mossos d’Esquadra han desalojado la manifestación un par de veces. Nada más, no vaya a enfadarse el poble de Catalunya.
La impunidad es total. Al menos durante los dos primeros meses las concentraciones eran ilegales, ya que nadie comunicó los cortes a las autoridades. Los vecinos, cabreados; los comercios, perdiendo dinero; y los trabajadores que entran y salen de la ciudad, hartos de estos radicales. Nada ha cambiado en este tiempo. Vuelvo a matizar: ahora sí parece que los radicales informan de sus pataletas o, al menos, el Departamento de Interior, con Miquel Buch al mando, se da por enterado después de 130 noches.
El Ayuntamiento de Barcelona tardó unos dos meses en despertar, hasta que la Guardia Urbana comenzó a realizar informes sobre lo que ocurre en Fabra i Puig y, en las últimas fechas, a informar a Interior de los peligros de que estos cortes se prolonguen mucho más. Unos informes que constatan lo que está claro: los meridianos son uno o dos centenares según el día y cada vez están más radicalizados. Al margen de sardanas, ron cremat, paellas y recibimientos a Lluís Llach, los manifestantes también ejercen la violencia física si lo consideran o si detectan a algún peatón contrario a sus ideas.
La Guardia Urbana lo sabe. Asume que “puede estallar un conflicto entre los propios ciudadanos”. Amagos los ha habido: un motorista apaleado en su intento de cruzar la concentración; un autobusero señalado por el mismo motivo; un periodista intrépido amenazado y golpeado por encapuchados por acercarse a tomar imágenes y denunciar la impunidad de los radicales; y otros casos en los que estos mismos personajes ocultos bajo gorros y pasamontañas han seguido, grabado e insultado a quienes, en el derecho de la libertad de expresión, les han dicho que se marchasen (en otras palabras).
Así las cosas, parece que algo sí se ha movido en estos cuatro meses. La Guardia Urbana ha pasado la nota a Interior. Sin embargo, el conseller Buch toca el violín. “No podemos poner ninguna objeción” a los cortes, dice. Defiende que el “derecho de reunión y manifestación” los recoge la Constitución (que para estos casos sí que vale), y añade que para que los mossos intervengan debe haber riesgo a personas o bienes. Lo de quemar la bandera de España es una anecdotilla. Queda claro que no se ha paseado ni una sola noche por allí, y tampoco ha leído los textos policiales.
El tiempo pasa, y estos concentrados se enquistan en la Meridiana: son personas mayores sin inquietudes ni intenciones de ofrecer ya nada a la sociedad, que ven en estas reuniones la manera de socializar; individuos que no encuentran su sitio en el sistema; y otros representantes de difícil categorización. Son los independentistas marginados. Son los intocables. ¿Será por ello que nadie se atreve a acercarse para invitarles a marcharse? Nada que matizar.
