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El inexplicable suicidio del PP en Cataluña

Alejandro Tercero
6 min

La mayoría de las encuestas apuntan un desplome del PP en intención de voto, mientras Cs se dispara a su costa. Son muchos los factores que influyen en esta tendencia, pero buena parte de los analistas políticos coinciden en señalar como uno de los más importantes la forma en la que el Gobierno popular ha afrontado la crisis del procés.

La aplicación del artículo 155 de la Constitución ha sido tardía, breve --está previsto que decaiga en cuanto se forme Govern-- y superficial. Cada día que pasa se demuestra que lo prudente era haber intervenido la administración autonómica mucho antes, durante mucho más tiempo y con mucha mayor intensidad de lo que finalmente se ha hecho.

Aunque es cierto que es fácil plantear las cosas a posteriori, no le falta razón al expresidente del Gobierno Felipe González cuando considera que el 155 debió activarse en 2014, en el momento en el que Artur Mas convocó la consulta independentista ilegal del 9N. Probablemente esa habría sido la ocasión óptima, y le habría ahorrado al Estado de derecho muchos problemas posteriores. El golpe al Estado que se llevó a cabo en el Parlament los pasados 6 y 7 de septiembre fue otra oportunidad perdida para aplicar el 155. De hecho, estoy convencido de que incluso los políticos independentistas hoy encarcelados también lo hubiesen preferido así, pues les habría ahorrado los meses de cárcel que han cumplido… y los que probablemente cumplirán, a la vista de los delitos que afrontan y las pruebas que los apuntalan.

Cada vez parece más evidente que dejar fuera del control del 155 a los medios de comunicación de la Generalitat fue un error colosal

En cuanto a la intensidad del 155, cada vez parece más evidente que dejar fuera del control a los medios de comunicación de la Generalitat fue un error colosal. Desde la aplicación del citado mandato constitucional, TV3 y Catalunya Ràdio han redoblado sus esfuerzos propagandísticos a favor de la ruptura con el resto de España y de defensa de los políticos encarcelados y fugados. Además, el victimismo ha alcanzado niveles máximos.

Ese mismo criterio --al menos mientras el TC no limite la acción del 155-- se podría haber aplicado a otras entidades de la Generalitat, sean dependientes del Govern o del Parlament. ¿Tiene sentido que un tipo como Rafael Ribó --un burgués excomunista que vive a cuerpo de rey a costa del erario público-- siga utilizando la Sindicatura de Greuges para fomentar el independentismo y erosionar la convivencia entre catalanes cuando la administración autonómica está intervenida? ¿Es razonable que Jaume Clotet y Joaquim Nin --investigados por la justicia por organizar del 1-O-- sigan como director general de Comunicación del Govern y secretario general de la Presidencia, respectivamente?

Sorprende que Agustí Colomines --uno de los principales muñidores de la hoja de ruta secesionista unilateral e ilegal, que hace diez días aseguraba que “estamos en Guerra”-- haya seguido al frente de la Escuela de Administración Pública de Cataluña durante medio año tras la entrada en vigor del 155.

También choca que la ya exdirectora de Relaciones Exteriores de la Generalitat Marina Borrell --cesada tras conocerse la participación del exconsejero de Cultura y prófugo de la justicia Lluís Puig en un acto en la delegación del Govern en Bruselas-- haya mantenido su cargo todo ese tiempo. Pero más desconcertante aún es que para sustituir a algunos de los cargos cesados el Gobierno haya elegido a conocidos activistas independentistas, como es el caso de Juli Gendrau y Jordi Jardí al frente del Instituto de Seguridad Pública --tras la destitución de Annabel Marcos, a la que cazaron transportando urnas para el 1-O--.

¿No hubiera sido más eficaz que el Gobierno hubiese nombrado a los miembros al completo de un nuevo Govern para ejercer como tal?

¿No hubiera sido más eficaz que el Gobierno hubiese nombrado a los miembros al completo de un nuevo Govern para ejercer como tal y cesar a todos los cargos que asumieron --por activa o por pasiva-- la hoja de ruta independentista ilegal?

¿Cómo es posible que en medio año de vigencia del 155 el Gobierno no haya sido capaz de aplicar --o, al menos, intentarlo-- las innumerables sentencias que ordenan recuperar el bilingüismo equilibrado entre castellano y catalán en las escuelas públicas de la comunidad?

¿Cómo es posible que, con la administración autonómica intervenida, muchas de sus sedes estén inundadas de símbolos políticos como son los lazos amarillos en defensa de los políticos independentistas encarcelados?

Y, sobre todo, ¿cómo es posible que el Gobierno del PP no haya tenido el coraje de resolver todo lo anterior cuando, además de necesario, era electoralmente rentable?

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¿Quién es... Alejandro Tercero?
Alejandro Tercero

Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona (UB) y Agente de la Propiedad Inmobiliaria (API). Ha realizado estudios de Periodismo Digital en la UOC. Ha desarrollado su labor profesional en el ámbito del periodismo político y de la comunicación empresarial. Dirigió el digital La Voz de Barcelona --diario del que fue cofundador en 2008-- hasta su fusión con Crónica Global, en 2013. Ha presentado y dirigido el programa Voces, en Radio Intereconomía Cataluña. Ha participado o participa en tertulias sobre actualidad política en TV3, Catalunya Ràdio, RNE-Radio 4, TVE-Cataluña, RAC1, BTV, Televisió Badalona, Radio Intereconomía Cataluña, Canal Català TV y Cuatro. Es coautor del libro Cataluña. El mito de la secesión.