La industria audiovisual y el catalán

Joaquín Romero
7 min

JxCat ha presentado un proyecto de ley audiovisual para sentar las bases de lo que debería ser la legislación española de este tema. El Govern de la Generalitat, del que JxCat forma parte aunque no lo parezca, se propone hacer otra ley autonómica sobre la cuestión. Mientras tanto, el Gobierno central rehace el borrador que se filtró hace unos días para escarnio del nacionalismo catalán, que vio en aquel texto un maltrato monumental a su lengua.

Miquel Iceta, ministro de Cultura, sin responsabilidades en el asunto, se apresuró a recordar que el artículo 3 de la Constitución recoge la necesaria protección de todas las lenguas oficiales del país, no solo del castellano. La ley del audiovisual es básicamente la trasposición de la ordenación comunitaria de 2018, que impone condiciones en cuanto a inversión y producción de las plataformas del sector.

El departamento de Nadia Calviño, Asuntos Económicos y Transformación Digital, es el encargado de preparar la ley, llevarla al Consejo de Ministros y defenderla después en el Parlamento. Iceta se dio mucha prisa --el mismo día de la filtración-- para enfatizar ante el nacionalismo catalán, y quizá también ante su compañera de Gabinete, el debido respeto al mandato constitucional sobre las lenguas minoritarias; y se comprometió a que el redactado definitivo recogería la reclamación nacionalista.

Es obvio que se debe respetar la Constitución, otra cosa es que el ministro de Cultura contribuya a la sensación de olla de grillos gubernamental metiéndose en camisa de once varas. En realidad, en lugar de señalar a Calviño, Iceta debería haber aprovechado la ocasión para recordar el incumplimiento constante por parte de la Generalitat de lo que establecen tanto la Constitución como el Estatuto de Autonomía de Cataluña en materia de respeto a las lenguas oficiales.

El exministro de Administraciones Territoriales conoce muy de cerca la imposición del catalán como lengua vehicular en la enseñanza pese a las sentencias judiciales. También conoce la discriminación de la producción en castellano desde las empresas de la CCMA, y está informado de cómo las universidades catalanas vulneran --gratuitamente, si tenemos en cuenta que la mayoría de los chicos han estudiado en catalán-- los derechos de los alumnos cuando les imponen la elección pública del idioma de los exámenes de la selectividad. También conoce el rastreo policiaco del uso de los idiomas en los patios de los colegios y en las aulas universitarias.

Esa vulneración constante de la ley por parte de la Generalitat nunca justificaría una respuesta equivalente del Consejo de Ministros, claro, pero no estaría de más que el PSC fuera más equilibrado en este terreno. No tiene nada que hacerse perdonar.

En los años 80 hubo cierto debate en el partido de Jordi Pujol sobre los plazos de la normalización del catalán. Los más lanzados, estilo Max Cahner García –se subía por las paredes cuando acudía a un acto como conseller de Cultura y sus anfitriones cometían la afrenta de utilizar su segundo apellido--, apostaba por cinco años. Otros, más pragmáticos, como Miquel Roca, hablaban de 20 o 25.

Han pasado 40 años, y el uso del catalán está en retroceso en zonas como Barcelona. Cualquier analista objetivo llegaría a la conclusión de que la política de inmersión y de imposición ha fracasado, de que conviene revisarla. Si el objetivo real del nacionalismo es la consolidación y preservación del idioma, porfiar en lo que a todas luces genera rechazo, sobre todo entre los jóvenes, es de locos.

Lejos de la recapacitación, las iniciativas legislativas de los separatistas defienden la imposición de un 50% de la producción de las plataformas audiovisuales en idiomas españoles distintos al castellano. Es una nueva demostración de que viven en las nubes: en el supuesto de que ningún gallego, vasco y catalán tuviera como lengua materna el castellano, los territorios con dos idiomas apenas sumarían el 28% de la población del conjunto del país.

Solo cuatro de los 24 largometrajes que se han presentado a los Premios Gaudí de este año han sido rodadas en catalán, una demostración de que el lloriqueo no convence ni a los convencidos.

Mantener el discurso de la represión del catalán, que el borrador de la ley audiovisual ha revitalizado con la inestimable ayuda del titular de Cultura --¿qué sería del Gobierno si además fuera el ministro portavoz?--, solo conduce a la confrontación. Aunque también es posible que sea eso precisamente lo único que persiguen.

Mientras las instituciones catalanas pierden el tiempo mirándose el ombligo, la producción audiovisual, cuya regulación podría afectar (perjudicar) solo a las empresas españolas como Movistar y Filmin, evoluciona a gran velocidad en las plataformas sociales a través de internet. No solo escapa al control público, sino que monopoliza el mercado publicitario y, consecuentemente, terminará por hegemonizar los medios de comunicación. 

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¿Quién es... Joaquín Romero?
Joaquín Romero

Periodista desde 1975. Fue redactor de Tele/eXprés y El Correo Catalán, entre otras publicaciones. Ha sido redactor jefe de El Periódico de Catalunya entre 1994 y 2014. También ha sido director de Crónica Global.