El Ayuntamiento de Barcelona acaba de subirse al carro del Pacto Nacional por la Lengua que promueve la Generalitat con el compromiso de contribuir desde todos sus ámbitos de competencia a “revertir” una situación que lleva a que el catalán no sea mayoritario entre los barceloneses.

El consistorio echa mano de una encuesta de 2018 y otra del año pasado para diagnosticar su mala salud como lengua social entre los barceloneses jóvenes fuera del ámbito laboral o académico; y, en consecuencia, quiere contribuir a que su uso particular y doméstico se convierta en mayoritario.

Aunque las estadísticas que esgrime el equipo de Ada Colau orillan el hecho de que en 2019 el 65,3% de los habitantes de Cataluña sabían escribir en catalán, frente al 31,5% de 1981, lo que supone un avance indiscutible, le sirven de argumento para tocar a rebato sobre el futuro del idioma porque quiere conectar con la presión constante del nacionalismo contra la supervivencia del castellano en la vida social de Cataluña.

Barcelona en Comú, o sea Podemos, cierra los ojos a la realidad, a la experiencia; y se suma a la política pujolista tan claramente fracasada que consiste en vertebrar la identidad de Cataluña en torno al idioma. Intenta animar a los militantes del catalán que adoctrinan a los nouvinguts sobre cómo hablar con sus vecinos, a que hagan el papel de talibanes del idioma.

Cabría preguntarse cuál es la razón por la que los herederos del espacio internacionalista de la izquierda del PSOE (en Cataluña, PSUC, ICV) porfían en el error de imponer una lengua a los ciudadanos libres. Parece claro que prefieren ignorar lo que enseña la experiencia, que un idioma no se puede decretar, que debe ser suficientemente atractivo, por la razón que sea, como para motivar a su práctica y aprendizaje. ¿Qué mejor método de enseñanza y expansionismo que practicar un idioma generador de cultura, arte, reflexión y, en consecuencia, integración? 

Los nacionalistas tienen razón cuando dicen que la utilización del catalán se asocia al independentismo, pero contrariamente a lo que ellos sostienen, esa adscripción extremista no es responsabilidad de los constitucionalistas, sino de quienes insisten en vincular Cataluña a un catalán excluyente. De ahí que los estrategas de Podemos traten de restar votos a ERC, su gran competidor en las elecciones municipales, a cuenta del idioma.