Huelgas con complejos

Cristina Farrés
6 min

El próximo martes la comunidad educativa catalana va a la huelga. Toda ella, desde la dirección al personal laboral y tanto en la escuela pública como en la concertada. Será la primera jornada de un final de marzo reivindicativo en las aulas. Una protesta más o menos respaldada por la Generalitat para defender lo que aseguran que es el modelo ideal de inmersión --entendido como monolingüismo y más allá de las primeras etapas, cuestión que crea más distancia entre los pequeños que se forman en la vía pública y los de la concertada y privada, donde el trilingüismo es una realidad-- y otra que no gusta en Via Augusta. La que rechaza la intención del Govern de avanzar el inicio del curso escolar sin dejar margen de negociación.

Esta medida ha estado sobre la mesa desde la etapa final de Jordi Pujol como president. La Consejería de Educación defiende que es necesaria para racionalizar unas vacaciones de verano muy largas y que representan un hándicap real para las familias, ya que la conciliación es imposible y se crea un nuevo espacio de desigualdad. La que existe entre los que se pueden pagar actividades extraescolares (casales) o cuentan con algún tipo de ayuda doméstica, de la propia familia o de pago, y los que no se pueden permitir dejar a los pequeños con nadie.

El problema, tal y como explican los profesores, es que un cambio en este sentido debería ir de la mano de más recursos. Humanos, principalmente. Los docentes necesitan un tiempo mínimo para preparar el curso y adaptar el currículum general a las necesidades de cada una de las aulas. Recuerdan que las escuelas no son aparcamientos para niños, que cada grupo tiene unas dinámicas y necesidades distintas y que, a pesar de que se debe cumplir con unos requisitos mínimos, no se puede ir a piñón fijo y limitarse a repetir año tras año un esquema docente. O no se debería.

Para responder a una demanda que parece lógica, el consejero, Josep Gonzàlez-Cambray, se ha limitado a mandar una carta a las direcciones de los centros para intentar calmar el malestar y a repetir ante cualquier micrófono que ningún profesor deberá trabajar más, ya que avanzar el curso implicará reducciones de jornadas lectivas hasta octubre. Algo que tampoco gusta a las familias, ya que una iniciativa que se plantea como la ideal para conciliar genera más problemas en este sentido; y que ha enervado aún más a los docentes. En cuanto a la petición de los recursos económicos, el Govern ni siquiera ha dado garantías de que el personal laboral se incorporará antes de lo previsto o de cómo sufragará la oferta lectiva que asegura que se dará por las tardes. Todo queda en el aire.

Gonzàlez-Cambray tiene perfectamente detectada cuál es la carencia del colectivo. Los sindicatos están debilitados como efecto de los recortes de 2010 y por su atomización cada vez mayor. Cabe recordar que Educación es uno de los pocos ámbitos donde ha triunfado la Intersindical-CSC con su mensaje independentista, aunque ahora esta organización esté sumida en una crisis interna por el liderazgo. Los representantes de los trabajadores no esconden su complejo de que la huelga sea percibida por las familias como una forma de ganar una semana de vacaciones. Sus portavoces así lo han expresado en público y en privado e incluso han repartido la convocatoria de protestas a lo largo de varias semanas para disipar este fantasma.

¿Cómo se ha llegado a este extremo? Los sindicatos educativos siempre habían sido un hueso duro de roer por parte de los distintos gobiernos de la Generalitat. Contaban con el reconocimiento público ya que eran los representantes de unos profesionales que realizaban un trabajo tan esencial como el de formar a las generaciones futuras. Pero en una sociedad cada vez más abonada a las teorías conspirativas, donde la gente corre a los supermercados tras recibir un Whatsapp con una presunta advertencia de un transportista --los mismos supermercados que, por cierto, rellenaban estantes incluso en los momentos más duros de la pandemia--, los profesores temen ser tildados de vagos. Todo ello por decir que avanzar el inicio de las clases sin reforzar plantillas (es decir, movilizar más dinero) es contraproducente.

Pero el Govern necesita demostrar que hay cambios en Cataluña. Pere Aragonès y Gonzàlez-Cambray usaron esta medida como un golpe de efecto. Fue un gran anuncio ante las cámaras y renunciar a ello significaría demostrar que se precipitaron. Implicaría reconocer que fue un error no abrir de forma previa una negociación laboral, por lo que ni siquiera se dará un año de tregua. El avance del curso escolar se aplicará el próximo septiembre. Todo ello, para reforzar a ERC en el plano político. En todo el conflicto queda una cuestión en el aire, ¿qué es mejor para los niños?

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¿Quién es... Cristina Farrés?
cristina farrés autores peque

Periodista. Especialista en economía. Directora de Crónica Global desde el 1 de enero de 2020.