¿Existió un Guantámano en el Arc de Triomf de Barcelona? La investigación que lleva a cabo el Ministerio de Interior sobre nueve presuntas oficinas policiales chinas en España debería discurrir con celeridad, eficacia y tino. Se trata de una cuestión no menor, como han denunciado algunas voces de los proderechos humanos o de la comunidad taiwanesa en nuestro país.

Se trata de dilucidar si servicios de apoyo consular, muy necesarios para algunos trámites como renovaciones de documentos, operaban también como sedes parapoliciales en las que, supuestamente, se "presionaba y coaccionaba" a disidentes y delincuentes sospechosos. Por el momento, de las tres comisarías que operaban en Barcelona, se conoce que una coincidía presuntamente con una cámara de comercio regional y otra, con una empresa de traducción autorizada por el Ministerio de Exteriores. 

Coincidía no porque se lo haya inventado alguien, sino porque cuerpos de policía a nivel infrarregional en China habían publicado sus direcciones en la Ciudad Condal en portales web de propaganda. Antes de que algunas de estas páginas se borraran tras estallar la polémica. Eso sí, la memoria caché aún las muestra, como recordaron ayer los activistas. 

Por el momento, 14 países de todo el mundo han lanzado investigaciones sobre estas supuestas estaciones de policía en el exterior. Urge que las pesquisas avancen sin apriorismos, con garantías democráticas y el máximo rigor y respetando la presunción de inocencia para desgranar el trigo de la paja. Hay que concluir si estas dependencias existían, en primer lugar, y si en ellas se hacía lo que una oenegé ha denunciado. 

Con ello, se desarbolarán los rumores y las sombras sobre negocios perfectamente legítimos. Pero hay que investigarlo. Porque como expresó la ministra de Asuntos Exteriores de Países Bajos, Maxime Hovenkamp, "el Gobierno chino jamás nos informó de estas comisarías por canales diplomáticos, por lo que, antes que nada, serían ilegales". El país centroeuropeo examina si operaron dos de estos centros. Solo en Barcelona hubo, supuestamente, tres. 

No se trata de señalar a nadie, y menos a una comunidad entera. Lo que se impone es cerciorarse de si hubo espacios de vacío puntuales y localizados en el Estado de derecho que rige en España. En los que, según la asociación Safeguard Defenders, el ordenamiento jurídico habría sido sustituido por otros métodos. 

La posible existencia de pequeños Guantánamos no es alarmante, pero sí intolerable. El due process, derecho a debido proceso, es un principio que no admite regateos. Así como tampoco lo admiten los pesos y contrapesos del Estado. Si existieron estos centros, hay que saberlo para debatir cómo actuar. Como con el Guantánamo original que, por cierto, continúa abierto.