Menú Buscar

El Govern de papel

Cristina Farrés
4 min

Cuántas veces hemos oído que “el papel lo aguanta todo”, una máxima que parece haberse convertido en el motor del Gobierno de la Generalitat. Con una batalla abierta entre los socios en el Ejecutivo, JxCat y ERC, que se ha hecho más evidente que nunca en las últimas semanas, y con el fantasma de unas nuevas elecciones anticipadas cada vez más presente, hacer ver que se hace algo más allá del procés se ha convertido más que nunca en una necesidad capital para el equipo encabezado por Quim Torra.

Los anuncios de nuevas iniciativas legislativas y planes de acción son constantes. Destacan dos iniciativas por la transcendencia que han conseguido en las últimas semanas, la llamada ley Aragonès y la promoción de la Ley de Cámaras de Comercio de Cataluña.

La primera de ellas porque ha suscitado un rechazo desde grupos como la CUP a sindicatos como CCOO, que la acusan de ser una puerta trasera para la externalización de más servicios públicos. Aunque no sea este el sentido exacto de la normativa, la complejidad de su redactado propicia que se haya generado el caldo de cultivo idóneo para este tipo de críticas que obligarán al vicepresidente económico que le da nombre, Pere Aragonès (ERC), a ser muy didáctico en el futuro.

Otra cuestión es la normativa con la que Àngels Chacón (JxCat), consejera de Empresa y Conocimiento, quiere reordenar la organización de las 13 cámaras de comercio catalanas. Hizo el anuncio en plena resaca de unas elecciones que ya han acabado en los tribunales, y ante la sorpresa mayúscula que se mantiene entre el resto de partidos con presencia en el Parlament, ya que no se había hecho referencia a la norma. Semanas después tampoco se ha hablado de ella en la Cámara catalana.

Ha sido el líder independentista de la organización de Barcelona, Joan Canadell, el último en hacer referencia a la ley en ciernes. Pero para decir que está totalmente en contra del borrador inicial, un documento que inició Felip Puig, intentó dar forma Jordi Baiget e incorporó el grueso de las aportaciones que hizo la patronal nacionalista Femcat.

No deja de ser curioso que los que han abogado hasta ahora por la unidad del independentismo rechacen de frente una iniciativa que en su momento fue promovida como una estructura de Estado para ejercer de contrapoder a la Cámara de España. Y lo hace con los mismos argumentos que usaron los llamados constitucionalistas en ese momento: que se quitaba demasiado poder a los territorios para concentrarlo en la futura Cámara de Comercio de Cataluña.

Con todo, es muy probable que ambas normativas queden sobre la mesa si se produce el adelanto electoral en otoño. Igual que otras cuestiones como la normativa para regular áreas económicas urbanas, cuyo trámite se tendría que haber iniciado a finales de 2018, como se acordó en agosto de 2017 --era una promesa incluida en la Ley de Comercio, Servicios y Ferias--; o la reestructuración de la FP, una propuesta que se tuvo que retirar deprisa y corriendo ante el rechazo frontal de todos los agentes del sector, y se ha abierto una negociación también acelerada que debe concluir el jueves 18 de julio para intentar buscar una solución concertada.

El Govern está empeñado en demostrar que no sólo gestiona sobre el papel. Pero como indica otra expresión manida, la realidad es tozuda.  

Artículos anteriores
¿Quién es... Cristina Farrés?
Cristina Farrés

Periodista especializada en el área de economía y coordinadora de la sección de empresas.