ERC hace frente a su principal reto en la gestión desde que tocó poder en la Generalitat. En pleno postprocés, los republicanos se han visto arrastrados a la arena del debate laboral con un conflicto en mayúsculas en el sector educativo. El partido ha encontrado durante años un apoyo muy destacado de los miembros de esta comunidad en el plano político (independentista), pero el choque con la formación es frontal por la forma en que se gestiona un malestar muy profundo que se larva desde hace años.

Detrás de esta realidad, subyace un cambio de paradigma en el modelo educativo. La necesidad de actualizar cómo enseñamos en las aulas ha sido precedido de recortes, precarización del profesorado, una pérdida de reconocimiento (y respeto) social de su trabajo y con unas aulas cada vez más llenas a finales de primaria y en secundaria. La bajada de la natalidad se nota en los cursos iniciales (parvularios), hecho que facilita que se bajen las ratios tal y como anunció la Generalitat. Con todo, los docentes han encajado este anuncio como otro movimiento trilero del Govern que está lejos de su reclamación de que se necesitan más manos en ESO, formación profesional y bachillerato, básicamente.

Fue otro anuncio el que hizo colmar el vaso de la paciencia de la comunidad educativa. El que hizo ante las cámaras el consejero de Educación, Josep González Cambray, junto al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, de que el curso escolar empezaría antes en Primaria y Secundaria --obviaron que Educación Infantil bebe también de estos calendarios, aunque como la formación 0-3 no es obligatoria es un olvido recurrente y serán los ayuntamientos los que deberán decidir--.

La medida en si tiene lógica, ya que el calendario de vacaciones de verano es muy largo. De hecho, España es uno de los países con más semanas de descanso entre junio y septiembre por otra razón lógica, que las temperaturas medias del país hacen insostenible que 25 niños estén en una clase durante ocho horas. Es una forma de iniciar la renovación de una escuela que no solo debe ser inclusiva, sino que debe abrazar la digitalización, debe ser trilingüe, superar la formación escolástica y asumir sistemas didácticos más actualizados. Es decir, que la diferencia entre la escuela pública y la concertada y privada (que, por cierto, es la que eligen el grueso de los dirigentes de la Generalitat, incluido el propio González-Cambray) sea cada vez menor y se blinde el papel de la escuela y el instituto como la principal garantía de cohesión social.

Todo ello pasa, de forma inevitable, por verter más recursos en el sistema educativo. Pero detrás del marketing de la Generalitat, especialmente durante la confección y aprobación de los presupuestos, los recursos por alumno se han reducido. Y no hay visos de mejora ni en el corto ni en el medio plazo. Ni siquiera con el avance del calendario escolar, ya que se compensará con una reducción de jornada durante todo septiembre para que el cómputo final no implique sufragar más horas lectivas.

De la Ley de Educación de Cataluña (LEC) que se aprobó en 2009 se ha desarrollado la autonomía de centros, de direcciones y de plantillas. Se les da más responsabilidad y hay cierto margen político para elegir a directivos, pero, de nuevo, la falta de recursos lleva a que la Administración pública sea percibida de forma mayoritaria como un problema para su trabajo diario desde la comunidad educativa. Sea cuál sea su opinión política sobre cuestiones identitarias.

Una dirigente sindical histórica señalaba hace poco que las protestas de esta semana en Cataluña se parecían mucho a las que protagonizaron los docentes en 1988. Entonces también se pedía un cambio en cómo se enseñaba y más recursos, también una mejora del poder adquisitivo de los docentes. Ahora, el Govern ha anunciado que pagará un complemento a los directores de centros. Con todo, tal y como indican los sindicatos, esta mejora ya se contemplaba en la LEC y se ha tardado 13 años en aplicar. “¿Se hará de forma retroactiva?”, preguntan los representantes de los trabajadores. La respuesta está clara. 

“La sociedad no crecerá ni avanzará sin una educación potente”, sentenció la misma exdirigene sindical. Auguraba un conflicto largo en el que ERC se deberá emplear para responder a una demanda laboral que implica modernizar un sistema educativo sin apriorismos. Por ahora, los republicanos han demostrado que no están a la altura.