Empatía social

Cristina Farrés
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El cierre del primer trimestre del año ha dejado varias cifras macroeconómicas que han encendido las alarmas. El avance del IPC hasta el 9,8%, unos niveles que no se veían desde los años 80, ha propiciado que el Gobierno mueva ficha. Demasiado tarde según ciertas voces, pero con un paquete de medidas que servirán para que el avance de los precios no llegue a los dos dígitos. Así lo certifica Funcas. La fundación de cajas de ahorros también ha recortado las previsiones de crecimiento para el ejercicio en curso 1,4 puntos, hasta el 4,2%, y ha situado en el 6,8% la inflación anual media.

Es decir, el impacto de la cuarta crisis será más profundo de lo que se preveía en un primer momento. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, señaló esta misma semana que sus previsiones contemplan que la escalada de precios energéticos se prolongará entre dos y tres años. Se trata de un aviso de que la tan ansiada recuperación no está precisamente a la vuelta de la esquina y llega cuando la pandemia parece que remite y se cuentan los días para quitarnos la mascarilla.

El regulador ya ha pedido que sean las empresas y los particulares los que se repartan el coste de esta recesión. Demanda a la que se ha unido CEOE, cuyo presidente, Antonio Garmendi, ha protagonizado el encontronazo de la semana con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a quien espetó: “Si a la ministra le parece muy bien que no se pueda despedir, que monte una empresa ella y lo haga”.

Este choque parte del anuncio de que las empresas que reciban ayudas públicas por el contexto económico actual, no podrán despedir. No lo podrán hacer ni las mercantiles que se acojan a los Expedientes de Regulación de Empleo Temporales (ERTE) --los que vienen del coronavirus o la nueva versión actual, el mecanismo RED-- ni podrán argumentar el aumento del precio de la energía como causa para el despido objetivo. Todo ello, hasta el 30 de junio y, si se incumple, se deberá reintegrar lo percibido.

Díaz respondió igual de contundente. “Seguro que tiene la suficiente empatía social para entender y explicar a la ciudadanía que no se puede recibir dinero público a modo de cotizaciones a la Seguridad Social pagadas por los españoles y a la vez despedir”, espetó al patrono. La vicepresidenta abre de este modo la caja de Pandora. A pocos días para que las cotizadas empiecen a desgranar los resultados de un trimestre menos bueno de lo previsto, ¿cómo se explicará con “empatía social” que se ganan millones de euros al tiempo de que se exprimen eficiencias? ¿cómo se ampliarán consejos de administración y se congelarán los salarios de las plantillas?

La “empatía social” a la que hizo referencia Díaz es más necesaria que nunca. No se debe olvidar que la demanda de electricidad de los tres primeros meses del año ha caído el 3% respecto a 2021 y, lo más preocupante, se contrajo el 2,6% si se compara con el arranque de 2020. En ese periodo se incluyen los primeros 15 días del estado de alarma por Covid. Dos semanas de confinamiento duro en el que nadie fue a trabajar. ¿Qué explican estas cifras? Que la recuperación gripa, sí, pero que la pobreza latente aumenta tal y como reconocen los propios agentes sociales y las organizaciones del sector.

Con todo, la “empatía social” no debe ser la estocada final de la actividad productiva ni debe condenar el avance económico que propiciará pasar página a la situación actual. Dejar de lado esta realidad es recaer en un discurso tan populista como el que defiende el avance del PIB a ciegas, sin tener en cuenta que la equidad social es imprescindible. Más, en los tiempos que corren.

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¿Quién es... Cristina Farrés?
cristina farrés autores peque

Periodista. Especialista en economía. Directora de Crónica Global desde el 1 de enero de 2020.