Tanto escuchar entre el independentismo que lo que está juzgando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es una actitud democrática, un poner las urnas, que valía la pena ir atendiendo las declaraciones de los testigos que han sido convocados por la sala para instruir el caso.

Más allá de las declaraciones de la ex directora de un instituto de L’Hospitalet, a quien el nacionalismo desacredita por su pertenencia a Ciudadanos, era interesante conocer qué diría el hombre fuerte de la empresa Focus, la encargada de montar la carpa de prensa que debería acoger la presentación ante la prensa de los resultados de la consulta. Es decir, la compañía que se encargaba de la parte logística del ámbito mediático del asunto.

Daniel Martínez, administrador de Focus y accionista del diario Ara, reconoció que la Generalitat le había encargado los trabajos (por los que facturó 140.000 euros) con anterioridad al día 4 de noviembre, cuando el Tribunal Constitucional resolvió en contra de la consulta del 9N.

Focus ha facturado a la Generalitat, no a una asociación de voluntarios. Desde la institución que representa al Estado de Cataluña se le siguieron dando instrucciones sobre los trabajos que debían realizar. El propio Martínez admite que el día 4 o posteriores el Govern de Artur Mas pudo cancelar el encargo y que no lo hizo. Por lo tanto, fondos públicos fueron a parar a una actividad que la ley había declarado ilegal.

Eso es lo que juzgará el TSJC, no una actitud democrática. Deberá pronunciarse sobre si hubo o no vulneración de la normativa legal con esa y otras actuaciones. La democracia no es sólo poner unas urnas (y menos de cartón), sino cumplir con el sistema jurídico y las garantías emanadas de la ley.

En tiempos en los que se oye la palabra desobediencia con excesiva frecuencia, los tribunales tienen la obligación de hilar muy fino y determinar si los fondos públicos fueron bien o mal usados por el poder ejecutivo catalán. No hay más, aunque otros sigan empecinados en pasar por mártires de causas democráticas que se ha demostrado que no son mayoritarias en Cataluña. La ley, su cumplimiento y su respecto es también, o sobre todo, democracia.