Pedro Sánchez revalidará el cargo de presidente del Gobierno el próximo martes 7 de enero. Los pactos que necesitará para sacar adelante la investidura ya están claros y, después de semanas de especulaciones, Meritxell Batet ha convocado la sesión plenaria. Incluso PSOE y Podemos han presentado ya las políticas que quieren desarrollar a lo largo de la legislatura. Este plan se queda lejos de los anuncios que habían hecho pero que las rebajas no han servido para aplacar las críticas furibundas que han recibido por parte de los grandes partidos de la oposición que continúan en modo campaña electoral.

De entrada, hágase notar que en las 50 páginas de aspiraciones que han presentado --que en ciertos casos, como la regulación del alquiler, se convierten de forma directa en un brindis al sol-- no aparece ni rastro del impuesto a la banca que el partido de Pablo Iglesias había anunciado en los últimos tiempos.

No habrá tal gravamen. El denominado pacto progresista sólo indica que se obligará a las “grandes corporaciones” a cumplir de forma efectiva la tributación mínima del 15% (18% en el caso de entidades financieras y empresas de hidrocarburos) sobre los beneficios y que se creará un impuesto sobre transacciones financieras que gravará las “operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero”. Es decir, se intenta poner el foco en la actividad especulativa sin llegar a meter baza del todo en estos movimientos.

La revisión del IRPF y la persecución a las “grandes fortunas” con una tasa ad hoc tampoco será tal. Se revisa al alza la tributación de las rentas que superen los 130.000 euros entre dos y cuatro puntos, un tramo que por mucho que se repita no incluye a las clases medias del país pero que tampoco cumple con la premisa populista de que se persigue “a los ricos”. Disponer de unos ingresos anuales de 130.000 euros o más en España te convierte en un privilegiado, pero por la persistencia de unos salarios bajos que son una de las grandes lacras del panorama laboral consolidado en todo el territorio, pero no en un rico.

De nuevo, el gran problema del programa fiscal que se ha anunciado (y ya veremos cómo se desarrolla) es la imagen que se proyecta como país. La de que España es un territorio con demasiados gravámenes que tiene efectos, tal y como ha recordado la patronal, sobre el inversor. Imagen que, de nuevo, en este ambiente de campaña perpetua tiene efectos negativos sobre la economía. Y no se debe olvidar que la evolución de la riqueza está vinculada a las expectativas.

Las previsiones para España son ahora mejores que hace tan sólo algunas semanas, pero no por los avances en una política interna más volátil que nunca. Se nutren de la alegría que ha generado en los parqués de todo el planeta el acercamiento entre EEUU y China en materia comercial (cuya evolución futura está en el aire) y el fin de la incertidumbre sobre el Brexit en clave europea.

En España, disparar contra Pedro y Pablo se ha convertido en deporte nacional. Especialmente por el pacto con ERC para la abstención que incluye la “consulta a la ciudadanía” y que ha convertido a los republicanos en los grandes botiflers para el independentismo más irredento. Un pacto cuyos contenidos se revelan con cuentagotas y que son suficientemente ambiguos como para cabrear a todo el mundo. A los procesistas, por ser demasiado tibios, y a los constitucionalistas, por ir demasiado lejos.

El Gobierno de coalición que echará a andar a partir del 8 de enero no es apto para pieles finas. Siempre estará en el foco de las críticas, especialmente de los partidos que esperan rascar algo desde el punto de vista electoral y que tampoco han propiciado ninguna alternativa. PSOE y Podemos estaban condenados a entenderse y sacar a danzar a los nacionalistas e independentistas. La gran pregunta es, ¿cuándo tardaremos en volver a las urnas? Feliz 2020.