La diferencia entre “seducir” e “imponer”

Cristina Farrés
6 min

El consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, ha defendido esta semana que el Gobierno catalán no plantea “un plan de impulso del catalán con una visión y vertiente punitiva, lo que tenemos que hacer es seducir y acompañar”. El punto de partida es compartido. El problema es que el despiste (por decir algo) del Ejecutivo en esta materia le lleva a intentar “seducir” a usar el catalán en las escuelas --excepto en las clases de castellano, inglés u otras lenguas complementarias-- mediante el anuncio de que los 120.000 profesores autonómicos deberán asistir a cursos de “sensibilización” obligatorios, la puesta en marcha de grupos para vigilar que se cumpla la inmersión, dar instrucciones públicas los inspectores a fiscalizar a los educadores para no se pasen al castellano, abrir la puerta a que en las clases que la justicia obligue a hacer el 25% haya dos profesores (con un refuerzo de plantillas) y anunciar que se reformulará la ley lingüística.  

Las exigencias del Govern a los docentes ya han generado un malestar más o menos profundo según las posiciones políticas individuales. En escasas semanas, el Ejecutivo ha pasado de convocar a los medios ante el colegio de Canet de Mar (Barcelona) donde se debe aplicar el 25% de castellano por mandato judicial para pedir a los directores de centros análogos que desobedezcan a los tribunales y condenar con la boca pequeña las peticiones de apedrear (o escrachear) la casa de la familia en cuestión y de hacer bullying al menor de edad salidas desde el independentismo más irredento, a presionar a los equipos docentes.

Formaciones obligatorias son las que, por ejemplo, los jueces imponen a los políticos a los que han pillado con las manos en la masa. Existen cursos de cuestiones como Transparencia y Anticorrupción en la Gestión Pública, algo que ya se debería llevar aprendido de casa cuando se da el salto a la Administración pero por el número de electos y altos cargos que han asistido (como parte de su condena) demuestra que el sentido común no impera siempre.

El Govern, con su intento de demostrar que se toma muy en serio el blindaje de la inmersión frente a sus votantes y que ayer salió de manifestación, pone a los educadores catalanes al mismo nivel que a los condenados que deben adquirir conceptos que se suponían básicos por su condición profesional. ¿Les culpa de forma elíptica del fracaso de la inmersión? ¿Aplicará represalias para los incumplidores, como los propios sindicatos del sector temen?

Los docentes son seguramente los trabajadores más habituados a recibir cursos y capacitaciones en todos los sentidos para reciclarse y adquirir nuevas aptitudes. Se trata de un trabajo muy vocacional en el que la exigencia de la formación constante para estar al día en un mundo cambiante es lo habitual, aunque la traslación de ello a las aulas no sea tan ágil como desearían: la burocracia es el gran freno en la Administración Pública.

Todo ello se queda en el ámbito de la voluntariedad, en tener asumido que aprender es la única forma de mejorar una profesión básica, la que acompaña a los pequeños en su etapa formativa. Se ha conseguido “seducir” a la inmensa mayoría del profesorado --que sí, que hay excepciones-- en adaptarse a las nuevas realidades que se viven en las aulas. Lo mismo que Cambray asegura que quiere hacer con el debate lingüístico, pero con una fórmula que hace aguas ya desde que transmite las cuatro pinceladas básicas que la definen. La condición humana dice que si te imponen algo la reacción habitual es que lo rechaces de frente.

El debate lingüístico --la inmersión-- es el último espacio en el que el independentismo puede sacar pecho de ir unido y de sumar a los comunes. Se politiza el uso del catalán y se pierde el foco de la realidad de las aulas, tanto por parte del Govern como por parte de una derecha que recupera sus discursos más populistas (que superan la línea de la mala educación) para arañarse votos. Sin que el discurso de un sol poble resista, ya que las puñaladas entre JxCat y ERC persisten incluso en cómo defienden una inmersión que suena demasiado a monolingüismo.

Todo ello, sin abordar los principales problemas de la escuela catalana. Los de una comunidad educativa que sí necesita recursos y herramientas, pero para revertir los recortes de 2010. Para abordar la reducción de las ratios escolares, la recuperación de refuerzos en los centros de especial complejidad y en educadores de referencia para los pequeños con necesidades especiales. Ampliar las becas comedor o reforzar los recursos tecnológicos de las aulas, entre otros. En definitiva, limitar las diferencias entre la escuela pública y la concertada y privada catalana donde los actuales responsables políticos del Govern tienden a llevar a sus hijos. Centros que, por cierto, abrazan el plurilingüismo y no la inmersión.

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¿Quién es... Cristina Farrés?
cristina farrés autores peque

Periodista. Especialista en economía. Directora de Crónica Global desde el 1 de enero de 2020.