(Des)Conciliar

Cristina Farrés
4 min

La enésima crisis en el Gobierno catalán, con advertencia de la CUP de que puede (y no le temblará el pulso) recortar aún más los 24 meses de legislatura de Pere Aragonès, ha tapado otra polémica que se ha generado en el seno del Ejecutivo. El anuncio del consejero de Educación, Josep González Cambray (ERC), de que habilitaría un mecanismo para que las escuelas e institutos catalanes accedan al historial médico de sus alumnos para comprobar si cuentan o no con la pauta completa de la vacuna del Covid.

El debate jurídico está abierto y, a la espera de los detalles del decreto, ya se advierte de que tiene pocos visos de llegar a buen puerto. Los legisladores se han esmerado desde hace años en proteger los datos médicos de cualquier persona, ya que son pasto de discriminaciones por su sensibilidad. Pero los avances en este sentido se quedan en nada ante un virus que supone, hasta la fecha, el mayor reto de la humanidad en el siglo XXI.

La contrapartida que ofrece Educación gusta a muchas familias. Les brinda la oportunidad de no repetir nuevos confinamientos, cosa que suena a maná caído del cielo para todos los que han tenido que hacer encaje de bolillos para conciliar, el verbo que no se conjuga en el país.

Ni siquiera los sindicatos fueron más allá en sus demandas de exigir una cobertura legal, aunque fuera de emergencia, a los que debieron atender a los pequeños en casa en 2020, en la fase más dura de la pandemia. Ahora, es la última de las preocupaciones que se abordan desde el diálogo social que mantienen Gobierno, patronales y representantes de los trabajadores.

Es complejo buscar el equilibrio entre dar cobertura legal a la conciliación y evitar el abuso de esta figura. Tanto como evitar que, por ejemplo, la equiparación de las bajas de maternidad y paternidad se use para salir en bici en lugar de compartir la crianza del bebé. Hay una parte que pasa de forma inevitable por la confianza en el sentido común de las personas, y eso va por barrios. Existen demasiados ejemplos de que la corresponsabilidad no se da y el debate sobre la necesidad de llevar las maternales hasta los seis meses (una edad en que casi todos los pequeños ya se sientan por sí solos) está abierto.

Aun así, las carencias del sistema no pueden llevar a habilitar a un Ejecutivo a usar los datos sanitarios de las personas (niños, en este caso) como les parezca. Que la indignación entre la comunidad escolar sea por ahora mínima porque hace más cómoda la organización familiar tampoco es ni una buena señal ni justifica que los centros educativos tengan acceso al expediente sanitario de cada uno de sus alumnos. La protección de datos es la cosa más fácil de ceder y difícil de recuperar.

Artículos anteriores
¿Quién es... Cristina Farrés?
cristina farrés autores peque

Periodista. Especialista en economía. Directora de Crónica Global desde el 1 de enero de 2020.