El 29 de mayo de 2004, la entonces ministra de Cultura socialista Carmen Calvo lanzó una frase que, como muchas otras de su autoría, pasará a los anales: “Estamos manejando dinero público, y el dinero público no es de nadie”. Tal cual.

Viene a la memoria esa afirmación tras leer dos informaciones sobre el sector público catalán. La primera se refiere al montante que Cataluña, como administración, enterró en la aventura de Spanair, una de esas rocambolescas salidas de tono políticas a las que nos enfrentamos en los últimos tiempos. Entre 2009 y 2012, la aerolínea consumió más de 250 millones de euros de dinero público. Los restos de esta fiesta los pagaremos los catalanes hasta 2030. Son datos de la Sindicatura de Cuentas, el organismo público encargado de velar por la fiscalización de los recursos de todos.

En el mismo día y el mismo organismo público nos dice que la empresa que distribuye el agua por Cataluña (ATLL) era viable antes de su privatización por parte de Artur Mas. Si luego añadimos que el concurso público para sacarla del sector público ha sido un reguero de irregularidades y pifias legales aún resulta más difícil entender por qué razón la empresa fue a parar a manos de Acciona.

Cuánta razón tenía la ministra Calvo para definir el proceder de determinada clase política que cuando ejercen de gestores piensan que sus mosquetones están cargados con pólvora del rey. Sólo así puede comprenderse que se admitan los gastos de Spanair o el vía crucis de ATLL sin que se haya producido ni una sola dimisión por responsabilidades políticas.

Esos dos fiascos costaron dinero en el mismo momento que la administración catalana estaba inmersa en todo tipo de recortes. El eje que llamaban “nacional” del debate político lo tapó todo en aquellos momentos. Hoy ya sabemos el saldo de algunas pocas, y los números son justamente los que ellos no cuentan. Casi mejor no saber más, no sea que nos entre un ataque de demagogia populista como a otros.