El cambio de año se ha vivido en una sensación de dejà vu. Las cancelaciones de planes de última hora por la expansión de ómicron han estado a la orden del día, y la población se ha vuelto a dividir entre los que contemplan el toque de queda como la obligación de quedarte de fiesta en casa de un amigo hasta las seis de la mañana y los que se dan prisa por estar en la suya antes de la una.
Con este panorama parece que poco hemos aprendido en materia de gestión de una pandemia que ya no es tan novedosa. Pero, por suerte para todos, parece que las nuevas variantes tienen menor incidencia y que la vacuna permite surfear el Covid como cualquier otra gripe. Esto da alas al optimismo, ya que la Administración pública ni siquiera fue previsora en la compra con antelación de test de antígenos ante el aumento de demanda de las fiestas navideñas y se han llegado a pagar pruebas a 20 euros… y no precisamente porque los farmacéuticos hagan el agosto. Han tenido que adquirir material a intermediarios que son los que se han hecho de verdad de oro, aunque el malestar ciudadano se haya dirigido a los boticarios.
En 2022 deberemos hacer frente a uno de los debates que se cuecen a fuego lento desde hace meses, el de si España debe convertir la inmunización en obligatoria. O si las medidas que se usan para propiciar los pinchazos chocan con la libertad individual o no.
La pandemia no ha favorecido que los gobiernos se pongan las pilas y doten de más recursos e infraestructuras a los servicios sanitarios, que, en Cataluña, aún arrastran los efectos de los recortes que el Govern aplicó en 2010 y que afectan de forma directa a la calidad asistencial. ¿Eso preocupa la ciudadanía? No parece. Tampoco parece que se enciendan demasiadas alarmas por la facilidad con que se han cedido y se ceden derechos fundamentales como la libre movilidad, cuestión que debería preocupar ante el reto de movilizar a los antivacunas para que decidan inmunizarse. O, lo que es lo mismo, esa sutil pero nada menor diferencia entre convencer y amedrentar.
En un momento de despiste general, para muchos ambos términos son análogos. Cabe tener en cuenta que en los últimos días del año una consejera del Govern solicitó de forma pública a través de sus redes sociales personales que se silencie a Crónica Global porque no le gustan las informaciones que publicamos. Y lo hizo mediante la demanda al Ministerio de Justicia de acallar a los fiscales. Todo ello, bajo la supuesta bandera de la libertad de expresión… una curiosa forma de interpretar este derecho.
Lo más intrigante del caso es que el caos que se vive en el seno del Ejecutivo catalán provoca que las diferentes familias independentistas que comparten el Palau de la Generalitat --ERC, JxCat y otra parte de JxCat-- mantengan una especie de cordón sanitario entre ellas en el que se incluyen descalificaciones y críticas durísimas. La olla de grillos en la que hace años se ha convertido el Govern está viva, pero ahora en un escenario de salida de crisis económica abrupta en el que se agradecería un poco de unidad. Como mínimo, de acción más allá de las agendas individuales de cada uno.
Con todo, el inicio de 2022 también nos deja momentos de optimismo que debemos remarcar. En clave política, en Cataluña se han roto los dos bloques que se habían instaurado en el Parlament desde aquellos 6 y 7 de septiembre de 2017 fatídicos, las jornadas en las que se rompió tanto la Cámara catalana como la sociedad. Se avista un final de legislatura con acuerdos políticos más en líneas ideológicas que de defensa de la patria. Estos pactos han permitido que se renueven cargos clave de la Administración autonómica que llevaban años enquistados, como la Sindicatura de Greuges que hasta ahora ocupaba Rafael Ribó, un personaje abonado a la polémica pero que ha resistido contra viento y marea al frente de la institución.
También hay margen para el optimismo ante grandes acuerdos que se han tomado en el país. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género se ha renovado con el apoyo de todos los partidos constitucionales --solo Vox se apeó-- en un gesto que demuestra que el politiqueo no llega a cuestiones tan esenciales como la necesidad de atajar la violencia contra las mujeres. Está cada vez está más identificada y queda pendiente la erradicación, cuestión que no debe ocultar el gran cambio en este sentido que se ha conseguido en el país en poco más de 15 años. Solo análogo a cuestiones como el matrimonio homosexual o la obtención de derechos como el de la eutanasia. Es decir, grandes avances sociales.
Este 2022 empezará con otro gran reto como sociedad, el de elevar el salario mínimo y dar con algún mecanismo que consiga revalorizar las retribuciones, la única alternativa para dejar de ser un territorio low cost con diferencias entre clases sociales cada vez más importantes, sin que ello implique llevarse por delante la recuperación y cronificar aún más el desempleo. La búsqueda de un equilibro complejo, pero que todos los implicados --agentes sociales y Gobierno-- están dispuestos a abordar.
Así que, ¡a por el 2022!
