Cómo medir la calidad democrática de un país

Joaquín Romero
5 min

Cuando algunos partidos con vocación extraparlamentaria quieren descalificar el régimen democrático español recurren al latiguillo de que el Ibex 35 es el verdadero Gobierno del país. Y no es verdad, obviamente, aunque sí es cierto que la facilidad con que se mueven las grandes compañías y la soltura con que toman el pelo a los consumidores constituyen una especie de talón de Aquiles para el sistema.

El miércoles pasado se dio a conocer el nuevo código suscrito por las principales operadoras de telefonía en el que se comprometen a no molestar a la gente en el horario de la siesta, una tregua que ya firmaron hace 11 años y que han incumplido. Lo apoyan Movistar, Orange, Vodafone, MásMóvil y Euskaltel, y consiste en suavizar las prácticas agresivas de televenta, especialmente durante el mediodía. Veremos qué resultados da, pero no hay motivos para el optimismo. Vodafone, la que concentra más amonestaciones de la agencia de protección de datos, fue sancionada con 8 millones de euros en febrero por su afición a saltarse todas las barreras de protección de los ciudadanos, Listas Robinson incluidas.

Las compañías más persistentes son las telefónicas, pero no las únicas. Las energéticas utilizan las mismas técnicas y manejan sus propias bases de datos para taladrar a los clientes y robárselos entre ellas con supuestas ventajas, cuya concreción jamás plasman en un correo electrónico o una carta postal, de la misma manera que nunca informan de la fuente que les ha facilitado el teléfono del afortunado al que quieren aligerar el bolsillo.

Cada innovación en el sistema de contratación entre proveedor y cliente da paso a un nuevo estadio de abusos en el que, por ejemplo, solo se utilizan las grabaciones en poder del comercializador cuando conviene a la empresa.

Otro tanto o peor ocurre con la contratación online, en la que la víctima queda atrapada en una tela de araña antes de que haya podido siquiera pestañear. Hay compañías, como Securitas Direct, que envían los contratos sin advertir de que incluyen un compromiso de permanencia ni informar de que para conservar una copia del mismo el cliente debe transformar el contenido del mail en un documento pdf y guardarlo como un archivo.

¡Qué decir de la banca! Después del escándalo de las preferentes, ha sido sometida a ciertas obligaciones y envía documentos de 9 o 11 páginas en forma de encuesta ininteligible para verificar si el ahorrador entiende la complejidad del producto financiero que le han colocado.

La agresividad de estas compañías termina por generar una gran desconfianza en el sistema político. Porque no es verdad que el Ibex 35 ponga a los ministros, pero la impunidad con que actúan algunos de estos gigantes decepciona al ciudadano, que se siente indefenso y sin una Administración que le proteja. Es muy fácil que el consumidor tenga la tentación de considerar cómplice a un Gobierno que no toma medidas para atajar esos abusos, medidas no solo compatibles con la defensa de la economía de mercado y la iniciativa privada, sino que son su verdadera y más robusta base.

El último y más flagrante de los atropellos se produce en la electricidad, cuyo precio alcanza máximos históricos en paralelo al auge de la demanda. Es imposible que la gente de a pie no responsabilice a la Administración por su incapacidad ante los lobis que cobran por adelantado los beneficios que la protección medioambiental podría cuestionar en el futuro.

Los partidos que están en el Gobierno, como los de la oposición, deberían ser capaces de explicar con claridad qué sucede, por qué hay que recurrir al gas para fabricar electricidad y cuáles son las alternativas. Sin demagogia. Dónde está la trampa del sistema de tarifas para modificarlo. Probablemente, la solución no pasa por una empresa pública: el precio medio del año pasado fue más alto en Francia e Italia, con energéticas estatales potentes, que en España.

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¿Quién es... Joaquín Romero?
Joaquín Romero

Periodista desde 1975. Fue redactor de Tele/eXprés y El Correo Catalán, entre otras publicaciones. Ha sido redactor jefe de El Periódico de Catalunya entre 1994 y 2014. También ha sido director de Crónica Global.