Nadie ha sabido aclarar nunca los motivos que llevaron a la Generalitat a crear un Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat) y, al mismo tiempo, un Centro de Estudios de Opinión (CEO). Una duplicidad que cuesta mucho dinero, un total de nueve millones de euros al año. Pero es que, además, resulta igualmente incomprensible que, a pesar de ese gasto, el Govern haya pasado olímpicamente de la información que proporcionan esos sondeos y encuestas. La tendencia a la baja del sentimiento independentista no se ha traducido en un cambio en las prioridades del Ejecutivo catalán. Como tampoco han servido de indicador de la acción de gobierno las preocupaciones que los catalanes señalan.

La última encuesta del CEO desvelaba que los principales problemas de los ciudadanos son, por este orden, la crisis económica, la corrupción política, el cambio climático, las relaciones entre Cataluña y el resto de España y la gestión del Covid. Pero la campaña de las elecciones catalanas está a punto de llegar a su ecuador, sin que los partidos independentistas que han gobernado en este último mandato hayan reflejado esos intereses en sus actos de propaganda. Y cuando lo hacen, afloran sus contradicciones internas. Especialmente en lo que respecta a sus programas electorales. Dicho de otra manera, que una buena gestión no estropee un titular identitario.

Junts per Catalunya y ERC, que juegan al gato y al ratón en esta campaña --lo mismo se ignoran como prometen fidelidad a un nuevo pacto secesionista--, coinciden en arremeter contra las empresas del Ibex en sus programas electorales. Consideran por lo visto que no son necesarias para que Cataluña recupere posiciones económicas, que se puede prescindir de ellas. Y a las empresas que huyeron de Cataluña por el procés, pues que les den. Sin embargo, los 27 proyectos presentados por el Govern para acceder a los fondos europeos incluyen la participación de esas empresas del Ibex. ¿Quizá porque el tejido industrial se nutre de grandes sociedades tractoras?

La demagogia la carga el diablo, al igual que ese concepto político tan demodé llamado transversalidad. O esas primarias puras, de las que alardea Junts per Catalunya (JxCat). De ahí que la candidatura liderada por Carles Puigdemont, que poco o nada está haciendo en esta campaña por “salvar” a Laura Borràs, se haya hecho un lío con sus propuestas de fiscalidad, tema importantísimo en un momento de reconstrucción económica y social tras el Covid. El ultraliberal Joan Canadell quiere eliminar el impuesto de sucesiones, pero Jordi Sànchez no. Y Borràs dice que, ni una cosa ni otra, pero que tampoco quiere que Cataluña sea la campeona de la presión fiscal.

El programa de JxCat, y ahí viene la gran fake new de los neconvergentes, contempla propuestas para combatir la corrupción. Borràs está imputada por falsedad, malversación, tráfico de influencias y prevaricación por trocear contratos. Ella dice que es víctima de las cloacas del Estado --gran trabajo de los periodistas que la entrevistaron en El País--, pero eso es algo que ya nadie se cree. Lo de prometer una ley de espacios agrarios que ya está aprobada es de traca. ¿Anecdótico? Puede, pero muy sintomático de la empanada mental de un partido, fruto de repetidas catarsis convergentes, astucias y refundaciones cuya única finalidad era tapar recortes y, en efecto, la corrupción del 3%.

De los bandazos de la cabeza de lista de la CUP, Dolors Sabater, sobre su estrategia de pactos, ya ni hablamos. De hecho, hasta su partido la esconde en los debates electorales.

Ese mismo barómetro del CEO anteriormente citado que debería marcar las políticas públicas catalanas también indica que son las propuestas electorales las que más condicionan el voto de los catalanes, seguidas de la ideología. JxCat se enreda con las primeras, y carece de la segunda --¿izquierda, derecha, centro?--, más allá de abundar en la matraca del independentismo, aunque también carezca de una hoja de ruta para ello. ERC tiene ambas cosas, pero sus complejos respecto al efecto Puigdemont les impide acentuar su perfil de izquierdas y sacar pecho de un programa que, en efecto, opta por un secesionismo posibilista.