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Criteria ha demostrado esta semana que con la cartera bien llena se puede frenar una opa como la que quería lanzar el fondo australiano IFM sobre Naturgy para marcar el futuro de la compañía --sus directivos llegaron a hablar de cuál sería el dividendo futuro de la energética, cosa que deja claros sus objetivos--. La energética mantendrá su españolidad y se evitan nuevos episodios como la venta de Endesa a la italiana Enel, aunque en esta ocasión el peso político en la operación ha sido nimio. De hecho, en el proceso ha tenido lugar una crisis de Gobierno inesperada con un impacto más que limitado en la operación.

Lejos quedan las declaraciones del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, sobre la necesidad de que el Ejecutivo no se quedase al margen de la opa y de mantener un cierto control “de lo que es estratégico” para el país, tal y como declaró a finales de febrero. Ocho meses más tarde, Ábalos está fuera de la política y el Gobierno se ha limitado a ver cómo el presidente de la Fundación Bancaria La Caixa, Isidro Fainé, frenaba las pretensiones de IFM. El sector eléctrico se ha convertido en el principal dolor de cabeza del Gobierno y de Pedro Sánchez, pero por otros motivos.

Las últimas encuestas indican que la pérdida de apoyos de la coalición de PSOE y Podemos está más relacionada con la factura energética disparada (y ojo, que en breve empiezan a bajar los termómetros) que con otras políticas que han levantado polvareda. Entre ellas, la concesión de los indultos a los líderes del procés, el perfil bajo que se adopta en las cuestiones que puedan herir sensibilidades en ERC en un claro acercamiento al partido --¿con la vista puesta en Madrid o en la Generalitat?-- o allanarse a favor de la justicia ante la denuncia de adoctrinamiento escolar en ciertos libros de texto que se usan en centros públicos.

El ruido blanco político cada vez permea menos en nuestro país. Pasan sin pena ni gloria reflexiones fuera de tono como las de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien, además de su curiosa reflexión sobre el aborto, ha manifestado esta semana que no se puede “regalar a todo el mundo la educación porque no es sostenible el sistema”. Como si la educación gratuita (que no lo es en su totalidad por cuestiones como el comedor, los libros…), que está recogida en la Constitución, que es básica en el Estado del bienestar y funciona como un puntal de ascensor social fuese un “regalo” que se permiten brindar los políticos con los presupuestos públicos. Toda una declaración de principios de la líder del PP que, de nuevo, pasa desapercibida.

Pero la política está en horas bajas en España. El viernes por la noche el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, protagonizó otro plantón procesista para demostrar que es muy independentista y no acudió a la entrega de los premios Planeta. Nadie le echó de menos. De hecho, la mayoría de los presentes aplaudieron a los reyes durante su entrada en el acto y repitieron la ovación por petición del presidente del grupo editoria, José Creuheras.

Por cierto, sí que se habló del elevado coste de la factura energética en los corrillos del MNAC, el espacio donde se celebró la entrega de los galardones culturales con la dotación más alta del mundo, un millón de euros. El impacto de rascarse el bolsillo sí que es transversal.

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¿Quién es... Cristina Farrés?
cristina farrés autores peque

Periodista. Especialista en economía. Directora de Crónica Global desde el 1 de enero de 2020.