Dicen los politólogos que ERC nunca ha sido un partido de izquierdas. Solo lo fue en la época del Gobierno tripartito. Carod, Bargalló, Ridao, Benach... eran de izquierdas. Pero Companys, Macià, Irla, Tarradellas, Barrera, Hortalà, Rahola, Colom, Puigcercós o Junqueras son de derechas. Pero dejemos la política de salón y centrémonos en la gestión. Desde 2012, los republicanos han apoyado la política de recortes del Govern en materia de guarderías. Primero lo hicieron como cómplices externos de la austeridad del expresident Artur Mas. Después entraron en el ejecutivo convergente y no solo avalaron ese tijeretazo, sino que permitieron que el dinero público que debía ir destinado a la educación de 0 a 3 años fuera a parar a escuelas privadas. ERC fue reincidente en ese favorecimiento de los colegios de elite, pues el desvío se llevó a cabo entre los años 2012 y 2014.

Seis años después, la justicia ha dado la razón a una treintena de ayuntamientos, en su mayoría del PSC e ICV, obligados a asumir la financiación de las escoles bressol y que reclamaron el cobro de esos atrasos. Bendito contrapoder metropolitano. El que siempre temió Jordi Pujol y que ahora es más necesario que nunca. Seis años que coinciden con un proceso independentista que lo mismo tapa una corruptela que un nulo interés por los problemas sociales derivados de la crisis económica. 

Nada sabemos del programa de gobierno del presidente in pectore Carles Puigdemont, empeñado en protagonizar una secuela de la legislatura anterior, en la que el desafío secesionista al Estado redujo la política social a puro postureo presupuestario

Pero parece que la desobediencia es consustancial al espíritu secesionista y, a pesar del contundente varapalo judicial, el Govern se resiste a cumplir con las sentencias que le obliga a pagar lo que debe. Enredados en investiduras telemáticas y tensiones internas, los nuevos convergentes y sus socios republicanos han respondido con un mutismo elocuente a esa reclamación judicial. De hecho, nada sabemos del programa de gobierno del presidente in pectore Carles Puigdemont, empeñado en protagonizar una secuela de la legislatura anterior, en la que el desafío secesionista al Estado redujo la política social a puro postureo presupuestario. 

Oriol Junqueras, que pudo aprovechar su condición de responsable económico, perdió la oportunidad de aplicar una verdadera política fiscal redistributiva. Y puede que más del 70% del presupuesto de la Generalitat se destinara a programas sociales, pero con unas partidas muy inferiores a las del triparto. E incluso a las del primer gobierno de Artur Mas, que entonces tenía al PP como aliado. ERC está enfrascada ahora en una negociación con Junts per Catalunya y la CUP sobre cargos y sillas gubernamentales, pero sin intercambio de propuestas. Sin contenido. Sin acción de gobierno.