Si hubiera alguna duda sobre las razones que han llevado a los médicos catalanes a convocar una huelga para finales de enero, solo habría que echar un vistazo a cómo ha evolucionado la afiliación a la sanidad privada en Cataluña para hacerse una idea de la situación. Las cifras facilitadas por el Ayuntamiento de Barcelona señalan que la media de la ciudad –donde se concentran la mayor parte de los hospitales privados del país-- ha subido al récord histórico del 40% de la población, casi el doble que hace apenas 15 años; y en los barrios de renta más alta roza el 50%. Es una nueva forma de copago, menos visible, pero tan real como la que se aplica en las medicinas y que tanto llamó la atención hace unos años.

El hecho de que cuatro de cada 10 barceloneses con derecho a sanidad pública universal opten por hacer una nueva aportación y financiarse una mutua privada de su bolsillo tiene que ver con la pandemia, claro, pero sobre todo con el colapso de la atención primaria. El sistema ha gripado y ya da los primeros síntomas de contagio aguas arriba, en la atención hospitalaria.

El retraso en el servicio de ambulancias, afortunadamente solo perceptible de momento en las altas médicas, la desaparición práctica de algunas prestaciones periféricas como la fisioterapia o las curas, y la difícil, en ocasiones nula, colaboración de los CAP en el seguimiento de los tratamientos postoperatorios son una prueba clara de la esclerotización progresiva del sistema.

La situación está al “límite”, según han denunciado las enfermeras, auxiliares, técnicos y administrativos que quieren sumarse a la protesta de los facultativos para que se haga efectiva la mejora de las condiciones laborales que aprobó el Parlament en abril pasado.

La Generalitat de Cataluña ha dedicado este año a sanidad el 24% de su presupuesto, frente al 29% de 2017 o el 35,51% de 2008. En términos reales, eso quiere decir que en 2022 ha invertido 1.390 euros por habitante, casi la misma cantidad deflactada que hace 14 años. Solo factores tan elementales como el envejecimiento de la población, el crecimiento demográfico y la ampliación de las coberturas asistenciales dan suficientes pistas de que la política sanitaria no está al día, lo que se manifiesta, de momento, en la caída de la calidad asistencial más próxima al ciudadano, la primaria.