Si el Govern se diera tanta prisa en ejecutar los fondos Next Generation asignados a Cataluña como en incluirlos en los presupuestos de la Generalitat de 2022, las empresas catalanas estarían menos asfixiadas. El consejero del ramo, Jaume Giró, invitó ayer a los grupos parlamentarios a hacer un ejercicio de responsabilidad y apoyar las cuentas de 2023. Muchas incógnitas surgen al respecto. ¿Volverá el consell executiu a recurrir a las ayudas europeas para cuadrar ingresos y gastos? ¿En qué partido se apoyará? Y, sobre todo, si es cierto que existe ese atasco en la tramitación de los Next Generation, como admitió el presidente Pere Aragonès, ¿dónde están los miles de millones pendientes de adjudicar?

La pregunta es pertinente después de semanas de quejas independentistas sobre el supuesto déficit inversor del Estado en Cataluña. Cada año, a estas alturas de curso parlamentario, el Govern recurre a este tipo de discursos, que aúnan economía y agravio identitario. ¿Qué puede fallar? Pues que las cifras demuestran que el Govern ve la paja en el ojo ajeno, pero no el pedazo de viga que tiene en el suyo. De los 2.194 millones asignados para 2021-2022 --la cifra que contemplan como ingresos los presupuestos catalanes para este año--, se han convocado o licitado 697,4 millones y se han adjudicado 234,4 millones. Es decir, que solo se ha ejecutado un 14,8%, un 31,7% está en marcha y un 68,3% de los recursos están pendientes.

Diez años de procesismo han demostrado que las estructuras de Estado no solo son una falacia independentista, como reconoció la exdiputada de la CUP, Gabriela Serra, sino que tampoco existen dentro del Govern mecanismos ágiles que permitan gestionar con rapidez esas ayudas tan necesarias para las empresas que generan empleo. Aragonès, cómo no, culpa de nuevo al Estado por no tener competencias directas en la gestión de los Next Generation. ¿No será que la estructura faraónica de la Generalitat se adapta más a los bolsillos de los cargos de ERC y Junts per Catalunya que a las necesidades contables del día a día? ¿Disponer del presupuesto autonómico más alto de España, 38.139 millones, sirve para mantener centenares de empresas, consorcios o fundaciones que ejercen de satélites de la Generalitat o para garantizar el Estado del bienestar de los catalanes? ¿Acaso no son las peleas entre socios, las duplicidades generadas por la coalición independentista y la proliferación de oficinas, organismos y comisiones, las culpables de la burocracia administrativa? Desconocemos si En Comú Podem ha tomado nota de todo ello y se arrepiente de haber apoyado las cuentas de este año, o repetirá el canje de cromos con los presupuestos del Ayuntamiento de Barcelona para 2023, año de elecciones municipales.

A la parálisis en la gestión de los fondos europeos se unen las listas de espera para acceder a ayudas sociales como la dependencia, donde Cataluña se encuentra entre las autonomías con más retrasos. Pero es que también lo está, según datos del Imserso, en las tramitaciones de las pensiones no contributivas por jubilación y por invalidez. Y se tardan dos años en acceder a una plaza residencial de discapacidad. Así lo recordaba ayer el portavoz adjunto de PSC-Units, Raúl Moreno. Sin olvidar el caos en la adjudicación de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), programa estrella de la anterior legislatura, por no hablar del fiasco en la concesión de becas comedor en plena pandemia a los alumnos el riesgo de pobreza. ¿Problemas con la informática? ¿Un "vuelva usted mañana" versión 4.0? ¿Los últimos datos de Idescat --el INE catalán-- o de Save the Children sobre pobreza no sirven de nada?

Eso sí, bienvenidos sean el nanosatélite y la inteligencia artificial al servicio de la lengua catalana.