El proceso soberanista en Cataluña, que se explica por diferentes factores –uno de ellos, no el menos importante ha sido la crisis económica que arranca a partir de 2008 y que ha tenido enormes consecuencias—ha provocado un notable debate político que va más allá de acordar ahora una serie de propuestas para solventar el problema de forma coyuntural o a medio plazo.

Lo que se discute es si el nacionalismo catalán puso las bases, con los gobiernos de Jordi Pujol a partir de 1980, para educar y lograr que varias generaciones interiorizaran la necesidad –con razón o sin ella, o con medias verdades—de caminar hacia la independencia. En ese caso, estaríamos hablando de una deslealtad con respecto al resto de conciudadanos españoles, o, directamente, de una traición de los gobiernos autonómicos respecto a los gobiernos españoles, teniendo en cuenta que, con la arquitectura constitucional, el presidente de la Generalitat es el máximo representante del Estado en Cataluña.

Pero el problema de fondo es que hay medias verdades, y que existen problemas en la construcción del estado autonómico que han provocado que una parte importante de la sociedad catalana, la más sensibilizada con el autogobierno, no se sienta satisfecha.

Y ahí aparece el Círculo de Economía, que mantiene una tónica que muchos pueden criticar, precisamente porque se ha movido poco y no ha tenido en cuenta que se ha producido esa deslealtad de la que hablábamos.

Pero las disfunciones existen, ahora y en un lejano 2001, cuando el mismo Círculo de Economía, presidido por Salvador Gabarró, sostenía –con Aznar en la Moncloa—que existía un problema político, relacionado con el reparto del poder. Lo plasmaba en un documento con un título ilustrativo: El papel del Estado en el mantenimiento del equilibrio territorial en España. Se sostenía que las políticas no debían reforzar una tendencia a la concentración unipolar del poder.

Y eso ha estado en la base de la confrontación entre una burguesía catalana, que daba cobertura a los políticos nacionalistas catalanes, y otra burguesía, la propia de la capital del Estado, con músculo, con carácter, aupada por el poder político, que quería volar por su cuenta siguiendo los cánones del liberalismo económico.

Lo que propone ahora el Círculo de Economía es recomponer las heridas, buscar por qué hay cosas que han quedado cojas. Y no es la menor que, --a pesar de que fue un error, tal y como lo había visto siempre Jordi Pujol y expertos constitucionalistas como Enric Argulloll, nada partícipes de modificar ni la Constitución ni el Estatut—Cataluña no tiene ahora un Estatut vigente que tenga el consenso de todos los catalanes.

No lo tiene porque, a pesar de que no fue la hecatombe que presenta el independentismo, la sentencia del Constitucional de 2010 dejó un Estatut tocado, que había sido refrendado por los catalanes, aunque la participación no fue la que se había deseado.

Eso se debe reparar, y buscar una solución, un nuevo acuerdo político interno, entre las fuerzas políticas catalanas, y externo, con una posible reforma de la Constitución, o un acuerdo político. Y con arreglo a un verdadero autogobierno, porque así lo quiere la mayoría de catalanes, teniendo en cuenta, según distintas encuestas –aunque seamos todo lo prudentes que la cuestión exige—que una parte muy importante de la ciudadanía querría una consulta para decidir qué encaje le gustaría tener con el resto de España, qué futuro desearía para Cataluña.

En los diferentes estudios sobre el nivel de autogobierno de Cataluña que se realizan, en España y a nivel internacional, se constata que está en una zona intermedia, que es notable. Pero también se deja claro que la famosa descentralización del Estado español no equivale exactamente al nivel de autogobierno.

Por ejemplo, en la capacidad de gasto, España es terriblemente descentralizada, pero en el capítulo de ingresos los gobiernos autonómicos tienen muy poca capacidad, precisamente, de autonomía. Y eso es la piedra angular de un gobierno, que, recordemos, es elegido por un parlamento propio que votan todos los ciudadanos catalanes. Falta corresponsabilidad entre el gasto y los ingresos, y en eso se centra el Círculo de Economía.

Las disfunciones también son notables en algunas materias. Las autonomías legislan, pero con las leyes de bases del Estado el Gobierno central puede modificar, cercenar o aprobar una ley sobre la misma materia que las comunidades deben cumplir.

Es lo que apunta el Círculo cuando reclama que se deje claro qué competencias presta cada gobierno, con algunas materias “blindadas” para Cataluña, en materia de lengua y cultura, principalmente. Eso nos lleva a reforzar el Estado autonómico en clave federal, con un senado que sea el foro real de las discusiones –para llegar a acuerdos—entre los distintos gobiernos autonómicos y el gobierno central-federal.

El peligro latente es que se reinicie el llamado “contentamiento” a los nacionalistas, cuando se ha comprobado que han cometido alta traición.

Pero eso no implica que se dejen de lado las cuestiones que no funcionan, que se abandone un camino de entendimiento, que se resuelva que no hay nada que hacer, que impere la resignación o que se impulse un proyecto opuesto, contundente, que pretenda reducir los impulsos del nacionalismo.

Nada de lo que promueve el Círculo, que no es otra cosa que actualizar un catalanismo ampliamente compartido por la sociedad catalana, implica amparar lo que ha hecho el independentismo en los últimos años. Nada.

Pero resolvamos lo que no ha funcionado bien, recuperemos esa herida del Estatut –por culpa de muchos, en Barcelona y en Madrid— y busquemos una salida acordada, teniendo en cuenta que ese catalanismo también ha servido para modernizar España, junto con el conjunto de los españoles, y llevarla a las más altas cotas de desarrollo y de bienestar de toda su historia desde la recuperación de la democracia. Otra cosa es que la dificultad es grande, que las cosas han cambiado, que la relación de fuerzas es más compleja. Pero lo que pide el Círculo es necesario, porque implica buscar un nuevo acuerdo. Necesario y urgente.