Hace 40 años, cuando a pedagogos cómplices con el incipiente régimen catalanista se les preguntaba por la imposición del catalán como única lengua vehicular, solían bostezar como si estuvieran cansados ante tanto necio; pero, como se consideraban sujetos tolerantes, a continuación, dedicaban a su interlocutor la sonrisita típica del nacionalista que se cree en posesión de la verdad y perdona la vida.

Ahora, tras la sentencia del Supremo sobre la ilegalidad de la inmersión, los partidarios del etno-lingüismo han pasado de bostezar a dar alaridos. Paradójicamente, los defensores de la inmersión invocan la desobediencia cuando ellos han exigido siempre la obediencia. Dicen que la sentencia por su recurso es un ataque a la llengua, cuando ellos se han dedicado en cuerpo y alma a arremeter con todas sus fuerzas contra la convivencia social y educativa de las dos lenguas mayoritarias en Cataluña.

Ya en un panfleto firmado por Acció Patriòtica Catalana, difundido en julio de 1977, se recogían las líneas maestras de lo que poco más tarde se denominó normalització --un término de inspiración nacionalsocialista--, y después immersió. El texto iba dirigido a “andaluces, castellanos, extremeños, asturianos, maños, murcianos y gallegos que llegasteis hambrientos a CATALUNYA a comeros nuestro pan”.

Algunos de los párrafos de dicho panfleto revelaban la agresividad etnicista, argumento principal del victimismo lingüístico que aún perdura:
 

“- Que tenéis a menos hablar nuestra lengua, siendo nuestra cultura superior.

- Que aunque ahora vuestros hijos aprendan nuestro idioma, no será atenuante, porque si lo aprenden es por obligatoriedad y no de manera voluntaria, como debió ser. CATALÀ en la escuela, CATALÀ en la Universidad, CATALÀ en el trabajo… ¡CATALUNYA es NUESTRA!

- Que en las estadísticas que manejan algunos figure un 62 por 100 de castellanos-parlantes es falso, pues los mejores de los vuestros están identificados con nuestras aspiraciones de “CATALUNYA LLIURE” (…).

- Que para conseguir cualquier puesto de trabajo obligaremos a que sea condición hablar de manera perfecta el IDIOMA CATALÁN, como ya lo viene haciendo la CAIXA y demás cajas y bancos y en bastantes establecimientos provocados. Impondremos el CATALÁN TOTALMENTE”.

El texto continuaba con recomendaciones escatológicas sobre “la hombrada de airear banderitas andaluzas” en la Diada de Sant Boi de 1976, y terminaba con tres significativos y premonitorios vivas: “¡VISCA el PSUC, VISCA Convèrgencia Democràtica, VISCA CATALUNYA LLIURE!”. Sin esa precoz alianza entre la izquierda intelectual --sostenida por el obrerismo converso--, el nacionalismo burgués y el independentismo ultra nunca se hubiera impuesto un modelo lingüístico delictivo y en contra de la mayoría de la población.

Durante cuatro décadas han gastado miles de millones de dinero en la promoción e imposición del catalán como única lengua vehicular en lugar de dedicarlo a invertir en la educación pública, han destinado cientos de millones en alimentar servicios de espionaje y delación contra el uso del castellano a través de plataformas de tendencia totalitaria o de empresas privadas de conocidos personajes televisivos. Ni siquiera las imposiciones lingüísticas ejecutadas durante la dictadura franquista --que duró menos que el aún vigente régimen catalanista-- alcanzaron tal nivel de fobia ni desparrame de fondos públicos.

Que dos asociaciones ciudadanas hayan conseguido poner en evidencia la desvergüenza nacionalista debería hacer reflexionar a aquellos partidos de ámbito estatal, sean de izquierdas o de derechas, sobre su indolencia ante el nacionalismo delictivo. La respuesta de la Generalitat ya se conoce, pero la del PSC y la de Sánchez y su Gobierno no pueden ser la de ignorar y no ejecutar la sentencia del Supremo. Porque sí eso sucede, se hará realidad la moraleja del cuento del traje del emperador, y los partidos gobernantes que dicen velar por la justicia social y el bien público serán considerados como una pandilla de estultos que han sido engañados por unos trileros, sus socios parlamentarios, a los que deberían recordarles que, ante la delincuencia antidemocrática, tolerancia cero.