¿Hay un piloto a bordo? ¿Está el Gobierno de la Generalitat en condiciones de ejercer como tal? Un gobierno es un órgano ejecutivo por definición. Tras los debates, consultas y asesoramientos que estime pertinentes, su función es la de arbitrar y decidir. Y es ante las cuestiones complejas, aquellas que afectan al futuro del país y a las condiciones de vida de la ciudadanía, donde se mide la consistencia y la capacidad de liderazgo de un gobierno. La ampliación del Aeropuerto de El Prat, propuesta por Aena, es sin duda una de ellas. El proyecto no es nuevo, lleva ya tiempo sobre la mesa de las administraciones públicas. Las prisas vienen ahora porque la compañía, que establece su programa de inversiones con una frecuencia quinquenal, debe cerrarlo en los próximos meses. Un proyecto de la envergadura del propuesto, que supondría 1.700 millones de euros de inversión y tendría múltiples impactos socioeconómicos y medioambientales, no sería realizable sin el acuerdo de la Generalitat. La UE, por su parte, se mostraría sin duda reticente si no hubiese también un alineamiento de los municipios afectados, empezando por El Prat y Barcelona. La constitución de una mesa de trabajo es, pues, una buena noticia. Pero se ha perdido un tiempo precioso por razones de interinidad política y --valga la expresión-- planean muchas incertidumbres sobre la propuesta.

Como es natural, Aena subraya los beneficios que reportaría una ampliación del aeropuerto, incrementando su capacidad y transformándolo en un hub de vuelos intercontinentales: más allá de los flujos turísticos, supondría atracción de inversión, empresas y talento hacia una ciudad convertida en nodo de la economía global. Las cifras de creación de empleos, directos e indirectos, que se barajan producen vértigo. Por supuesto, esas cosas siempre hay que verlas más de cerca: no hay proyecto de cierta envergadura que no se venda como un milagro económico. En cualquier caso, el mundo empresarial ha respondido con un llamamiento unánime a la realización de esta infraestructura. Si los sindicatos han emitido por su parte serias reservas acerca del modelo aeroportuario que se pretende impulsar, las críticas más contundentes han surgido desde la sensibilidad ecologista. Aunque la oposición más sorprendente es la que han expresado los partidos independentistas. Recordemos que el déficit de inversión del Estado ha sido uno de los agravios más reiteradamente expuestos. Disponer del "aeropuerto que Cataluña se merece" era en 2017 una de las razones esgrimidas en favor de la ruptura con España. Ahora, cuando esa inversión está sobre la mesa, ERC y JxCat parecen tener un repentino acceso de conciencia verde. Algo realmente novedoso, vista la vehemencia con la que estos partidos defendieron un proyecto de macrocasinos como el que en su día se conoció como Barcelona World, ruinosa operación especulativa y agresión al territorio sin paliativos. Antes bien, cabe suponer que algunos necesitan mantener un clima de confrontación con España: ayer nos "robaba", hoy nos envenena el aire.

Tales incongruencias y relatos demagógicos no disminuyen, sin embargo, la pertinencia de las inquietudes medioambientales. La prolongación de una de las pistas de aterrizaje invadiría una zona natural protegida del delta. ¿Es factible la compensación que propone Aena, habilitando nuevas hectáreas a ese espacio? ¿Es posible una intervención exitosa sobre ese delicado ecosistema como la que acompañó hace unos años la ampliación del puerto de Rotterdam, en la que dice inspirarse Maurici Lucena, director ejecutivo de la compañía? Y, sobre todo, en un momento de emergencia climática como el que vivimos, ¿cuál sería el impacto, en cuanto a emisiones de CO2 se refiere, de los vuelos de larga distancia, reputados los más contaminantes, así como del previsible incremento del tráfico aéreo en otros radios? En una reciente entrevista, Lucena se mostraba muy confiado acerca de la pronta incorporación de carburantes verdes a la aviación civil. Algunos expertos dudan de que eso sea factible a corto o medio plazo. ¿Qué medidas se tomarían entonces para contener tales emisiones? ¿Serían suficientes para no desviarnos de la senda de reducción marcada por Europa, que ha obligado a frenar las pulsiones expansivas de algunos aeropuertos, como el de Heathrow? Desde luego, no faltarán temas a dilucidar en la mesa de trabajo.

Pero, al final, habrá que tomar responsablemente decisiones. Y, para ello, es importante que los términos en que se planteen las disyuntivas estén honestamente formulados. En última instancia, subyacen en el debate dos tendencias: una orientación desarrollista, que prima el crecimiento económico sobre cualquier otra consideración, y una tendencia que exige actuaciones acordes con la crisis ecológica. Pero las administraciones no deberán zanjar una disputa entre modelos teóricos. Desde las filas ecosocialistas se insiste en que sería más razonable diseñar un sistema aeroportuario descentralizado y conectado por red ferroviaria, utilizando de modo más eficiente los recursos existentes. Sin embargo, la cuestión planteada concretamente no es esa, sino la de una determinada inversión, cuya eventualidad no volvería a plantearse hasta 2027, si es que para entonces Aena no hubiese hecho otra apuesta. ¿Es posible gobernar el proyecto de Aena, modularlo en términos de sostenibilidad y provecho social? ¿Sería concebible, por ejemplo, tomar impulso sobre él para plantear otras inversiones del Estado en la red ferroviaria, generando alternativas a los vuelos de corta distancia? A todo eso convendría ahora consagrar energías e imaginación. Desde luego, no cabe bajar la guardia en cuanto a las derivadas medioambientales. Del mismo modo, los sindicatos de clase deben velar por la calidad contractual de los empleos anunciados. Pero, en la decisión que finalmente se tome debe pesar muy mucho la posible contribución del proyecto a la reactivación económica.

Y ahí tampoco se trata de una discusión abstracta. El relanzamiento del turismo sería sin duda un resultado de la ampliación de El Prat. He aquí un sector tocado por la pandemia y cuyo actual modelo conlleva muchas externalidades negativas. Pero difícilmente podríamos transitar hacia un modelo más diversificado y equilibrado --ni hacia una economía menos terciarizada--, pivotando sobre el paro de miles y miles de trabajadoras y trabajadores de la hostelería, la restauración y los servicios. La izquierda no debería echar en saco roto las lecciones de las últimas elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid: si aparece como una fuerza gruñona, pero incapaz de responder a las urgencias de la vida cotidiana, la gente le volverá la espalda. Last but not least, si se llegase a una conjunción astral entre Generalitat, socialistas y comunes capaz de afinar adecuadamente y sacar adelante un proyecto de tamaña importancia, no cabe duda de que el clima político mejoraría sensiblemente en Cataluña. Nada mejor que un buen gobierno de las cosas para generar confianzas y facilitar el diálogo en otros ámbitos. ¡Ojalá la política --que es negociación y es pacto, y exige medir las fuerzas de las que cada cual dispone-- se imponga sobre el sectarismo, los intereses particulares y las proclamas destinadas al autoconsumo! Ojalá la nave pueda tomar tierra sin demasiados sobresaltos para el pasaje.