Vodevil en el Parlament

José Antonio Sorolla
7 min

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, debe comunicar hoy a la Junta Electoral Central (JEC) que ha acatado la orden de retirar el acta al diputado de la CUP Pau Juvillà, condenado a seis meses de inhabilitación por un delito de desobediencia al no quitar los lazos amarillos que exhibía en las ventanas de su despacho del Ayuntamiento de Lleida durante la campaña electoral de 2019.

Pero, antes, para llegar a la resolución del caso, el Parlament ha escenificado una comedia de enredo, un auténtico vodevil de idas y venidas en el que lo que era no era lo que parecía y lo que parecía no era lo que era. Borràs había dicho por activa y por pasiva que no iba a suspender al diputado Juvillà aunque se mantenía la incertidumbre sobre si al final cumpliría la decisión de la JEC, que dictó que no era necesario esperar a que el Tribunal Supremo convirtiera en firme la sentencia para que el cupaire perdiera el escaño.

Esta resistencia de Borràs no podía ser más coherente con su actitud de crítica abierta a su predecesor, Roger Torrent, en el caso similar que afectó al presidente de la Generalitat Quim Torra en la legislatura anterior. Torrent acató la decisión de la JEC, tras ser condenado Torra por desobediencia por no quitar una pancarta del Palau de la Generalitat, y retiró el acta de diputado al president.

Pero una cosa es la coherencia de las palabras y otra la realidad de los hechos. Atrapada entre la firmeza de sus declaraciones y la inminencia de la decisión sobre el acatamiento de la resolución de la JEC, a Borràs no se le ocurrió otra cosa que suspender sine die la actividad del Parlament. El independentismo se ha cansado de rechazar las “injerencias” judiciales de órganos estatales reivindicando la “soberanía” de la cámara. Borràs justificó su decisión así: “Estamos firmes contra la represión, unidos para defender la soberanía ante las injerencias del Estado”. Pero, cuando se presenta un conflicto como este, la forma de defender la soberanía es cerrando el Parlament. Menuda defensa de la soberanía adoptar una medida antidemocrática, sin precedentes, que vulnera los derechos de los diputados y pone en entredicho la dignidad y el prestigio de la cámara.

La drástica decisión de Borràs, sin embargo, dividió al independentismo (ERC y la CUP discreparon) y al final quedó limitada a una “recomendación” de que los diputados independentistas suspendieran su actividad durante dos días hasta que se pronunciara sobre el caso la Comisión del Estatuto del Diputado. Eso ha significado la desconvocatoria de siete comisiones. La Comisión de Derechos Sociales, presidida por una diputada socialista, que no se desconvocó, no pudo celebrarse por falta de quórum. En este caso, no pudieron aprobarse las enmiendas a la ley de medidas urgentes sobre la vivienda, lo que retrasará la ley antidesahucios, que se tramitaba con carácter de urgencia a propuesta de los tres partidos independentistas. Pero ahora lo más urgente, por lo visto, era gesticular con una paralización del Parlament que no servirá para nada.

La Comisión del Estatuto del Diputado aprobó el miércoles un dictamen en el que se dice que “las fuerzas políticas del Parlament consideran que el límite de la desobediencia política a la represión del Estado pasa por preservar a los funcionarios de cualquier responsabilidad penal y contable por la que puedan ser perseguidos”, es decir, que la desobediencia queda en pura retórica porque los funcionarios son los que validan los acuerdos y ejecutan el pago de las nóminas de los diputados y, naturalmente, tienen derecho a no incumplir las leyes.

El presidente de la comisión, Jaume Alonso-Cuevillas (Junts), dijo que no se podía retirar el escaño a Juvillà porque había un “conflicto normativo” entre lo que prevé la ley orgánica de régimen electoral general (LOREG) y lo que dispone el reglamento del Parlament sobre la pérdida de la condición de diputado. Este conflicto se podría resolver si las elecciones autonómicas se rigieran no por la Loreg, sino por una ley electoral propia, esa que hace más de 40 años que se espera.

A Juvillà ya se le ha comunicado por la secretaria general de la cámara que no cobrará la nómina de febrero --podría incurrirse en malversación--, que es como decir que ya no es diputado. En una muestra perfecta de que nada es lo que parece, Cuevillas declaró el miércoles: “El Parlament cree que Juvillà sigue siendo diputado, pero no puede garantizar la eficacia de todos los actos que conlleva el ejercicio de este derecho”. Es decir, que no lo es.

Que no es diputado se confirmó ayer en el pleno extraordinario convocado de urgencia para ratificar el dictamen de la Comisión del Estatuto del Diputado. Borràs no aceptó la delegación de voto del cupaire porque había dejado de ser diputado.

Para acabar así, el vodevil ha durado una semana, en la que los partidos independentistas, y sobre todo la presidenta Borràs, no han dudado en utilizar las instituciones, en concreto el Parlament, para practicar la inútil e infantil política de las apariencias. Y al final Borràs ha hecho lo mismo que Torrent, a quien tanto reprochó que no desobedeciera a la JEC.

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¿Quién es... José Antonio Sorolla?
José Antonio Sorolla

Periodista desde 1974. Ha sido redactor jefe de El País, director adjunto de El Periódico de Catalunya y corresponsal de ambos diarios en París.