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La vivienda como pretexto

Sergio Sanz
22.09.2020
7 min

En julio, los grupos separatistas y Comunes presentaron en el Parlament una proposición de ley para la regulación de los alquileres. Esos partidos sabían y saben perfectamente que la ley, aprobada en el pleno del 8 de septiembre, vulnera el marco constitucional y estatutario, como se constató en el dictamen unánime del Consejo de Garantías Estatutarias del recurso presentado por Ciudadanos y PP sobre la proposición de ley. A pesar de la constatación de su inconstitucionalidad, los proponentes quisieron aprobarla igual. ¿Por qué lo hicieron? Porque lo que buscan no es dar soluciones a los problemas de la ciudadanía sino utilizarlos como pretexto para alcanzar otros objetivos políticos.

Los que buscan esos partidos es que la ley acabe en el Tribunal Constitucional para continuar alimentando el relato victimista de que “tenim un Estat en contra” que no nos deja solucionar los problemas que afectan a la ciudadanía. En este sentido, resultan muy ilustrativos unos tuits que hizo el 6 de septiembre Josep Costa, diputado de JxCat y vicepresidente del Parlament. Según él, la ley debería ser aprobada para hacer evidente que “el Parlament está intervenido”. Esto es todo lo que hay detrás de la propuesta de la regulación de los alquileres: un pretexto para intentar manipular emocionalmente la opinión pública y crear un descontento social nuevo para convertirlo en apoyo político. Por supuesto, el Parlament no está intervenido, pero no es omnipotente: está sometido, como todo poder en un sistema democrático, al imperio de la ley. En un Estado descentralizado como el nuestro las competencias se reparten entre distintos niveles administrativos que, de estar dirigidos por personas razonables, se coordinarían en defensa del interés general.

En cuanto al interés de los Comunes, franquicia local de Podemos, es parecido: reducir el problema a una lucha entre el bien y el mal, representados como inquilinos y propietarios. Así como el separatismo se nutre electoralmente del enfrentamiento contra un mal que dibujan con la forma de España, los Comunes lo hacen alimentando el mito de una España que no transitó verdaderamente a la democracia, en la que todos los males son responsabilidad de “los de arriba”, que ataron lo que llaman “régimen del 78”.

Entre unos y otros vemos como el debate sobre unas políticas públicas fundamentales para el bienestar, se utiliza como un elemento de agitación emocional para ganar apoyo electoral. En estas circunstancias, no se produce el debate político riguroso, de confrontación de ideas o modelos de gestión, porque falta lo fundamental para ello: la honestidad intelectual. Todo lo que pretenden es acabar con lo que llaman “régimen del 78”, que no es otra cosa que el sistema constitucional que ha procurado mayores índices de justicia, igualdad y libertad de toda la historia de España. Y la vivienda acaba convertida un pretexto más de una agenda política que nada tiene que ver con ésta.

Por el camino, el verdadero debate sobre las políticas públicas de vivienda sigue ausente. Los discursos maniqueos dan para más titulares, y mayores gesticulaciones que los debates sobre políticas públicas basados en evidencias. Y en medio de todo esto, quedan ocultos algunos indicadores relevantes. El más importante, a mi juicio, es que la Generalitat de Cataluña destina a políticas de vivienda la mitad de lo que destinan de media el resto de las comunidades autónomas en relación con sus presupuestos globales. Las políticas de vivienda, igual que las sanitarias o las educativas, requieren muchos recursos públicos. Sin embargo, aquí las prioridades están mal ordenadas, y un ejemplo de ello es que la Generalitat destina más dinero a TV3 y todo el entramado comunicativo que a políticas de vivienda. Todo ello en la comunidad autónoma que encabeza el número de desahucios por habitante mientras ha ido vendiendo terrenos residenciales públicos a promotores privados en lugar de destinarlos a la construcción de viviendas públicas.

Que la regulación de los alquileres aprobada sea inconstitucional o haya podido tener efectos contraproducentes donde se ha aplicado, como la reducción de la oferta de alquiler o la aparición de un mercado negro, parece no importar. Esta manera frívola de hacer política y conseguir apoyo electoral enquista problemas que cualquier político responsable buscaría resolver con honestidad y rigor. Porque la experiencia demuestra que cuando las políticas de vivienda son adecuadas, mejoran los índices de cohesión social y la igualdad de oportunidades. Lamentablemente, para estos grupos, la vivienda no es más que un pretexto con el que retroalimentar los discursos de los que viven electoralmente. Viven del discurso sobre el problema. No de que éste se solucione. Y por eso, continuarán votando en contra de iniciativas que sí tienen encaje constitucional, como incentivar fiscalmente los alquileres asequibles, la creación de nuevas viviendas protegidas en edificios existentes facilitando los proyectos de subdivisión o cambios de uso que tengan ese fin, o crear un fondo de recursos para la creación de un amplio parque público de vivienda. Porque todo ello, puede ser perfectamente viable y útil para la ciudadanía, pero no sirve para nada a sus intereses partidistas.

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¿Quién es... Sergio Sanz?
Sergio Sanz

Sergio Sanz es arquitecto. Posgrado en sostenibilidad y arquitectura y Posgrado en dirección inmobiliaria. Diputado en el Parlamento de Cataluña por Ciutadans.