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El virus infecta la política

José Antonio Sorolla
8 min

A pesar de las subidas y bajadas de tono de la oposición en sus críticas al Gobierno desde que estalló la crisis sanitaria, el coronavirus ha infectado la política en este país de todos los demonios, en el que, por cierto, el silencio de la Iglesia católica es atronador cuando tantos creyentes sufren y esperan consuelo.

La política no se ha podido librar del contagio en España en una situación gravísima, mucho más que en otros países. Algún día habrá que saber por qué el Covid-19 ha afectado tanto a España, convertida, junto a Italia, en el país con más personas contagiadas y con más muertos de Europa cuando las medidas adoptadas han sido similares a las de los gobiernos de Francia y Alemania, y mucho más contundentes que en el Reino Unido.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha cometido errores, reconocidos con la boca pequeña, sobre todo de improvisación --tradicional deporte nacional-- y de falta de previsión, así como de escasa comunicación con los partidos de la oposición y con las fuerzas económicas y sociales. Pero los vaivenes, dudas, rectificaciones y carencias son muy parecidos a los que se han producido en otros países europeos porque la novedad de la pandemia y las dificultades para abordarla han cogido con el pie cambiado a todos los gobiernos, que han ido dando palos de ciego cada día.

Las críticas a la actuación gubernamental son imprescindibles en una democracia, pero sobra la saña con que los representantes de la derecha política y mediática se emplean para descalificar cualquier actuación del Gobierno en plena batalla, mientras las cifras de contagiados y de fallecidos aumentan sin cesar. Una oposición política, por lo demás, que tampoco puede dar lecciones de coherencia.

El líder del PP, Pablo Casado, ha pasado en poco más de un mes de pedir que se bajaran los impuestos (!!!) como primera medida para detener la pandemia a considerar que estamos en pleno estado de excepción, más que de alarma. Ha pasado también de exigir medidas más radicales a criticar la dureza del confinamiento cuando este se ha extendido a la paralización de la economía salvo en las actividades esenciales. Ha censurado el retraso del estado de alarma en dos días después de anunciarlo Sánchez y también la aceleración del endurecimiento con el mismo plazo entre el anuncio y la entrada en vigor. Casado se queja asimismo de que Sánchez no le llama. Sobre esta incomunicación se ha establecido un debate que recuerda al de la investidura, cuando el PP lamentaba que no se le consultara sobre posibles acuerdos, pero previamente ya había anunciado que no iba a abstenerse en ningún caso.

Salvo algún corto periodo de moderación, el PP ha proseguido con su estrategia de no distanciarse demasiado de Vox, calificando la actuación de Sánchez de “cóctel explosivo de arrogancia, incompetencia y mentiras”. No muy lejos de los exabruptos de la extrema derecha, que acusa a Sánchez de ser “indigno”, propone un Gobierno de “emergencia nacional” integrado por tecnócratas, que recuerda al que intentaba formar el general golpista Alfonso Armada en 1981, y reclama la intervención del Ejército, además de en la logística sanitaria, “en todas las actividades esenciales del Estado y de la industria que lo requieran”.

Vox tacha al Gobierno de “criminal”, lo mismo que se puede leer en catalán en algunos artículos de El Nacional y VilaWeb, donde se ha llegado a culpar a Sánchez de los 5.000 muertos que se habían contabilizado hasta que decidió endurecer el confinamiento como le venían reclamando Quim Torra y todo el coro mediático del independentismo. Aunque al adoptar esa decisión Sánchez contó con el la aprobación de Torra, no por eso disminuyeron las críticas desde el Govern y los medios que le apoyan. Ni un solo día la portavoz Meritxell Budó o el conseller de Interior, Miquel Buch, han dejado de culpar al “Gobierno de España” de todos los males que aquejan a Cataluña. Emmanuel Macron o Angela Merkel deben de ser también unos “asesinos” igual que Sánchez, según esos comentaristas sin sentido de la mesura.

Paralelamente, en Madrid, el nivel de la crítica ha aumentado con la paralización de la economía y la aprobación del paquete de medidas sociales (subsidios a los más vulnerables, ayudas a alquileres, moratorias de hipotecas, avales, prestaciones por cese de actividad, aplazamiento del pago de deudas e impuestos, limitación de los despidos, prohibición de cortes de suministros de energía), calificadas de “ideológicas” por el PP y la prensa adicta, de una ideología contraria, claro, a la suya. ¡Cómo si las decenas de titulares lanzados contra el Gobierno no fueran ideológicos! Solo hay que repasar la hemeroteca para ver que las críticas no son técnicas ni profesionales, sino ideológicas.

El jueves, Casado declaró que “estamos ya en un estado de excepción de facto” y aseguró erróneamente que el estado de alarma “no limita la circulación de personas”, pero no quedó muy claro si denunciaba un recorte de libertades, como ya se empieza a sugerir desde otros medios, o reclamaba el paso a un nuevo estadio. Sin embargo, como muy bien ha explicado en El Periódico el catedrático Xavier Arbós, ninguna ley regula con precisión la situación de confinamiento, que equivale a reclusión, y “quien está confinado tiene prohibido todo desplazamiento, excepto el que se le autoriza”. Según la ley orgánica sobre los estados de alarma, excepción y sitio, en el de alarma se “limita” la libre circulación, en el de excepción se “podrá prohibir” y en el de sitio no se establece una alternativa diferente, y por eso propone una nueva regulación cuando acabe la pandemia. Es otra muestra más de que los gobiernos –el de España y todos los demás— hacen lo que pueden e improvisan sobre la marcha ante una crisis inédita. 

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¿Quién es... José Antonio Sorolla?
José Antonio Sorolla

Periodista desde 1974. Ha sido redactor jefe de El País, director adjunto de El Periódico de Catalunya y corresponsal de ambos diarios en París.