En dinámicas tan caóticas como la que se vive en España, a consecuencia del 1-O del secesionismo catalán, afloran extrañas simetrías. De un parte, en la moción de censura Pedro Sánchez convocó una mayoría excesivamente heterogénea para la idiosincracia histórica del PSOE pero que podía justificarse --como se dijo-- para convocar elecciones anticipadas. Aun así, según Talleyrand, un gobierno que se apoya es un gobierno que cae. Sánchez no convocó elecciones, gobernó ocho meses en la inanidad y acabó teniendo que convocarlas porque, entre otras cosas, sus socios de la moción de censura contra Rajoy no le dieron otra salida.

No siendo la política una ciencia geométrica, es difícil hablar de simetría entre Carles Puigdemont y el final del gobierno de Sánchez pero el símil es posible: especialmente como ha detallado el lendakari Urkullu y como ya se sabía en gran parte, Puigdemont estuvo en disposición de evitar la aplicación del 155 --aplicación que el gobierno de Rajoy no tenía gran empeño en hacer-- anticipando elecciones autonómicas pero las presiones de la calle, según se dice, se lo impidieron. Todavía ignora que los márgenes de un Estado de Derecho marcan las normas del juego político. Rebasarlas te puede llevar el Tribunal Supremo o a Waterloo.

Al final, como por otra también ocurre con la caída del gobierno socialista, someterse a la presión en situaciones de ese calado define la baja calidad y la irresponsabilidad de la clase política que ha liderado en Cataluña el “procés”. Qué la ERC que ahora se presenta como la alternativa realista al caos fuera causante de la presión a Puigdemont da la medida del despropósito congénito del partido del coronel Macià, algo ya prenunciado no pocas veces por Josep Tarradellas.

Si alguien rompe el cristal de un escaparate, la reacción del dueño del escaparate puede ser torpe, desmedida o apocada pero lo que no resulta lógico es que se le haga responsable del cristal roto. Y esa ha sido la táctica independentista desde la hora cero. Es decir, saltarse los semáforos y responsabilizar a quien los puso allí en razón de lo que fue un consenso histórico admirable. En las tertulias de la desinformación hay quien intenta convertir ese juicio en una recusación de 1978 pero no todo vale: negar 1978 llevó a lo que ha sido una catástrofe para la vida económica, social e institucional de Cataluña, dividiendo casa por casa y familia por familia, con un impacto manifiesto en el conjunto de España y en su acontecer político, como se verá en unas elecciones –generales, municipales, autonómicas y europeas- que parecen expresamente convocadas para confundir y no para aportar lucidez. Qué alguien como el juez Marchena actúe en nombre de un Estado juicioso es lo que permite seguir esclareciendo en lugar de difundir la confusión.