Desde 2010, Cataluña ha recortado la inversión en políticas destinadas a la mujer en un 31%. En total, existen sólo ocho servicios de acogida y recuperación para las víctimas de violencia machista: 59 profesionales para atender a toda la población de Cataluña. En 2017, apenas 102 mujeres que necesitaban alejarse de su agresor pudieron acceder a una vivienda de protección oficial. La Comisión Nacional para una Intervención Coordinada contra la Violencia Machista, que tiene que coordinar toda la lucha contra esta lacra, se reunió sólo tres veces en 2017 y desde septiembre de este año hasta el mismo mes de 2018 estuvo un año entero sin reunirse.

Es parte de la radiografía del estado de las políticas de lucha contra la violencia machista en Cataluña. Como ha ocurrido con la sanidad, la educación, la vivienda pública o el combate contra la pobreza, éste es uno de los problemas que ha sido colocado en lista de espera. A pesar que en la última encuesta de violencia machista de Cataluña, un 64% de las mujeres confesaba haber sido víctima en algún momento de su vida y un 17,6% a lo largo del último año consultado.

Cataluña ha recibido en los últimos meses del gobierno español más de 17 millones de euros para el despliegue de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Son partidas significativas que se han conseguido gracias a la movilización del movimiento feminista pero también al empeño del gobierno de Pedro Sánchez de destinar recursos a un problema que se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. Estos 17 millones de euros corresponden a los fondos presupuestados para 2018. En los próximos meses, si se aprueban los Presupuestos Generales del Estado, Cataluña recibirá una cifra aún más significativa: 20,5 millones de euros para el despliegue del pacto a lo largo de 2019.

Estos 17 millones de euros transferidos casi duplican lo que Cataluña destinó para luchar contra la violencia machista en todo 2017 y que, según cifras facilitadas por el Institut Català de les Dones, fue de 9.750.000 euros.

Cataluña es la segunda comunidad que ha recibido más fondos del Estado en 2018 pero casi cuatro meses después que se hiciera efectiva la primera transferencia --de 12,8 millones de euros--, seguimos sin saber qué se está haciendo con estos recursos. Tampoco conocemos cuál es el monto que destinará el gobierno catalán para luchar contra la violencia machista en sus propios presupuestos ni cuánto dispondrá para desplegar el Pacto Catalán contra la Violencia Machista. El pasado julio, la consejera Elsa Artadi anunció en el Parlament que el pacto catalán se pondría en marcha pero siete meses después seguimos sin tener noticias.

¿Cuáles son las cuestiones más urgentes en las que deberíamos estar empleando estos 17 millones de euros? Una de las medidas que contempla el Pacto de Estado contra la violencia de género es la puesta el marcha de las Unidades de Valoración Forense Integral (UVIF), equipos multidisciplinarios formados por psicólogas, trabajadoras sociales y médicos forenses que dan una respuesta especializada y coordinada.

Estas unidades son clave para medir el riesgo de las mujeres víctimas de violencia machista y decidir sobre medidas cautelares pero también para disminuir el riesgo que tienen las hijas e hijos de los agresores. Son equipos que hacen una evaluación integral para que jueces y fiscales puedan tomar decisiones que eviten asesinatos y maltratos. Cataluña es el territorio donde menos órdenes de protección se conceden a pesar que el 27% de las mujeres que han sido asesinadas había presentado una denuncia previa. En estos momentos contamos con sólo tres Unidades de Valoración Forense Integral. Necesitamos desplegarlas en todo el territorio, tantas como provincias e Institutos de Medicina Legal existen.

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género establece que en septiembre de 2019 deberían estar desplegadas todas estas unidades. Esto significa que tenemos sólo siete meses para hacerlas realidad. Y tenemos el dinero para hacerlo, no hay excusas. También es urgente desplegar las medidas que tienen que ver con la formación especializada en el ámbito educativo. Esta semana hemos sabido que las agresiones machistas cometidas por menores han crecido un 45% en dos años. Esto requiere proyectos escolares que rompan los estereotipos y roles de género que siguen imponiéndose.

En el ámbito de las cuestiones que son competencia de Cataluña, es perentorio que la Comisión Nacional para una Intervención Coordinada contra la Violencia Machista, que tiene el encargo de crear los grupos de trabajo para abordar los distintos tipos de violencias, funcione con eficiencia y regularidad. En estos momentos estos grupos no funcionan o simplemente no existen. El grupo de trabajo de abordaje de las violencias sexuales tardó cinco años en ponerse en marcha. El grupo de trabajo de abordaje de la violencia machista en el ámbito laboral, aún no se ha creado. El grupo de trabajo para el abordaje del tráfico de niñas y mujeres con fines de explotación sexual se creó pero luego se cerró. ¿Cómo se explica que en un momento en que Cataluña es epicentro de una alta actividad de trata y tráfico de mujeres, se cierre el grupo de trabajo que tiene que abordar esta cuestión?

Según uno de los últimos informes publicado por el Institut Català de les Dones, la Red de Atención y Recuperación Integral de Cataluña atiende sólo a un 11% de las mujeres que se estima son víctimas de violencia machista. Esto quiere decir que el 90% de las mujeres, 9 de cada 10 víctimas de violencia machista en Cataluña queda fuera de cualquier tipo de atención.

Es hora de ponerse a trabajar. Tenemos más de 17 millones sobre la mesa para poner en marcha las medidas que contempla el Pacto de Estado contra la violencia de género que eviten más asesinatos, maltratos y violencia. Pero necesitamos también contribuir desde aquí, con nuestros propios recursos a la lucha contra la violencia machista. Cataluña dispone anualmente de un presupuesto global de 35.000 millones de euros. No podemos permitirnos estas cifras. Es urgente que dispongamos de unos presupuestos con perspectiva de género y pasar de las declaraciones de buenas intenciones a los hechos.