Usted puede tener derecho a una devolución de Hacienda y no saberlo

Esaú Alarcón
22.02.2022
11 min

¿Se acuerdan ustedes de aquellas devoluciones millonarias que hizo la AEAT hace no tantos años por el subsidio por el nacimiento de hijos? Igual no conocen el origen, pero resultaron beneficiados. Todo vino de una sentencia del Tribunal Supremo que, realizando una inesperada interpretación de la ley de renta, consideró exenta la prestación por el nacimiento de hijos que perciben las madres trabajadoras.

El novedoso criterio del alto tribunal fue asumido de tal manera por el Gobierno que se llevó al absurdo, favoreciendo no solo a las féminas trabajadoras por cuenta ajena --gran caldo de cultivo populista-- sino también a los padres que cobraron por la baja paternal y, por supuesto, a los funcionarios, cambiándose incluso la ley para que todo quedara muy claro en el futuro y ya no dejara lugar a discusiones.

El populismo de la medida llegó a tal extremo que la Agencia Tributaria llegó a crear incluso un sistema ágil de devolución exprés que permitía recuperar lo adeudado sin presentar escritos pidiendo la rectificación de tu declaración del IRPF, a través de un sencillo mecanismo en el que ponías unos datos mínimos de tu declaración y obtenías la devolución de los cuatro últimos ejercicios (los no prescritos).

La gracia costó unos 2.500 millones de euros, una cifra escandalosa, superior a lo que se recauda en todo un año por el tan publicitado impuesto sobre el patrimonio o a lo que el ínclito Montoro esperaba recaudar por su conocida amnistía fiscal, de la que solo consiguió sacar algo menos de 2.000 millones.

Pues bien, leer este artículo le puede suponer un cierto ahorro impositivo, que esta vez el ministerio no quiere propagar como ocurrió con las madres trabajadoras, por motivos que ciertamente no alcanzo a entender. O prefiero no entender.

El origen viene, de nuevo, de la nueva casación, es decir, del criterio fijado por el Tribunal Supremo en una sentencia del pasado verano que resuelve una discusión interpretativa sobre un precepto de la ley que regula el impuesto sobre la renta.

En concreto, el debate afecta a aquellas personas físicas que, siendo propietarios de un inmueble, lo tienen alquilado, siempre y cuando fuera adquirido por una donación o una herencia. Si usted (i) no es titular de un inmueble, sea vivienda o no, (ii) o, siendo propietario de un inmueble, no lo alquila o (iii) arrendándolo, lo adquirió comprándolo o pagando un precio determinado, ya puede dejar de leer este artículo y entretenerse con quehaceres más útiles, como leer a Ramón de España en esta misma página, que es harto más divertido, culto y ocurrente que yo.

Por el contrario, si usted es uno de los cientos de miles de personas que recibieron un inmueble por herencia o donación y lo tienen alquilado, debe saber que la cifra de gastos deducibles que se aplicó sobre la renta de su alquiler es inferior a la correcta, al menos, en las dos últimas declaraciones de renta. Fíjese que no utilizo un verbo de posibilidad o probabilidad, sino de certeza. Usted (o su gestor) puso mal ese dato y pagó más impuestos de los que le correspondían.

Créanme, no soy el padre Apeles de la fiscalidad. Es algo mucho más sencillo. Y malvado. Se lo explico seguidamente, en un lenguaje lo más cercano posible.

A la hora de configurar, año tras año, los programas informáticos con los que confeccionar la declaración de renta, el ministerio de Hacienda viene obligado previamente a dictar una orden ministerial, es decir, un reglamento dictado por el ministro.

Estos reglamentos, por mor de la normativa administrativa y de los principios de buena regulación que existen en el entorno de la Unión Europea, deben cumplir unos requisitos como el hecho de ofrecer un período de información pública previa, para que los interesados que se enteren de la existencia de los proyectos legislativos en marcha, formulen sus observaciones antes de su publicación oficial.

Desde la asociación de la que me siento orgulloso --cada vez más, con lo grouchomarxista que yo soy-- de formar parte, AEDAF, venimos tradicionalmente aprovechando esta posibilidad para formular observaciones que, proyecto tras proyecto, son sistemáticamente desechadas por el ministerio.

Sin embargo, hay una cuestión informática sobre la que es imposible efectuar siquiera alegaciones en dicho plazo: los algoritmos que se esconden dentro de los programas informáticos utilizados por la Agencia Tributaria.

En el caso del IRPF, resulta que en las dos últimas campañas de renta --2019 y 2020--, los duendes informáticos del ministerio introdujeron en el programa de renta un algoritmo que obligaba a aplicar un determinado gasto sobre las rentas por alquileres si, como he comentado antes, el inmueble lo había adquirido el contribuyente a título lucrativo, es decir, por herencia o por donación.

Resulta que el importe de ese gasto --técnicamente, la base de la amortización del inmueble en cuestión-- era una cuestión debatida sobre la que Hacienda había decidido, haciendo su capa un sayo, adoptar un criterio extralegal en contra del contribuyente y, como no, a favor de la recaudación.

En efecto, la citada sentencia del Tribunal Supremo ha acabado confirmando lo que ya intuíamos: que el importe de dicho gasto es superior a lo que, arbitrariamente, te dejaba meter el programa de Hacienda. Una maldad en toda regla, por la que no he tenido conocimiento de que nadie haya recibido ni siquiera un mísero expediente disciplinario.

Tras confirmarse lo erróneo de su criterio, lamentablemente, la AEAT no ha asumido la levísima penitencia de facilitar un medio ágil de devolución o una devolución de oficio, que hubiera resultado muy sencilla dado que la propia Administración ya dispone de los datos para proceder a calcular el gasto que resultaría correcto. Vamos, que la devolución podría ser automática, si a la titular del ministerio le diera la gana, ella que lo tiene todo “arreglao” tan rápidamente.

Por eso es importante que, si usted puede estar afectado --positivamente, en todo caso-- por esta cuestión, se lo haga saber de inmediato a su gestor o colaborador fiscal habitual para que haga la gestión pertinente. También puede pedir directamente la devolución accediendo al programa Renta Web de los ejercicios 2019 y 2020, si es que es capaz de bracear en el marasmo (des)informativo de la web de la Agencia Tributaria.

Y, dicho todo esto, llega la hora de las reflexiones.

Pero, vamos a ver, Esaú, ¿no existe un organismo que defiende los derechos de los contribuyentes? Sí. El Consejo para la Defensa del Contribuyente, cuyo presidente ha batallado mucho este tema, con los resultados comentados. Poco más ha podido lograr. Y es que, en jerga garciamarqueña, el contribuyente no tiene quien le defienda porque resulta que los componentes que presuntamente le representan no son designados por asociaciones como la citada AEDAF u otras sino --¡oh, sorpresa!-- por el ministerio. Y, ¡oh, mayor sorpresa!, resulta que suelen ser exmiembros del propio ministerio que acaban de girar las puertas hacia algún despacho grande de abogados. Lo que viene siendo un juanpalomismo en toda regla, oigan.

¿Y el Defensor del Pueblo? Siguiente pregunta, que me da la risa. Todavía estoy esperando reacciones suyas a la imposición, desde la declaración del IRPF de 2018, de la presentación electrónica de la renta para todos los contribuyentes. Pero, esto, lo dejo para otro capítulo porque el final de esta cuestión se está cocinando ahora mismo a fuego lento en el Tribunal Supremo.

En fin, ¿saben ustedes cuál es el resultado de estas actuaciones viciadas, retorcidas, arbitrarias, malignas del ministerio como la del algoritmo que les acabo de comentar? Muy fácil: mayor litigiosidad. Desde que en AEDAF hemos detectado estas malas praxis en la creación de normativa reglamentaria, sistemática y cautelarmente estamos impugnando tooooodos los reglamentos que van publicándose en el boletín oficial porque, a lo mejor, inesperadamente, esconden un algoritmo perverso y contrario a la ley, como en el caso que les acabo de explicar. Y, lamentablemente, si no recurrimos contra la norma inmediatamente, muchas veces el contribuyente se daría cuenta cuando ya se le ha pasado el plazo para interponer un recurso.

Así pues, si nadie nos defiende de la voracidad recaudatoria, de las malas prácticas normativas, de las arbitrariedades del poder público, alguien tendrá que levantar la mano y luchar por nuestros derechos y, créanme, esa hercúlea tarea --como se ha demostrado con los famosos bienes en el extranjero-- la está capitaneando, en solitario, la citada asociación.

Por lo tanto, no queda otra alternativa que dar las gracias, desde aquí, a sus más de tres mil asociados, que deben sentirse orgullosos por luchar contra lo que el maestro García de Enterría llamaba las inmunidades del poder. A ellos les debe mucho el contribuyente y, por cosas como esta, merece la pena levantarse de la cama cada mañana. Somos ciudadanos, no súbditos, como recuerda obstinadamente mi amigo Javier Gómez Taboada.

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¿Quién es... Esaú Alarcón?
Esaú Alarcón

Doctor en Derecho. Abogado en Gibernau. Profesor universitario. Miembro de la AEDAF y de la RAJYL.