Una gran conversación nacional

Dice el ex presidente Zapatero, en una entrevista para La Vanguardia, que la salida al laberinto catalán es "volver al Estatut anterior a la sentencia" del Tribunal Constitucional y se muestra partidario de reconocer a Cataluña como "comunidad nacional". Parece que en este punto Zapatero asume el discurso de quienes, con el objetivo de justificar su empeño rupturista, insisten en que la sentencia del TC supuso entre otras cosas la liquidación del reconocimiento de Cataluña como nación, afirmación que no se ajusta a la realidad positiva, pues tanto el término 'nación' como la expresión 'realidad nacional' permanecen intactos en el preámbulo del Estatut.

Lo primero que habría que hacer para encauzar la salida al laberinto catalán es poner en marcha una gran conversación nacional que reúna a representantes políticos de todas las partes implicadas

Creo, humildemente, que lo primero que habría que hacer para encauzar la salida al laberinto catalán es poner en marcha una gran conversación nacional que reúna a representantes políticos de todas las partes implicadas, principalmente de los gobiernos central y autonómico catalán, pero también de otros gobiernos autonómicos y de la sociedad civil. Urge encontrar una solución a la actual situación y, para ello, es fundamental que nuestros políticos se dejen de bravatas partidistas y asuman que están obligados a dialogar para tratar de reconducir el agotador desencuentro institucional de los últimos años.

Llegados a este punto, me parece imprescindible que, en cuanto se forme Gobierno --y más nos vale que sea pronto--, el nuevo presidente del Ejecutivo convoque al presidente de la Generalitat, no tanto para hablar entre ellos, que también, como para acordar la manera de poner en marcha esa gran conversación nacional entre Gobiernos autonómicos, Gobierno central, partidos y representantes de la sociedad civil de Cataluña y del resto de España, con la cuestión catalana, sí, como asunto principal.

Está claro que la mera invocación del diálogo no va a resolver mágicamente el problema, pero el solo hecho de plantear públicamente esa conversación multilateral tiene la potencial virtud de desenmascarar a quienes dicen apostar por el diálogo, cuando da toda la impresión de que lo que de verdad pretenden es hacerlo imposible. El que rechace participar en esa gran conversación, sea quien sea, quedará retratado como obstruccionista y desleal y difícilmente podrá seguir escurriendo el bulto mucho tiempo.

Veamos si están dispuestos a intentar resolver ese problema político asumiendo la diversidad de voluntades y renunciando a la amenaza de ruptura

En realidad tienen razón quienes dicen que éste no es un problema jurídico sino político, pero se les ve el plumero cuando a renglón seguido dejan claro que, como el problema no se resuelve a su antojo, ellos rompen la baraja constitucional y adiós muy buenas. Son los mismos que proclaman solemnemente que el problema es que "no hay voluntad política", obviando el detalle de que no es que no haya voluntad política, sino que lo que hay en una sociedad plural como la nuestra son voluntades políticas diversas. Veamos si están dispuestos a intentar resolver ese problema político asumiendo la diversidad de voluntades y renunciando a la amenaza de ruptura. Esa es la principal virtualidad de esa gran conversación nacional de la que hablo.

Ahora bien, lo primero que convendría hacer para ir preparando el terreno para el diálogo es empezar a poner las cosas en sus justos términos. Una opinión pública informada, o al menos no intoxicada por la batalla interpartidista, debe acompañar esa gran conversación nacional. No estaría de más, por ejemplo, que nuestros políticos conocieran y se preocuparan de divulgar entre la opinión pública el verdadero alcance de la sentencia sobre el Estatut, tantas veces mentada como el origen de todos nuestros males, y dejar de dar por sentando que el TC dice lo que nunca ha dicho.

De entrada, en ningún caso el TC declaró inconstitucional la referencia del preámbulo del Estatut a Cataluña definida "como nación" por el Parlament, ni a la "realidad nacional de Cataluña". Ambas referencias permanecen incólumes tras la sentencia, es decir, son plenamente constitucionales. Lo único que hizo el TC es señalar que ambas previsiones carecen de eficacia jurídica interpretativa, con el único objetivo de evitar posibles contradicciones con el término 'nación' que la Constitución predica de la nación española, término que incorpora la noción de soberanía, que en España como en la inmensa mayoría de los países de nuestro entorno --incluidos, por cierto, Canadá y el Reino Unido-- reside en el conjunto del pueblo del que emanan los poderes del Estado.

Está claro que los partidos nacionalistas querrían inferir de ese reconocimiento estatutario, y por tanto constitucional, de Cataluña como nación la consideración de ésta como sujeto de soberanía y, en consecuencia, como sujeto de derecho a la autodeterminación. De ahí la importancia de la aclaración del TC, que por cierto coincide en este sentido con lo que en su día dijo el Consell Consultiu --actual Consell de Garanties Estatutàries-- en su dictamen 269, de septiembre del 2005.

Incluso después de la sentencia del TC, el preámbulo del Estatut vigente sigue hablando de Cataluña como "nación" y de la "realidad nacional" de Cataluña

Sea como fuere, no creo que nadie pueda sostener que la idea de considerar a Cataluña como 'comunidad nacional' suponga un avance en el reconocimiento de la singularidad de Cataluña cuando, incluso después de la sentencia del TC, el preámbulo del Estatut vigente sigue hablando de Cataluña como "nación" y de la "realidad nacional" de Cataluña. Curiosamente, los más acérrimos partidarios y detractores del reconocimiento de Cataluña como nación se han puesto de acuerdo en distorsionar el contenido de la sentencia del TC sobre el Estatut e insisten por doquier en que el TC declaró inconstitucional ese reconocimiento. A ambos les interesa esa distorsión. A los primeros, que se niegan a aceptar que España es uno de los Estados más respetuosos con su pluralidad interna, siempre les parecerá poco cualquier reconocimiento que no sea el de Cataluña como Estado independiente; a los segundos les resulta insoportable la idea de que en España coexistan diferentes realidades nacionales y prefieren seguir actuando como si el término 'nacionalidad' que prevé la Constitución no existiera.

En cualquier caso, estoy convencido de que la mayoría de los ciudadanos de Cataluña y de toda España está deseando que se reconstruyan los puentes institucionales y que entre todos seamos capaces, mediante equilibrios razonables, de recuperar la concordia perdida en los últimos años. Partiendo del respeto a la Constitución y de la necesidad de consenso, hay mucho de qué hablar entre todos. Insisto, me refiero a una conversación y no a un trágala al Estado. No se trata de un proceso unidireccional, ni mucho menos de practicar la política de contentamiento con quienes solo persiguen la ruptura, sino de construir en sede multilateral espacios políticos de encuentro entre quienes aspiran a seguir viviendo juntos. Creo que vale la pena intentarlo.