El coronavirus habría llegado igual a España con o sin la existencia de la UE. ¿Cómo habría hecho frente el Estado al gasto enorme --lleva ya unos 135.000 millones comprometidos-- que comporta la atenuación de las consecuencias sociales y económicas de la epidemia sin la UE en su estadio actual de desarrollo? Agotados los fondos propios, tendría que recurrir a la emisión de deuda a intereses inasumibles, sin poder atender una parte substancial de los gastos sobrevenidos.

El programa de compras de emergencia de activos públicos y privados del BCE permitirá que España soslaye la presión extrema de los mercados sobre el interés de la deuda y podrá contar, si fuera necesario, con los créditos del Mecanismo Europeo de Estabilidad y los avales del Banco Europeo de Inversiones, además del fondo europeo contra los riesgos del desempleo. Medidas propuestas con carácter general por el Eurogrupo y confirmadas por el Consejo Europeo del pasado jueves.

 No es ni mucho menos lo que hará falta para la reconstrucción, pero por lo pronto queda asegurada la liquidez del Estado, la cual, dadas las urgencias, resulta vital,  desplazándose el problema financiero al pago de los intereses y a los vencimientos de la deuda.

Hasta ahora, en la crisis del coronavirus ha habido una puja de críticas a las instituciones de la UE y escaso reconocimiento de su utilidad. Ha sido notorio el tremendismo de los vaticinios: “Europa se la juega”, “Europa se rompe”, sin explicar cómo se produciría la ruptura: ¿disolviéndose la Unión, acaso? La disolución de la UE sería algo incluso más complicado que su construcción.

Muchos críticos no saben o no quieren saber nada de competencias (tampoco el ciudadano corriente, que quiere resultados “ya”), pero éstas existen y constituyen la esencia del orden jurídico en el ámbito de la UE --como en el del Estado--, sin cuya esencia no hay organización ni seguridad. Es irritante que sesudos comentaristas o políticos en busca de un chivo expiatorio ignoren ese dato fundamental.

Se exige a la UE lo que no puede dar por falta de competencias o de recursos. Así ha sido en relación con los eurobonos o coronabonos  --como se les quiere llamar ahora-,  convertidos en esta crisis en erróneo caballo de batalla de la solidaridad intracomunitaria, con la (deducible) nefasta conclusión de que si no hay eurobonos no hay solidaridad, luego sin solidaridad no interesa la UE. Este es el mensaje sesgado que llega a la opinión pública.

La UE es una compleja unión de Estados soberanos, a la que éstos  atribuyen determinadas competencias especificadas en los Tratados y que la Unión debe ejercer de manera rigurosamente controlada. Algunos Estados consideran que no pueden asumir que se mutualice la deuda de los eurobonos  --Alemania y los Países Bajos entre otros--,  faltando la unanimidad requerida y siendo problemático el anclaje jurídico de los eurobonos, la UE carece de competencias para emitir los bonos en cuestión. No debería ser pues la UE el destinatario de las críticas, sino los Estados que se oponen a la emisión, crítica a despachar previo conocimiento de sus razones (que las tienen, más o menos fundadas).

De hecho, ya existe una cierta forma de mutualización a través  de los fondos disponibles para los créditos de emergencia, fondos que en su mayor parte han sido (indirectamente) proveídos  por los Estados miembros. Y la solidaridad intracomunitaria, que tanto ha ayudado a España, se expresa normalmente a través de los fondos estructurales y de inversión del presupuesto comunitario, que para el período 2014-2020 ascienden a 351.800 millones.

La UE se ha caracterizado en los momentos decisivos por la adopción de soluciones transaccionales  --con frecuencia “in extremis”--, además de lo que Josep Borrell llama el recurso a “instrumentos innovadores”. La fórmula propuesta por el presidente del Gobierno en el Consejo Europeo de creación de un “fondo de reconstrucción” de 1,5 billones, mediante deuda perpetua con la garantía del presupuesto de la UE --que no es lo mismo que deuda mutualizada--,  pertenece a ese tipo de transacciones e instrumentos.

Ha sido esa una buena base de partida para la negociación, que ha llevado a un acuerdo del Consejo sobre la creación de un Fondo de Recuperación ligado, efectivamente, al presupuesto comunitario plurianual. La Comisión Europea deberá presentar cuanto antes una propuesta concreta sobre la cuantía del fondo, su financiación y su carácter: transferencias por programas, préstamos reembolsables (a largo plazo) o una combinación de ambos, lo que dará lugar a nuevas duras negociaciones hasta el agotamiento, como es habitual al tener que conciliar tantos intereses.

Al fin, habrá una transacción no tanto por la obligación moral de la solidaridad, aunque también, como por el imperativo del mercado común, que requiere, en interés de todos –incluida especialmente Alemania, primer exportador comunitario-, la recuperación de la capacidad de gasto, pública y privada, o sea la reconstrucción económica de Europa post Covid-19.

La UE no ha fracasado, sigue siendo lo que es: una Unión en construcción de Estados soberanos, cuyas limitaciones son imputables a éstos como miembros, que son, a la vez, representantes de los intereses nacionales de sus sociedades.

Nota a pie de página. ¿Por qué no nos explican los dirigentes secesionistas cómo en su Estado propio, que dicen que lo haría mejor que “el Estado español”, se financiaría la deuda estando fuera de la UE y con una calificación de salida de la deuda de Cataluña de “bono basura”?