Para buena parte de la sociedad española, sobre todo para la joven generación de este milenio, la Guerra Civil empieza a ser una referencia tan lejana como lo fue la apelación a los desastres del 98 como origen de los males de España para los nacidos a mediados del siglo XX. Sin embargo, nuestra última guerra fratricida sigue muy presente en el debate político por la acción u omisión de aquellos que prefieren seguir manoseando el pasado. Hace diez años la ley de memoria histórica se enfrentó a la dura oposición del PP y a la descalificación, por "fraude" hacia las víctimas del franquismo, de ERC. El pasado 12 de septiembre algo parecido se volvió a repetir en el debate de una proposición no de ley en el Congreso sobre la nulidad de las sentencias contra Lluís Companys, pero esta vez con una importante salvedad. Ahora los populares ya no quieren derogarla, sino que la consideran felizmente un punto de encuentro. ¡Solo han tardado una década en sumarse al consenso! Cualquier día de estos se toman en serio lo de la memoria histórica y destinan fondos para adaptar a la ley el Valle de los Caídos o localizar las fosas y exhumar los cadáveres.

El independentismo sigue sin querer enterarse de que, habiendo sido expulsados del ordenamiento jurídico español los juicios por causas políticas, ideológicas o religiosas durante la dictadura, estos son "nulos e inexistentes"

El debate se centró de nuevo en el recurrente asunto de Companys. Al independentismo no le bastó con que en 2007 se estableciera el carácter "ilegítimo e injusto" de las condenas por causas políticas, ideológicas o religiosas durante la guerra y la dictadura. Desde entonces sigue sin querer enterarse de que, habiendo sido expulsados esos juicios del ordenamiento jurídico español, son "nulos e inexistentes". Así lo aclaró en 2009 el Fiscal General del Estado, Candido Conde-Pumpido, ante la petición de la Generalitat de obtener una declaración específica de nulidad de la sentencia que condujo al fusilamiento del president en octubre de 1940.

En Cataluña, el separatismo ha logrado incorporar a Companys a su particular victimario. En julio, el Parlament aprobó con el voto finalmente favorable de todos los grupos la nulidad de los juicios, una iniciativa pensada por JxSí para que el Gobierno de Rajoy cayera en la trampa de llevarla al TC por invasión de competencias. El PSC y el PSOE, en un ejercicio de buena fe, se comprometieron entonces a presentar una proposición en el Congreso para explicitar con rotundidad la anulación contenida de facto en la ley del 2007. La iniciativa votada la semana pasada salió adelante por los pelos. El PP en otra falta de sentido de Estado no quiso conceder ese gesto en Madrid y votó en contra, refugiándose en su conversión al consenso de la ley de 2007, defendió Alicia Sánchez-Camacho. Por su parte, el republicano Joan Tardà le espetó a la proponente socialista Meritxell Batet otra frase para el desencuentro: "Con sus víctimas" hagan lo que quieran, pero "a las nuestras, a las víctimas de ERC, no las manipulen". Déjenoslas. Tus muertos y los míos. Muy triste.