Trileros

El trile es un juego asociado a la estafa que requiere unos elementos mínimos: un trilero (que mueve los triles); uno o varios paleros (que colaboran con el trilero para engañar a las víctimas) y una bolita. El truco del estafador consiste, mediante una elaborada habilidad de prestidigitación y ligereza, en esconder la bolita en alguna de sus manos para evitar que la víctima la localice. Normalmente el trilero es ayudado por otros estafadores -los paleros- que hacen de gancho para convencer a las víctimas para que participen en el juego.

Tradicionalmente, el truco se practicaba en calles concurridas o en mercadillos pero con el devenir del tiempo y de las circunstancias, ha pasado a ser un juego habitual en ciertos medios de comunicación e incluso lo practican con gran habilidad y soltura los máximos responsables políticos. La perseverancia en su práctica les ha llevado al éxito; hay que reconocerles el mérito.

Realmente sorprendente cuando se conoce personalmente a varios de esos cargos de confianza que, en un alarde de transparencia, se han hecho desaparecer. ¿Dónde está la bolita?

La última modalidad del juego la podemos encontrar en la reciente publicación que ha hecho el Gobierno autonómico catalán en el llamado Portal de la Transparencia de Cataluña sobre las supuestas retribuciones de todos sus altos cargos. Esa decisión deriva del compromiso público que asumió el presidente de la Generalidad tras los escándalos de corrupción del Palau de la Música y del caso Pretoria, al que han seguido otros muchos, y que fue tomada después de múltiples y reiteradas peticiones por parte de sindicatos y asociaciones civiles.

Esas retribuciones de altos cargos se dividen en tres apartados:

- Retribuciones de los altos cargos y del personal eventual (asesores de confianza) de la Administración de la Generalidad.

- Retribuciones del personal directivo de las entidades que conforman el sector público de la Generalidad.

- Dietas, indemnizaciones y primas de asistencia.

Entre los datos que más llaman la atención se encuentra el hecho de que 22 altos cargos de empresas públicas cobran más que un consejero (103.100 euros brutos año) y que cuatro de ellos se embolsan incluso más que el presidente de la Generalidad, cuyo sueldo bruto anual asciende a 136.800 euros. Pero como que la mano es más rápida que la vista hemos caído en el truco de los triles y no hemos visto en qué mano se esconde la bolita.

Llama poderosamente la atención que, a pesar de que desplegando completamente el organigrama de la Consejería de Salud se comprueba que engloba más de 100 entes, el número de cargos de confianza de ese departamento que se cita en la publicación transparente es solamente de quince y, entre ellos, se incluye al consejero, a la secretaria del departamento y a un director general. Realmente sorprendente, y más sorprende todavía cuando se conoce personalmente a varios de esos cargos de confianza que, en un alarde de transparencia, se han hecho desaparecer. ¿Dónde está la bolita? Pero eso sólo es el comienzo de esta nueva modalidad del juego de trileros.

El apartado de "dietas, indemnizaciones y primas de asistencia" es un buen lugar para juegos de habilidad y prestidigitación

En el apartado de "personal directivo de las entidades del sector público", y en referencia específica al sector sanitario, se relacionan exclusivamente 24 cargos; todos son gerentes, gerentes en funciones, directores, directores generales o directores-gerentes. No se relaciona ningún otro cargo como "directivo". Según el Gobierno de la Generalidad, incluso el Instituto Catalán de la Salud (ICS), una empresa con más de 40.000 trabajadores, tiene un solo directivo: su director gerente; ninguno más. Sorprendente. Y también sorprende la constatación de que, a pesar de que la normativa estatal obliga a la limitación máxima retributiva de 105.000 euros anuales para los directivos del sector público, esa limitación no se ha aplicado a siete de los directivos relacionados, cuyas retribuciones llegan a superar los 144.000 euros como es el caso del director gerente de la Corporación Sanitaria del Parc Taulí donde, por el contrario, se han aplicado todas las normas estatales y autonómicas que permiten disminuir los salarios de los profesionales y trabajadores del centro que han sido de las más importantes de todo el sector. Transparencia y coherencia, sí señor.

Vamos a ver si conseguimos adivinar dónde se esconden más bolitas, y el apartado de "dietas, indemnizaciones y primas de asistencia" es un buen lugar para juegos de habilidad y prestidigitación. De entrada, ya se puede comprobar que no se relacionan las dietas que abonan los entes del sector público a todos los que forman parte de sus consejos de administración, patronatos o cualquier otro órgano de gobierno; lo que se relaciona y publica es exclusivamente las dietas que perciben los altos cargos de la Generalidad. Podría parecer lo mismo, pero obviamente no lo es, ya que el número de consejeros, patronos, administradores, etc., designados por la Generalidad para participar en esos entes del sector público es infinitamente superior al que se publica y, por lo tanto, no se obtiene dato alguno sobre las personas designadas por el Gobierno autonómico ni de las retribuciones que perciben mediante esa designación digital.

Pero hay más. Puede observarse que la señora Roser Fernández, secretaria de la Consejería de Salud, participa en cuatro entes del sector sanitario y en uno del ámbito del departamento de Empresa y Empleo. Durante el año 2013 ha percibido en concepto de "dietas" 17.636 euros que, unidos a los 79.651 euros del salario publicado, hacen un total anual de 97.287 euros brutos. Debe tenerse en cuenta que el tratamiento fiscal de las percepciones en concepto de "dietas" es muchísimo más favorable que el de las retribuciones salariales. Puede verse también que el importe de esas dietas oscila entre 378 y 573 euros por asistencia a cada una de las reuniones que, es de suponer, no tendrán lugar en horario nocturno ni en días festivos. Doce de estas reuniones, retribuidas a 440 euros cada una, tienen lugar en el Hospital Clínico de Barcelona, que se encuentra situado a cuatro paradas de metro de la Consejería de Salud; hay que hacer un transbordo, eso sí; tal vez eso justifica los 440 euros, puesto que no puede suponerse que, además de compatibilizar dos actividades retribuidas en el mismo horario de trabajo, se desplace de una a otra en coche oficial.

También puede observarse que el señor Carlos Constante, director general de Planificación, participa en cuatro entes del sector público sanitario, cosa que le permite alcanzar unas retribuciones anuales de 85.914 euros, puesto que en concepto de "dietas" percibe 9.644 euros anuales. El señor Francisco Sancho, secretario de Participación Social, forma parte de tres entes, cuya retribución por "dietas" asciende a 9.077 euros y, así, su retribución anual es de 88.738 Euros y no solamente de 79.651 euros como se indica en el apartado de retribuciones de altos cargos. Esas bolitas se encuentran rebuscando entre los datos publicados, ¿quién se atreve a asegurar que no hay más triles?

Esas bolitas se encuentran rebuscando entre los datos publicados, ¿quién se atreve a asegurar que no hay más triles?

Finalmente, señalar que entre las personas que forman parte de los órganos de gobierno de las entidades del sector público sanitario, encontramos al señor Ramón Bonastre, actual secretario de la Consejería de Empresa y Empleo, que fue indultado en el año 1997 a instancias del Gobierno del PP del delito de malversación de caudales públicos al que le condenó en firme la Audiencia Provincial de Tarragona por, según dice esa interesante sentencia, sus actuaciones delictivas en el Ayuntamiento de Ascó (Tarragona). Ese señor percibe 378 euros en concepto de "dietas" por asistir a cada una de las reuniones del Consejo de Administración del Instituto Catalán de la Salud del cual forma parte.

En esa misma página en internet, el Gobierno autonómico ha hecho público un denominado "Código de buenas prácticas para los altos cargos de la Generalidad de Cataluña". Ni una sola referencia a imputados ni inculpados. Resulta curioso que ese documento empiece negando, en su introducción, que su acción sea meramente retórica, y tras esa declaración, va citando los diferentes ámbitos en los que el ejercicio de los gobernantes debe ser ético; curiosamente el primero de esos ámbitos es la gestión del dinero público. "El uso inadecuado de los recursos públicos se considera una conducta especialmente reprobable, al margen de las consecuencias administrativas y penales ya estipuladas en la legislación vigente". Pues está claro: "Se considera una conducta especialmente reprobable", cosa que no impide designar ni ser designado para el ejercicio de un cargo. En eso si que son transparentes y, sobre todo, coherentes.

El Gobierno autonómico anuncia que en esa misma página publicará las variaciones patrimoniales que hayan experimentado los altos cargos entre su nombramiento y su cese. El reto es grande: ¡Superar al gran Houdini!