Superado el plazo de presentación de enmiendas a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado de 2017 (PGE), el PNV ha decidido desistir de sus más primarias intenciones y apoyar el texto presentado por el Gobierno, facilitando con ello la gobernabilidad de España, a la vez que borra cualquier posibilidad de adelanto electoral que sobrevolaba sobre el Congreso de los Diputados.

Todo apunta a que la decisión de los nacionalistas vascos de apoyar los PGE se adoptó tras intervenir directamente Rajoy, quien habló con el presidente del partido nacionalista, Ortuzar, desbloqueando temas importantes de la negociación, hasta el punto que los propios nacionalistas reconocieron que la intervención del presidente del Gobierno español fue decisiva, a la vez que expresaban su satisfacción por un acuerdo alcanzado que es "muy beneficioso para Euskadi".

Raudo, recurro al Portal de Transparencia creado por la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno en 2013, cuyo objetivo es "ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos", con el vano deseo de encontrar el contenido del trueque entre el Gobierno del PP y el del PNV, cuyos votos resultan necesarios, junto a dos sufragios canarios, para aprobar las cuentas de 2017.

A lo largo de las últimas cuatro décadas, los gobiernos españoles han tenido que recurrir a los nacionalismos para aprobar las cuentas del Estado, sin que en ningún momento se hayan dignado en poner en conocimiento de los ciudadanos el contenido y el coste de tales pactos

Definitivamente, los PGE no forman parte de lo que se entiende por transparencia en la calle y, por ello, el famoso Portal de Transparencia no le dedica ni una sola línea a la cuestión.

A lo largo de las últimas cuatro décadas, los gobiernos españoles han tenido que recurrir a los nacionalismos para aprobar las cuentas del Estado, sin que en ningún momento se hayan dignado en poner en conocimiento de los ciudadanos el contenido y el coste de tales pactos. Pero el imaginario popular apunta a que tales compromisos han supuesto un elevado coste para la estructura del Estado, no solo en dinero --que también-- sino en cesión de competencias, hasta el punto de que vascos y catalanes han conseguido, en grandes parcelas de poder, no formar parte en la actualidad del Estado nacido en 1978.

Por hablar y por elucubrar, y por no callar --¡si no puedes mejorar el silencio, mejor no decir nada!--, son muchos los analistas de la cotidianeidad que anuncian que el precio pagado por Rajoy tienen que ver con las inversiones ferroviarias en la Y vasca; con la retirada de ciertos recursos de inconstitucionalidad, o con algunos aspectos del cupo vasco, aunque ninguno de esos anuncios hayan sido bendecidos por fuentes oficiales.

Los Presupuestos Generales del Estado han sido aprobados de forma sistémica, año tras año, a base de chantajes y año tras año esas coacciones se han visto recompensadas con concesiones, nunca menores, hasta el punto de que va a llegar el momento en que no va a haber contraprestación alguna con la que pagar los favores obtenidos. Y siempre se ha hecho de espaldas a los ciudadanos, que además de tributarios a las arcas públicas, tienen la consideración constitucional de votantes, sin los cuales ni unos ni otros podrían haber llegado a pactos, ni a poner en almoneda el Estado.