No gobierna porque no es su objetivo, Puigdemont no le designó para eso, pero encima resulta que, si por asomo lo intentara, queda claro que no sabe gobernar, como millones de catalanes comprueban a diario con harto sufrimiento, eso sí, aprovecha el rango presidencial que ostenta para despreciar la Constitución española, la norma fundamental que le consagra como la máxima representación ordinaria del Estado en Cataluña (artículo 152.1) y en cuanto puede denigra cuantos otros poderes del Estado le place. Torra ha rechazado la invitación a los actos del 40 aniversario de la Constitución mediante una misiva, dirigida a distintas autoridades del Estado, que no tiene desperdicio por su incoherencia, mendacidad, tergiversaciones, abuso de la libertad de expresión y otras lindezas.

“La Constitución no es ningún motivo de celebración en Cataluña”, escribe. ¿Pero en nombre de quién habla? ¿Cómo se puede ser tan retorcido: arrogarse la representación de todos los catalanes y después hablar sistemáticamente por menos de la mitad de los catalanes?

“La Constitución ha llegado a ser una cárcel para la libertad de expresión”. ¿Para quién, para él que al amparo de la libertad de expresión que garantiza la Constitución dice lo que le rota, faltando el respeto a millones de españoles y catalanes para los que la Constitución no ha sido una cárcel, sino una liberación? ¿”Una cárcel para la capacidad  de decidir de los ciudadanos”? Pero si, sin ir más lejos, el puesto que ocupa lo debe al ejercicio de la capacidad de decidir de una mayoría parlamentaria de representantes  de los ciudadanos.

¿Cómo puede afirmar, dándolo por bien sabido que “la Constitución permite y contiene un reconocimiento al derecho a la autodeterminación a través de la vigencia y el cumplimiento de los tratados internacionales que (la Constitución) dice suscribir”? Tan alambicada formulación de un derecho a la autodeterminación (de Cataluña), según Torra permitido y contenido en la Constitución, es una barbaridad jurídica y en román paladino: una pura trola.

¿Cómo puede pretender en una misiva oficial, que se supone que debiera tener un cierto nivel y solvencia, que “la mayoría política y social de nuestro país se expresa en el sentido que ahora os hablo” y que “el Parlament se pronuncia democráticamente para decir que la Constitución no tiene el apoyo y el reconocimiento legítimo del pueblo de Cataluña”? Venga hablar en nombre del pueblo de Cataluña, como si sólo hubiera un solo pueblo y Torra fuera su oráculo, si precisamente ellos han conseguido que al menos haya tres o cuatro pueblos de Cataluña. ¿Olvida u oculta el oráculo que el TC anuló aquel “decir”?

Por todo eso, y pide comprensión a los destinatarios de la misiva --¿pero qué comprensión puede esperar después de semejante sarta de dislates?--, rechaza “celebrar un texto que nació de una transición del franquismo que desgraciadamente todavía constatamos que pervive”.

En menos palabras no se puede ser más incoherente, sectario y ofensivo para los millones de españoles y catalanes que con la Constitución de 1978 dejaron de ser súbditos, pasaron del posfranquismo y la predemocracia a una democracia plena como nunca la habíamos tenido y que ha hecho posibles las cuatro décadas más fructíferas para toda España y en casi todos los dominios, y si la prosperidad y el bienestar no alcanzaron a todos, no serán las ideas y actitudes que representan Torra y los suyos las que mejorarán la situación, como han venido a recordárselo miles de catalanes estos días en las calles.

La palabra de un político es un acto político y por tal acto habría que poder exigirle responsabilidades (políticas) cuando aliente la división y el enfrentamiento, aliento en el que Torra es ducho. Por otra parte, nuestro ordenamiento jurídico, denigrado también por Torra, exige que para considerar delictivo un acto tiene que poderse tipificar como delito. Por las barbaridades orales y por escrito que con harta frecuencia suelta Torra no se puede aplicar de nuevo el artículo 155 a la Generalitat, si no van seguidas de actos de ejecución, aplicación que exigen ya PP y Ciudadanos en una peligrosa banalización de un delicado instrumento constitucional, que probó su eficacia en una situación extrema.

Pero sí que se puede denunciar a Torra y los suyos en foros, columnas de opinión, artículos conferencias, debates, en todos cuantos medios y lugares se tenga ocasión de poner en evidencia  su reiterada deslealtad institucional y su profunda deshonestidad intelectual.