La decisión del Tribunal Superior de Justicia del land de Schleswig-Holstein de rechazar la extradición de Carles Puigdemont por el delito de rebelión es un mazazo para toda la causa que instruye en el Tribunal Supremo español el juez Pablo Llarena. Es un torpedo a la línea de flotación porque no sería admisible que se juzgara a los otros procesados por rebelión mientras el supuesto jefe del levantamiento, Puigdemont, solo podría ser condenado por malversación de fondos.

El tribunal alemán declara “improcedente” la entrega por rebelión porque aprecia que no se da el requisito de violencia que exige el delito equivalente en el Código Penal alemán, es decir, el de alta traición. Pero, atención, los jueces no dicen que en Cataluña no hubiera violencia, sino que no fue suficiente para constituir el delito de rebelión. Textualmente, el comunicado oficial sobre la decisión del tribunal afirma que “para poner en práctica el concepto de violencia no basta con que el autor amenace con ejercerla o la ejerza con el fin de inducir a un organismo constitucional a que actúe plegándose a sus exigencias. Antes bien, es preciso que la violencia ejercida contra terceros someta al organismo constitucional a una presión capaz de doblegar su voluntad en contra”, y este no es el caso, asegura.

Es más, a Puigdemont, según los jueces, se le pueden imputar “los actos violentos que tuvieron lugar el día de la votación [...] en cuanto iniciador y defensor de la celebración del referéndum. Sin embargo, la naturaleza, el alcance y el efecto de dichos actos no bastaron para someter al Gobierno a una presión tal que lo obligase a capitular ante las exigencias de los perpetradores de la violencia”, dice la nota oficial del tribunal.

Los jueces no dicen que en Cataluña no hubiera violencia, sino que no fue suficiente para constituir el delito de rebelión

Toda la argumentación es razonable teniendo en cuenta lo sucedido en Cataluña en septiembre y octubre, donde muchas voces han puesto en duda el delito de rebelión. Pero el argumento también se puede cuestionar en el sentido de que si el delito de alta traición o de rebelión exige la capitulación del Gobierno, difícilmente se podría después juzgar a los rebeldes. Los jueces del land se apoyan en la doctrina del Tribunal Federal de Justicia alemán, que interpreta así el delito.

Está claro, pues, que a Puigdemont no se le podrá juzgar por rebelión si finalmente Alemania lo entrega a España. El juez Llarena y la Fiscalía General del Estado se están planteando presentar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE, con sede en Luxemburgo, para que dictamine si la resolución de los jueces alemanes se ajusta a la euroorden, pero no está nada claro que esa vía pueda cambiar la decisión. Lo que se plantea es si el tribunal regional se ha extralimitado al apreciar tan rápidamente la existencia o no de violencia en lugar de limitarse a comprobar si el delito de rebelión tenía un equivalente en el Código Penal alemán “con independencia de los elementos constitutivos o la calificación del mismo”, según estipula el acuerdo marco de la euroorden.

La rapidez en resolver ha sido utilizada por algunos analistas para reforzar la contundencia de la bofetada a la justicia española. Ni siquiera se ha admitido a trámite, sin entrar en el fondo, han afirmado. Los mismos, por cierto, que cuando el Tribunal Constitucional (TC) alemán rechazó en enero del año pasado que los Estados federados pudieran organizar referéndums secesionistas, sin siquiera admitir a trámite la consulta, minimizaban la resolución asegurando que el TC no había entrado en el fondo del asunto.

El tribunal de Schleswig-Holstein hace también una importante precisión que será ignorada por los medios independentistas, cuando afirma que no hay indicios de que Puigdemont “vaya a estar en riesgo de persecución política” en España en el caso de que sea entregado por malversación. Tan es así que el presidente del Parlament, Roger Torrent, saludó la decisión alemana con un tuit en el que sentenciaba: “Se ha de acabar ya esta persecución política a base de un relato completamente falso”.

El dilema político sigue siendo el mismo: si la euforia del independentismo por su triunfo judicial le lleva a aumentar la apuesta de confrontación con el Estado, o, por el contrario, se aprovecha el rédito victorioso para elegir de verdad a un president 

Pero, más allá de las repercusiones jurídicas de la decisión alemana, el dilema político sigue siendo el mismo: si la euforia del independentismo por su triunfo judicial le lleva a aumentar la apuesta de confrontación con el Estado, como defendían hasta ahora los puigdemontistas, o, por el contrario, se aprovecha el rédito victorioso para elegir de verdad a un president y un Govern efectivos y promover la negociación política, como pidió Puigdemont al salir de la cárcel de Neumünster, aunque también declaró que la existencia de “presos políticos es una vergüenza para Europa”.

Por el momento, la decisión de presentar a Jordi Sànchez para la investidura parece indicar que se mantiene la estrategia de confrontación y desafío al Estado porque, aunque resultara elegido --la CUP sigue en el no--, ¿cómo podría ejercer desde la cárcel de Soto del Real?

En el otro lado de la trinchera, la decisión de los jueces alemanes debería convencer a Mariano Rajoy de que el intento de resolver el problema de Cataluña solo por vías judiciales está condenado al fracaso. En este caso, tampoco hay muchas esperanzas, después de la semana de caspa y marcha atrás que nos ha deparado el PP con cuatro ministros cantando como “novios de la muerte”, la televisión pública abriendo varios días los telediarios con las procesiones de Semana Santa y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, desprestigiando a la universidad y a sí misma a cuenta de un máster inexistente, en lugar de dimitir, que es lo que le corresponde después de tanto bochorno.