El precio de la electricidad en España llegó hace pocos días a los niveles más altos de la historia. Luego, súbitamente, sufrió un pequeño desplome. El ministro del ramo, Álvaro Nadal, achaca semejantes altibajos a una serie de factores meteorológicos como el intenso frío y la carencia de lluvia y viento, amén del alza artificial de la cotización del petróleo, la parada de varias centrales nucleares en Francia, etc.

Al pueblo soberano, esta retahíla de supuestos motivos le suena a música celestial. Nadie le quita la impresión de que en este asunto, como en muchos otros, los políticos se hacen los suecos y jamás admiten culpas propias. A falta de argumentos, le cargan el muerto al maestro armero, y aquí paz y después, gloria.

Lo cierto es que el recibo ha subido más de un 70% en el último decenio y se sitúa ya entre los más onerosos de toda la Unión Europea. Por supuesto, durante ese periodo ha habido tiempo bueno y tiempo malo, crudo más caro y crudo más barato, precipitaciones de agua abundantes combinadas con épocas de sequía pertinaz, como las que los propagandistas del régimen hicieron famosas en la época de Franco.

El sistema de fijación de precios de la energía adolece de una espesa opacidad. No semeja diseñado sino para fomentar la especulación, los pelotazos y los abusos

Lo que los portavoces de las formaciones políticas se abstienen púdicamente de mencionar es que el sistema energético de España se asienta sobre un férreo oligopolio, pastoreado de forma implacable por un cortísimo número de compañías opulentas que hacen de su capa un sayo y parecen manejar el BOE a su libre arbitrio.

Además, el sistema de fijación de precios adolece de una espesa opacidad. No semeja diseñado sino para fomentar la especulación, los pelotazos y los abusos. Así se reveló en la siembra de subvenciones escandalosas a las renovables. Para colmo, Hacienda propina a la electricidad un IVA del 21%, como si se tratase de un lujo perfectamente prescindible y no un servicio absolutamente esencial.

La factura de la luz se ha transformado en un cajón de sastre que reúne dos peculiaridades. Primera, sólo está al alcance de las más eminentes lumbreras de la técnica. Y segunda, encierra más trampas que una película de Fu Manchú, como gustaba de señalar el pugnaz ministro socialista Carlos Solchaga.

Valga un solo dato. Hasta octubre de 2015, todos los abonados estuvieron pagando en sus recibos, de forma encubierta, la moratoria nuclear que el Gobierno de Felipe González dio en decretar manu militari en 1984. Por ella desmanteló cuatro centrales casi concluidas y frenó en seco las obras de otras cuatro.

A la sazón, las compañías propietarias llevaban desembolsadas enormes sumas en esas construcciones. No problem. El legislador obligó desde aquella lejana fecha a la infinita grey de los usuarios a devolvérselas a escote. Así lo han hecho, mes tras mes, hasta un total cercano a los 6.000 millones de euros. De esta forma han liquidado la factura que el parón felipista libró alegremente a todos sus coetáneos y a sus sucesores.

Los costes energéticos que el país soporta socavan la competitividad de las manufacturas nacionales y las hacen más vulnerables a las asechanzas de la competencia

¿Se han terminado, por fin, las cuitas de los contribuyentes? Pues no, señor. Sobre su testa gravita una deuda colosal de casi 23.000 millones, derivada del llamado "déficit de tarifa". Este artilugio se montó en virtud de un decreto del Gobierno de José María Aznar. En él se prohibía, por narices, que las compañías abastecedoras incrementaran el precio de la energía por encima de la inflación, a fin de preservar la subsistencia de las industrias nacionales.

De esta forma se ha ido generando un supuesto déficit, que el pueblo llano sufraga religiosamente hasta el último céntimo mediante un recargo del canon periódico. Lo que no se puede entender es que existiendo ese presunto desfase, Endesa, Iberdrola y demás suministradoras logren año tras año unos beneficios estratosféricos que figuran entre los de más bulto del repertorio empresarial hispano.

Adicionalmente, los costes energéticos que el país soporta socavan la competitividad de las manufacturas nacionales y las hacen más vulnerables a las asechanzas de la competencia.

Desde tiempo inmemorial, ningún ministro de Industria y Energía ha sido capaz de embridar el oligopolio eléctrico. Por desgracia, nada indica que la situación vaya a dar un giro de 180 grados. Por el contrario, me temo que los abonados seguirán sometidos sin remedio a la férula monopolista que les viene sangrando con un expolio inmisericorde.