La semana ha sido todo un caos. Empezó mal y ha acabo peor, y amenaza con ir por este derrotero hasta no se sabe dónde. El gafe de la Moncloa actuó el lunes tratando de difuminar las acusaciones del independentismo anunciando una noticia bomba: el móvil del presidente y de la ministra de Defensa habían sido también víctimas de Pegasus. Lejos de amainar, el temporal arreció porque se abrió un gran boquete en la seguridad nacional. Nada más y nada menos el presidente había sido espiado y más de dos gigas de datos habían sido robados, convirtiendo así a España en el único país que ha reconocido no solamente el ataque --Francia y Reino Unido también lo hicieron-- sino que había sido una agresión suculenta para los asaltantes.

El ministro de la Presidencia, muy ufano él, siguió el martes en su línea poniendo en jaque a Paz Esteban, directora del CNI. Todo apuntaba a que el Gobierno preparaba la cabeza de Esteban para entregarla a los independentistas y a Podemos, muy crítico con la gestión. No contó el ministro de todas las salsas --Carlos Alsina lo llama el ministro perejil-- que Margarita Robles iba a poner pie en pared cuestionando que fuera el CNI el responsable de la seguridad del móvil presidencial. Como explicó Crónica Global, esa responsabilidad recaía en la Secretaría General de Presidencia que hasta el 10 de julio de 2021 era ostentada por Félix Bolaños, según consta en el decreto de estructura del Gobierno. O sea, que fue a por lana y salió trasquilado. El enfrentamiento entre ambos ministros --los dos del sector PSOE-- fue duro y Bolaños quedó tanto en evidencia que se refugió en eso de “la responsabilidad es de todo el Gobierno”. Traducción: lo habían cazado.

El miércoles, Robles mantuvo su discurso: el CNI hizo lo que tuvo que hacer con autorización judicial, defendiendo --dijo mostrarse orgullosa-- al servicio secreto. Su intervención aumentó las peticiones de dimisión por parte del independentismo y de Podemos y fue palpable su enfrentamiento con Bolaños que para entonces estaba más que acorralado y a la defensiva. Su operación había fracasado de nuevo. La primera vez ocurrió una semana antes cuando desembarcó en Barcelona y lo despidieron con cajas destempladas.

Llegó el jueves y se reunió la Comisión de Secretos Oficiales, que fue de todo menos secreta a tenor de las declaraciones de Gabriel Rufián, que contrastan con el silencio de Bildu, PNV, Junts y la CUP. Allí, la directora Esteban confirmó que 18 líderes independentistas fueron espiados con autorización judicial por su vinculación con Tsunami Democràtic, incluido el entonces vicepresidente Pere Aragonès.

El independentismo se revolvió afirmando que se había espiado, aunque eso sí justificando las actuaciones de Tsunami porque eran democráticas. No diría yo tanto, porque su intención era desestabilizar al Estado y se confirmó con el asalto al aeropuerto de El Prat. O sea, difícil lo tienen para erigirse en víctimas, porque ciertamente sus actuaciones justificaban la petición del CNI para intervenir sus teléfonos y fiscalizar sus movimientos.

Sin embargo, la directora del centro abrió otro melón. Si hubo más espionajes no fueron del CNI y señaló a servicios secretos extranjeros o a organismos del Estado que se excedieron en sus atribuciones, según la versión de Gabriel Rufián. Lo primero es grave porque eso indica una nueva brecha en la seguridad por la injerencia de servicios secretos extranjeros --se ha especulado toda la semana con Marruecos o incluso Rusia-- sin que el CNI la detectara, como tampoco detectó las urnas del 1-O ni la investigación publicada por The New Yorker.

Pero, lo segundo es más grave. Si existe una estructura de Estado que toma las decisiones por su cuenta sin autorización judicial y se arroga ser la garante del Estado, España tiene un grave problema y abre más interrogantes porque no parece que el CNI conozca ni a quién se espió ni por qué. Ni siquiera sabe si el presidente fue espiado por esta estructura de Estado. No olvidemos que en aquellos tiempos Pedro Sánchez estaba preparando un cambio de Gobierno y la crisis con Marruecos se agudizaba. De momento, el Gobierno niega la mayor y rechaza la idea de estas estructuras, aunque también niega conocer lo que hace el CNI, algo que parece más que inverosímil.

Esquerra ha encontrado una piedra filosofal en este asunto y ha levantado la bandera de una comisión de investigación, exigiendo dimisiones y dejando en el alero la legislatura. Podemos ha pedido que se desclasifiquen los documentos y se lo ha pedido al ministro Bolaños y no a la responsable del CNI, Margarita Robles. Quizá, Podemos ha encontrado la horma de su zapato con Bolaños al frente de la gestión de esta crisis porque a diferencia del rey Midas todo lo que toca no lo convierte en oro. Por eso, es el gafe de lMoncloa.

El asunto no ha acabado y no tengo dudas de que Bolaños hará algún movimiento más. Que sea exitoso es más que dudoso. Veremos si el cese de la directora del CNI no aumenta la tensión porque ya nadie se conforma con este cese. Los socios, que no la oposición, quieren más. Aragonés sabe que ha mordido en carne y no piensa soltar la presa porque apretando a Sánchez se convierte en el adalid del independentismo.

La frialdad en la reunión del Círculo de Economía es todo un ejemplo. “La situación es grave y lo hemos de arreglar cara a cara”, le dijo a Sánchez. El presidente asintió pero se mantuvo en silencio. ERC no quiere romper, pero está cómoda tensando la cuerda. Veremos hasta cuándo. Sánchez, por su parte, empieza a estar maniatado y con escasa libertad de movimientos en plena precampaña andaluza.