Desde que se declaró la pandemia del Covid-19, no ha habido ni un solo día en que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, o los consellers presentes en las ruedas de prensa diarias no hayan criticado al Gobierno “del Estado”, como dicen. Ya sea por la dureza del confinamiento, ya sea por el caso de Igualada, ya sea por el papel del Ejército, ya sea por el recuento de los contagiados y los muertos, la cuestión es promover cada día el conflicto permanente.

Esta confrontación constante, sin lugar al descanso o a la tregua, se inició ya en la primera reunión de Pedro Sánchez con todos los presidentes autonómicos, en la que Torra fue el único que no suscribió el comunicado conjunto sobre lo tratado. Torra criticó la “recentralización” de competencias y el mando único, reclamó el confinamiento total sin aclarar demasiado en qué consistía y cuando Sánchez decretó los quince días –ocho laborables en realidad— de endurecimiento, con el cese de la actividad económica no esencial, Torra se apuntó el tanto, pese a que no colmaba sus exigencias.

En pleno confinamiento endurecido, el presidente de la Generalitat empezó a advertir de que no se podía volver a la situación anterior y, cuando Sánchez mantuvo su propósito de reanudar tras la Pascua la actividad industrial y de la construcción, con medidas de seguridad y otras restricciones, Torra y la consellera de Presidencia y portavoz, Meritxell Budó, responsabilizaron por anticipado al presidente del Gobierno de lo que pudiera ocurrir, con insinuaciones que sus voceros mediáticos explicitaron cargando en el debe del Gobierno “del Estado” el aumento del número de muertos que pudiera producirse por la relajación.

Pero como eso no se sabrá hasta dentro de unos días, la nueva prueba de cargo debía ser el recuento de los fallecidos. El día 15, por sorpresa, la Generalitat cambió la forma de contar a los muertos, incluyendo los casos en residencias, centros sociosanitarios y funerarias, con lo que se dobló el número de 3.855 a 7.097, y exigió al Gobierno que hiciese la mismo. Esa cifra recogía hasta los sospechosos de haber fallecido por coronavirus, sin test alguno, por lo que lo más probable es que si antes la cifra oficial era inferior a la real, ahora pasaba a ser desproporcionada. Pero eso es lo de menos. De lo que se trata es de plantear un nuevo conflicto y de vanagloriarse en ser los primeros en cambiar el sistema.

El Gobierno de Sánchez, sin embargo, ha rechazado el sistema de recuento de la Generalitat al no admitir los datos de las funerarias porque pueden incluir muchos fallecidos por causas distintas del coronavirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) exige para el recuento que un test certifique que la persona fallecida estaba infectada por el virus.

Otro frente de batalla es el papel del Ejército. Aunque la Generalitat al final tuvo que recurrir a su ayuda y niega siempre oficialmente que la presencia de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en Cataluña sea un problema, el conseller de Interior, Miquel Buch, fue muy claro el 18 de marzo cuando dijo que “seguro que hay otros territorios del Estado español donde el Ejército se puede desplegar, en Cataluña no nos hace falta”. El hospital de campaña levantado por la Guardia Civil en Sant Andreu de la Barca sigue sin abrir y el caso ha llegado a los juzgados por la denuncia de un particular que acusa a Torra y a la consellera de Salut, Alba Vergès, de homicidio imprudente por las trabas puestas a la apertura. Torra tiene razón al calificar de “increíble” que se le investigue como si fuera responsable de los muertos. Tan increíble como cuando se acusa a Sánchez de serlo.

Toda la actuación de la Generalitat está dirigida –sin decirlo claramente, ya hay otros que lo dicen por el Govern— a difundir la idea de que Cataluña lo hace todo mejor y que una Cataluña independiente habría combatido al virus con más eficacia. Pero ni el caos y la tragedia vividos en las residencias de ancianos, que dependen de la Generalitat, ni el fracaso del experimento de Igualada abonan esa pretensión. Tampoco la incoherencia del Govern entre lo que defiende y lo que luego practica. Tres ejemplos: critica el levantamiento del confinamiento total, pero las cuatro fábricas de Comforsa, dependientes de la Generalitat, vuelven al trabajo, lo mismo que los presos del procés Jordi Cuixart, Jordi Turull y Josep Rull, y el Govern apoya la celebración de Sant Jordi en la calle el 23 de julio después de advertir de que las concentraciones de gente no eran recomendables hasta el otoño.    

El Gobierno de Sánchez ha cometido errores en la lucha contra la pandemia. Ha habido improvisación, rectificaciones, dudas y falta de coordinación, pero no han sucedido en España cosas muy distintas a las que han ocurrido en Italia, Francia y Alemania. Si se repasa la prensa internacional, se observa que los debates, reproches y críticas en esos países son muy parecidos. Excepto en Alemania, las cifras de fallecidos en Italia, Francia y España son similares. Las causas de la mayor tasa de mortalidad relativa en España son difíciles de saber, pero una de ellas seguro que es la gran diferencia en camas de unidades de cuidados intensivos por habitante en Alemania con relación a los otros países y la mayor disponibilidad de respiradores y otros materiales imprescindibles para impedir la muerte de los contagiados. Nuestro sistema de salud no era el mejor del mundo, ha estado a punto de colapsarse y algo tendrán que ver en eso los recortes que en Cataluña impulsó Artur Mas y en toda España Mariano Rajoy.