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Solo desfasado

Jordi Garcia-Petit
5 min

El portavoz de JxSÍ en el Parlament, Jordi Turull, la única voz autorizada que hasta ahora se ha pronunciado --mediante un tuit-- sobre el texto del borrador de la llamada Ley de Transitoriedad Jurídica (la desconexión), ha escrito que “está desfasado”. Detengámonos en la afirmación. No se niega la veracidad del texto o de partes de su contenido, solo está desfasado, no se ajusta a las circunstancias del momento, lo cual debe interpretarse en el sentido de que ese texto se habría ya ajustado o se podría ajustar más adelante a otras circunstancias. ¿A cuales? ¿Para endurecerlo o para suavizarlo? No se sabe. La ocultación al Parlament que debería debatirlo y al público que debería conocerlo forma parte de la estrategia de la “astucia” para burlar al Estado y engañar a los ciudadanos.

Puesto que solo disponemos del texto desvelado por El País, y no desmentido, veamos algunas de sus pretensiones. La Ley de Transitoriedad Jurídica sería una ley ordinaria del Parlament de Cataluña de carácter supraestatutario y de suma trascendencia política aprobada sin garantías procedimentales: conocimiento en tiempo oportuno de los grupos parlamentarios de la oposición, presentación de enmiendas, debate y, en su caso, aprobación por mayoría cualificada de dos tercios. Nacería no anulable, sino nula de pleno derecho.

Es ocioso, pues, entretenerse demasiado en su contenido. Pero como jurista me choca y escandaliza, entre otros aspectos, lo siguiente: al contrario de lo que se pretende, se actuaría ignorando o despreciando abiertamente el derecho internacional y, en particular, el derecho de la UE. En una hipotética secesión de España, Cataluña quedaría automáticamente fuera de la UE, al abandonar la pertenencia a España, que es el Estado miembro según los tratados, perdería la pertenencia a la Unión. Por lo tanto, asumir el acervo comunitario actual y las disposiciones comunitarias futuras, como se establece en el texto, es un puro brindis al sol.

El texto filtrado de la Ley de Transitoriedad Jurídica en su conjunto es un bodrio jurídico que políticamente se sitúa entre los postulados autoritarios de Nicolás Maduro y los de Recep Tayyip Erdogan

La Generalitat se apropiaría (¿cómo?) de los bienes y derechos de titularidad del Estado central en Cataluña: edificios, carreteras, autopistas, infraestructuras ferroviarias, redes de transporte de electricidad, puertos, aeropuertos... Los fiscales, los letrados de la administración de justicia, los jueces y policías actualmente funcionarios del Estado central en Cataluña solo podrían seguir desarrollando su actividad si solicitasen, y les fuera concedida, la nacionalidad catalana y, en determinados casos, concursasen de nuevo. El presidente del Tribunal Supremo de Cataluña y el Fiscal General del Estado catalán serían nombrados por el presidente de la Generalitat. Quedarían sometidos a control los medios de comunicación públicos (como ahora) y los privados que se escorasen excesivamente contra las opciones oficiales... El texto en su conjunto es un bodrio jurídico que políticamente se sitúa entre los postulados autoritarios de Nicolás Maduro y los de Recep Tayyip Erdogan.

Carles Puigdemont en su reciente charla en Madrid dijo confiando en la celebración, sí o sí, de su referéndum que "el Estado no dispone de tanto poder para impedir tanta democracia". Tal aseveración contiene dos errores mayúsculos: primero, el Estado tiene todo el poder constitucional y toda la legitimidad para impedir un referéndum de autodeterminación innecesario y jurídicamente improcedente, y, segundo, la democracia que invoca es más que dudosa. Y un tercer error (éste de memoria): el Estado ha demostrado en distintas situaciones históricas y con harta contundencia su enorme poder coercitivo frente a Cataluña o a partes de Cataluña. Ignorarlo es tan ingenuo como irresponsable para con los catalanes.

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¿Quién es... Jordi Garcia-Petit?
Jordi Garcia-Petit

Doctor en derecho.