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Vox y sus derechos

Joaquim Coll
7 min

Las elecciones catalanas del pasado 14F nos dejaron tres malas noticias. En primer lugar, una baja participación como reflejo del desinterés y el hartazgo hacia la política, sobre todo entre los ciudadanos de rentas bajas, los más castigados por el impacto socioeconómico de la pandemia. En segundo lugar, una nueva mayoría absoluta independentista, pese a la cual ERC y Junts siguen siendo incapaces hasta la fecha de formar Govern, con lo que la presente legislatura, aunque al final arranque para evitar nuevas elecciones, está condenada a ser tan estéril como la anterior. Y, por último, el derrumbe del centroderecha constitucionalista, cuyos votos se fueron principalmente a la abstención, algo hacia el PSC pero que sobre todo benefició a Vox, que entró con fuerza en el Parlament, convirtiéndose en el cuarto grupo por encima de la CUP y En Comú.

Frente a la ultraderecha se planteó inmediatamente la idea de los “cordones sanitarios”, cuya efectividad no solo es discutible como estrategia para frenar su crecimiento, sino que además es contraproducente en términos de calidad democrática porque acaba siempre en un boicot que pisa derechos de representación. A ello hay que añadir que los partidos separatistas no pueden dar lecciones de nada a nadie, pues han ocasionado un daño enorme a la sociedad catalana y han ido en contra del Estado de derecho. El independentismo no puede disociarse tampoco de la hispanofobia y en el movimiento secesionista hay una pulsión fascistoide que no es tampoco ninguna broma. Por tanto, si hubiera que aplicar “cordones sanitarios” habría empezar por las fuerzas independentistas hasta que por lo menos renuncien a la unilateralidad, moderen su lenguaje agresivo, y acepten que no solo ellos representan al “poble català”.

Ahora bien, nuestra Constitución no es militante y en las elecciones la ciudadanía otorga una representación a las fuerzas políticas, de la que se derivan unos derechos que son inalienables. Ni a los independentistas ni tampoco a Vox se les puede privar de esos beneficios. Sin embargo, hay una mayoría de grupos parlamentarios, ERC, Junts, CUP y comunes decididos a quitarle al partido que lidera en Cataluña Ignacio Garriga el senador autonómico que le corresponde de los ocho que se reparten según el criterio de “proporcionalidad” que marca explícitamente el artículo 174 del Reglamento del Parlament. No hay otra interpretación posible que la proporcionalidad de los resultados electorales.

Hasta ahora se habían utilizado dos fórmulas para calcular ese reparto: la ley d’Hont o el sistema de resto mayor. Con la primera, al PSC, ERC y Junts se les asignaría dos senadores, y a VOX y CUP uno. Con el de resto mayor, los socialistas ganarían un tercer senador a costa de los anticapitalistas, pero a la ultraderecha le seguiría correspondiendo uno. Cualquier otra lectura para privarle de ese derecho sería tumbada por el Tribunal Constitucional. Por ejemplo, días atrás se hablaba de una votación binaria en el pleno del Parlament, de dar un sí o no a los nombres propuestos por los grupos, lo que en la práctica significaría poder vetar al candidato de Vox o a cualquier otro. Exactamente eso es lo que el independentismo hizo con Miquel Iceta en 2019, impidiéndole que presidiera el Senado como quería Pedro Sánchez. Los socialistas presentaron un recurso de amparo, pero el Constitucional no llegó a pronunciarse porque seis meses más tarde el PSC propuso a un sustituto, que fue elegido, y el recurso decayó. Pero es evidente que esa praxis sería rechazada por el Alto Tribunal al tratarse de una vulneración de los derechos de representación de un grupo parlamentario, que es tanto como el de los ciudadanos que le votaron, y por tanto Vox recuperaría su senador.

Pues bien, para burlar ese reparto los grupos independentistas con el apoyo de los comunes, que acaban siempre haciendo de “pagafantas” de ERC, se han sacado de la manga un cociente que nunca se había utilizado antes en España, llamado la cuota Imperiali, que funcionó en Italia hasta los años noventa y también en algún otro país. Es una fórmula de cálculo aún menos proporcional que el sistema de reparto mayor y permite quitarle a Vox ese senador autonómico para entregárselo a ERC, que es quien ha hecho la propuesta, con lo que se produciría un empate a tres entre socialistas y republicanos, mientras Junts se quedaría con dos. Seguramente esta maniobra no es ilegal y un recurso ante el Constitucional tendría poco recorrido porque el reglamento del Parlament solo habla de “proporcionalidad”, sin aclarar de qué tipo, y esta puede tener una horquilla muy amplia.

Pero es una maniobra torticera que forma parte de la “política de parvulario” que en Cataluña se ha convertido en el pan nuestro de cada día. No lo siento por Vox, pero sí por sus votantes y la calidad de la democracia. Como se ha denunciado tantas veces, cuando el partido de ultraderecha no era nada, en TV3 ya le daban publicidad. Y ahora que ya ha entrado en el Parlament, al separatismo le va muy bien que focalice la atención para así tapar al resto de fuerzas, sobre todo al PSC, encender una espiral de victimización y simplificar el debate con un enemigo tan caricaturizable. Por eso cada vez que Garriga interviene bastantes diputados se marchan ostentosamente del pleno y otros exhiben carteles antifascistas sin darse cuenta que deberían mirarse al espejo. Son escenas lamentables que solo fortalecen y dan protagonismo a la extrema derecha, a la que solo se combate con argumentos y no con pedradas o cacicadas parlamentarias. La primera condición para conservar la democracia es tratarnos con respeto y educación, sin vulnerar los derechos de nadie. Tampoco los de Vox.

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¿Quién es... Joaquim Coll?
Joaquim Coll

Doctor en Historia contemporánea y especialista en el catalanismo y las políticas de los siglos XIX y XX. Ganó el Premio Ciudad de Barcelona Agustí Duran i Sanpere en 1998. Colaborador habitual en medios de comunicación.