Negociación y pactos son las palabras más en boga en relación a la situación política de Cataluña. No cabe duda que la democracia tiene entre sus rasgos característicos el de solventar los conflictos mediante negociaciones y pactos. Pero siempre en el marco del cumplimiento de las leyes y las resoluciones de los tribunales.

Bajo la apelación a las negociación y al pacto que escuchamos estos días se esconden conceptos muy dispares. Lo primero que hay que recordar es que la negociación y el pacto resultan muy difíciles con quien ha incumplido pactos anteriores, en nuestro caso la Constitución y el Estatuto de Autonomía. En política, como en otros ámbitos de la vida, quien ha tratado de imponer su criterio por la vía de hecho y ha fracasado no puede apelar a la negociación para alcanzar sus objetivos frustrados. Esta ha sido y sigue siendo la pretensión de los secesionistas catalanes. Fracasada la vía de hecho, llaman a la negociación para obtener el referéndum de independencia sin la preceptiva reforma constitucional. Y, si lo anterior no fuera razón más que suficiente para negar sus pretensiones, lo hacen sin ni siquiera tener las mayorías suficientes para reformar el Estatut y con un Gobierno y una administración que incumple las más elementales normas de neutralidad, especialmente en la escuela y los medios de comunicación públicos. No hay ninguna obligación ni política ni moral de facilitarles su objetivo, como no la habría, aún sin intentona de hecho, para quienes quisieran eliminar el Estado autonómico, implantar la pena de muerte, acabar con la propiedad privada o establecer un Estado confesional, por poner algunos ejemplos de objetivos políticos que chocan con nuestra Constitución.

No hay razón alguna para negociar o permitir desbordar el marco estatutario y constitucional otorgando las "estructuras de Estado" que faciliten un nueva vía unilateral independentista

Los argumentos anteriores avalan que tampoco hay razón alguna para negociar o permitir desbordar el marco estatutario y constitucional otorgando las "estructuras de Estado" que faciliten un nueva vía unilateral como pretende la ANC. No cabe negociar sobre la acción exterior de la Generalitat fuera de la actividad comercial, un poder judicial y fiscalía propios, control de todos los impuestos o convertir a los Mossos en el único cuerpo policial en Cataluña.. No es sólo que no sean convenientes por facilitar la materialización de la ruptura con España, es que tampoco son deseables por cuanto implican duplicación de funciones, más gasto público y menos independencia del poder político. La justicia, por ejemplo, cuanto menos local, menos sujeta a presiones y clientelismo.

Todo ello no significa que no haya nada que negociar y que acordar. Es imprescindible un negociación entre catalanes, primero, y entre la Generalitat y el Gobierno del Estado, después, para establecer un marco de convivencia que acabe con la confrontación social provocada por el independentismo y reanude la vía de desarrollo y profundización del autogobierno, interrumpida por el secesionismo.

Algunas de las cuestiones que podrían incluirse en este acuerdo serían la neutralidad de la escuela y los medios públicos catalanes, que el castellano sea lengua vehicular en el 25% de las materias como dicen las sentencias del Supremo, completar el desarrollo estatutario en general --incluido el consorcio tributario-- y la consideración como prioritarias de inversiones como el corredor mediterráneo o cercanías.

Para que esta negociación sea posible es imprescindible recuperar un mínimo de confianza entre las partes y asegurar la lealtad con lo acordado.

Desde luego, eso no parece posible con políticos que pretenden ignorar el fracaso de su intentona golpista. Por ello, la repetición de Puigdemont en la presidencia de la Generalidad nos aboca a la parálisis, nefasta para todos los catalanes.