Los presos independentistas han vuelto a la calle. Salieron de la cárcel una mañana lluviosa, arropados por un grupito de correligionarios que portaban banderas y pancartas en las que se leían los mantras de siempre. Los indultados, participando del ambiente verbenero propio de la jornada, no se cortaron un pelo a la hora de echar mano de la pirotecnia verbal. Juraron continuar predicando su credo independentista; anunciaron su voluntad de seguir porfiando hasta conseguir instaurar una república catalana; afirmaron que nadie les haría callar. Lógico todo ello, legítimo y respetable. No obstante, no estaría de más que alguien recordara a los perdonados que siempre han gozado de libertad de expresión, que su retiro penitenciario lo motivó el incumplimiento de la ley y que el indulto lo firma un rey Borbón. La Constitución Española no prohíbe ni sanciona actividades o ideologías independentistas pero, como es obvio, faculta al estado para que defienda la legalidad democrática pactada y votada.

Desatascado el tema del indulto ha llegado la hora, a pesar del ruido ambiental que generan los de Colón, de retomar la mesa de diálogo. Pedro Sánchez ha manifestado en más de una ocasión su voluntad de pacto político con el Govern de la Generalitat. Afirma tener propuestas que ofertar, contenidas en una ‘Agenda para el Reencuentro’. En ese documento se hallan algunas de las reivindicaciones  planteadas desde Cataluña a los gobiernos españoles de turno. Nada que objetar respecto a las intenciones del presidente Pedro Sánchez, pero sí a las pretensiones de los sectores más irredentos del secesionismo catalán que pretenden construir la casa por el tejado. Dicen que Pere Aragonès, presionado por los consejeros más radicales de su gobierno, intentará desplazar la discusión de la ‘Agenda para el Reencuentro’ a la Comisión Bilateral Estado-Generalitat. No creo eso que sea buena idea. Si ello ocurriere se aparcaría una vez más, en aras de debatir sobre quimeras imposibles, la discusión de los temas de país que afectan a su recuperación económica, a su vida cotidiana.

En este momento histórico procede hablar de la descentralización del Estado, de la financiación autonómica, de las políticas sociales y las infraestructuras. Por contra, conviene dejar para mejor ocasión, por caducados y dañinos, los mantras del procés. Soy consciente que Pere Aragonès necesita convencer a los suyos y a los otros, sabe que es observado con lupa desde la ANC y Waterloo por los guardianes de las esencias; de acuerdo, pero la talla de un político se mide por su entereza y responsabilidad a la hora de tomar decisiones. Sánchez ha arriesgado, ahora es el turno de los demás. Oriol Junqueras propone ‘testar’ el ‘ente’ al mismo tiempo que afirma que el gobierno español es el mejor de la última década. El president de la Generalitat sabe que si sus primeras palabras en la mesa de diálogo son amnistía y autodeterminación, se acabó lo que se daba y vuelta a empezar. Y, con pena infinita, les digo que este país no está para soportar diez años más de lacitos y broncas. Las lineas rojas estan ahí, resaltadas con fosforito, la ley las marca.

Sería injusto hacer recaer toda la responsabilidad del tema sobre las espaldas de Pere Aragonès. Aquí cada cual tiene su rol. El presidente Sánchez haría bien, antes de sentarse en la mesa, en interiorizar el viejo refrán que nos advierte de los excesos y abusos en el que suelen caer los que piden demasiado. Dice así: ‘contra el vicio de pedir, está la virtud de no dar’. Pues eso: generosidad, ponderación y responsabilidad.